Militares, ¿solución a la inseguridad?

Foto: Pixabay

La presencia de las fuerzas armadas para efectuar labores de seguridad pública trae consigo desventajas en la lucha contra el crimen.

POR JUAN CARLOS ROMERO

El alto costo por la inseguridad en México impacta el ámbito económico y en la esfera social local.
 El problema escala al punto en el que las organizaciones delictivas someten a los gobiernos municipales, incluso poniendo a su servicio a las fuerzas de seguridad, cuya participación en desapariciones forzadas se ha vuelto una práctica generalizada o sistemática.

En Guerrero y Veracruz está documentada la desaparición y entrega de jóvenes por parte de elementos municipales a los grupos que controlan la plaza.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 33.7% de las empresas y negocios fueron víctimas de algún delito durante 2017, con pérdidas de 56,000 millones de pesos.

FRENO AL DESARROLLO

En la suma de los costos por el crimen y la violencia, la magnitud del problema aumenta cuando las empresas cesan sus operaciones
 a causa de los índices de delincuencia. Tan sólo el 23 de marzo de 2018, Coca-Cola FEMSA cerró una planta en Ciudad Altamirano, Guerrero. Aquello parecía el último síntoma de la ausencia de Estado y la capitulación ante los grupos criminales, que en los últimos años han puesto de rodillas a Tierra Caliente.

Durante la madrugada, un grupo armado estrelló un vehículo contra el portón de la refresquera, con la intención de ingresar a las instalaciones e incendiarlas.

La ausencia de condiciones para continuar de manera segura y la impunidad en 
el estado hacían imposible que más de 160 trabajadores siguieran enfrentando amenazas y agresiones, así como los intentos de extorsión que les llevaron a suspender la distribución, desde enero. Esto significó pérdidas por cerca de 30 millones de pesos al mes.

La embotelladora intentó reactivar la venta de sus productos al menudeo, pero los trabajadores fueron escarmentados por sujetos que dispararon a las instalaciones. La empresa había sido advertida de que no podría trabajar sin pagar derecho de piso, cuando uno de sus camiones fue quemado.

El último capítulo no estaba escrito. A principios de junio, trabajadores de Pepsi comenzaron a recoger los refrigeradores en nueve municipios de Tierra Caliente, y el 11 de junio la compañía anunció el cierre de su centro de distribución.

Pepsi liquidó a sus empleados y bajó la cortina. Una noticia pésima, pues la frágil actividad económica en la zona se extinguía ante el acoso del crimen organizado. Lo mismo ocurrió a Grupo Lala en Ciudad Mante, al sur de Tamaulipas, a pesar de que la planta está ubicada a menos de un kilómetro de las instalaciones de la Policía Municipal.

Luego del incendio provocado a uno de sus vehículos, el productor de lácteos admitió, en un comunicado, que las condiciones de seguridad en la ciudad no eran las adecuadas y cerró temporalmente.

FUERZAS ARMADAS EN SEGURIDAD PÚBLICA

El despliegue de tropas militares, que se anunció como una medida temporal para garantizar la seguridad pública ante la incapacidad de las fuerzas policiales, se ha vuelto permanente en muchos sitios.

Las autoridades civiles no asumen su corresponsabilidad por la catástrofe que sufre México y el uso de militares para combatir al crimen parece eximirles de crear fuerzas policíacas para esas funciones.

Por ello, en el último año el Ejército y la Marina han asumido el control en Acapulco, Chilpancingo, Tlaquepaque, Zamora, San Martín Texmelucan y Cadareyta, ante sospechas de que la policía está infiltrada por grupos delictivos.

EL MODELO DE LA GUARDIA NACIONAL

POR REDACCIÓN

El nuevo gobierno de México propone esta fórmula para enfrentar la crisis de violencia y “pacificar” al país, aunque no necesariamente significa buenas noticias.

Especialistas en seguridad pública subrayan que el esquema planteado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para su gestión, se distancia de los empleados en naciones con guardias.

Una de las diferencias radica en que estas instancias suelen estar sujetas a los ministerios del Interior (equivalentes a la Secretaría de Gobernación mexicana), cuando la iniciativa de reforma constitucional promovida por López Obrador y su partido, Morena, propone una Guardia Nacional con mando militar, aunque no deja claro a quién rendiría cuentas.

Más aún, las guardias de otros países participan en tareas específicas como el cuidado de presidentes o reyes o para atender situaciones de emergencia, pero no en el desempeño de una labor central contra la inseguridad.

El riesgo está en que una instancia con mando y preparación militar, entrenada para acabar con un enemigo, no para mediar y tener contacto cotidiano con los ciudadanos —como sí deben estarlo las policías—, da pie a que ocurran violaciones a los derechos humanos durante revisiones en carretera o patrullajes.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), considera que esta parte del plan de seguridad de AMLO representa continuar con la militarización de la lucha anticrimen que el propio político de izquierda había criticado durante 18 años. (Con información de ADN Político).

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