Camino a la destrucción

Foto: Anylú Hinojosa-Peña/ Grupo Expansión

El gasto en infraestructura cae año con año. El gobierno quiere reactivarlo con APPs, pero es necesario que contribuya con procesos claros y transparencia.

Por Cinthya Bibian

José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lamentó la estructura del gasto en educación en México. Si bien los recursos totales destinados como proporción del PIB, están dentro del promedio que se observa entre los países del organismo, la realidad es que sólo 2.5% del total se asigna para infraestructura del sector. El resto, reclama el líder del organismo, se desvanece en gastos operativos y sueldos para maestros.

Cuando se observa el comportamiento histórico del gasto en inversión física de la última década, no sorprende que el organismo multilateral haga esta demanda y llame a mejorar la distribución del presupuesto asignado a educación.

Hace una década, en 2007, la inversión en capital físico para este rubro sumaba 18,971 millones de pesos. Al cierre de 2016, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta inversión se limitó a 11,432 millones de pesos, el monto más bajo en pesos corrientes desde 1999.

Si, en cambio, el análisis se hace en términos reales, Hacienda revela que mientras la tasa de crecimiento anual del gasto en inversión para educación fue de 34.3% en 2006, al cierre de 2016 esta tasa registró una caída real de 32.3%.

Éste es el caso más ilustrativo de cómo se comporta el gasto en infraestructura en México, no obstante, es el mismo desempeño que se observa para los rubros de energía, comunicaciones y transportes, salud, abastecimiento y otros. Ello, a pesar de que, como es bien sabido, estos recursos son los grandes generadores de actividad económica.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2017, el gasto más productivo del país, el gasto de capital, sólo representará 2.8% del PIB, mientras que para 2018 podría caer a 2.3%.

En palabras de José Antonio Meade, secretario de Hacienda, el menor gasto en infraestructura será nivelado con Asociaciones Público-Privadas (APPs).

Sin embargo, el ritmo de crecimiento de estos acuerdos compartidos es lento. Actualmente hay más de 260 nuevos proyectos de infraestructura y que implican, tan sólo 40% de ellos, inversiones equivalentes a 826,537 millones de pesos en los que distintas empresas pueden participar, según revela un listado presentado por Bancomext.

“Es un sector muy relevante para la economía, principalmente en momentos en que hay incertidumbre sobre su comportamiento. Puede dar certeza y estabilidad”, asegura Manuel Medina, analista del banco BX+.

“Los constructores sabemos que la inversión en infraestructura es un detonante de la economía, que tiene impacto en la generación de empleos y en las industrias”, reconoce Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Durante la administración de Enrique Peña Nieto se ha impulsado una inversión de 7.7 billones de pesos a través del Programa Nacional de Infraestructura (PNI), mismo que contempla la ejecución de 743 programas y proyectos de inversión, y que incluye inversiones en carreteras, puertos y ferrocarriles.

El más reciente informe de gobierno precisa, sin embargo, que los kilómetros de carreteras construidos y modernizados fueron 883.2, es decir, la mitad de lo reportado el año previo.

En el estudio Tiempo de actuar: productividad, prioridades de inversión y políticas públicas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomendó a México centrar sus esfuerzos de inversión en los rubros de infraestructura y profundizar en los mercados de capital y salud, con lo cual tendría hasta 75% más de posibilidades de impulsar su desarrollo económico y social.

ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

A principios de marzo, el gobierno anunció una estrategia de impulso a los proyectos APP.

En su plan prevé promover y difundir las opciones de inversión, pero también garantizar que los procesos de licitación, adjudicación y contratación serán abiertos, competitivos, eficientes y bajo los principios esenciales de transparencia.

La primera etapa, según Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la SHCP, permitirá detonar inversiones por 22,000 millones de pesos, con los cuales se crearán más de 18,400 empleos directos. Además, se encuentran en revisión 18 proyectos en los sectores de salud, transporte, hidráulico, seguridad y educación, con una inversión estimada de 36,400 millones de pesos.

De acuerdo con Arballo, las empresas grandes ya han desarrollado proyectos APP, pero el reto es potencializarlo hacia el segmento de las pymes.

Hoy, la CMIC genera una cartera de proyectos APP, bajo la modalidad ‘No Solicitados’, para contribuir al fortalecimiento económico. Pero, dice Arballo, será clave la participación de las entidades ejecutoras para que se concreten.

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