Regularización en materia de prevención de lavado de dinero

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Por RICARDO LECHUGA REYES, Socio especialista en PLD y FT de la firma Garrido Licona y Asociados

Sin lugar a dudas, el tema del lavado de dinero ha sido una novedad en los últimos meses, sobre todo por los escándalos de corrupción detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera, en los que se han visto involucrados políticos y funcionarios de empresas tanto públicas como privadas, que utilizaron esquemas complejos para ocultar el origen de los recursos provenientes de la realización de actividades ilícitas, utilizando empresas que por sus giros son viables para convertir en lícitos los mencionados recursos.

Para entrar en materia, hay que tener presente que en el año del 2012 se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Asimismo, la LFPIORPI establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones, mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y metales preciosos.

De acuerdo con la citada ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras: desarrollo y venta de inmuebles, venta de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, arrendamiento de inmuebles, otorgamiento de préstamos, ventas de joyas y obras de arte, las empresas dedicadas a los juegos, concursos y sorteos, etcétera. Por esta razón, quienes realicen las mencionadas actividades deberán cumplir diversas obligaciones, entre ellas, darse de alta y registrarse ante las autoridades, presentar avisos y establecer un programa de cumplimiento en la materia; en caso contrario, el Servicio de Administración Tributaria multará a quienes infrinjan o incumplan con dichas obligaciones.

Sin embargo, a partir del 1 de octubre del 2013, fecha en que la mayoría de las personas se encontraba obligada a cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad en prevención de lavado de dinero (PLD), en vigor desde la fecha antes mencionada, no lo habían hecho. Por tal razón, el Ejecutivo federal, en el Paquete Económico 2019, presentó una iniciativa de ley con la finalidad de que la SHCP llevara a cabo un esquema de facilidades para el cumplimiento de las obligaciones a que están sujetas aquellas personas que realicen actividades vulnerables.

Derivado de la citada iniciativa, el 16 de abril del 2019, se publicaron las reglas para la implementación de un programa de auto regularización (PAR), a efecto de que las personas que no hubieran cumplido con sus obligaciones en materia de PLD, durante el periodo comprendido del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2018, lo hicieran durante un periodo de seis meses posteriores a su inscripción al mencionado programa.

Asimismo, se tiene conocimiento de que existe un predictamen de las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, el cual incluye un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LFPIORPI. Dichas iniciativas tienen por objeto fortalecer la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que entre otros cambios incorporan los siguientes:

  • Incorporación del concepto del financiamiento al terrorismo como objeto de la ley.
  • El enfoque basado en riesgo para quienes realizan actividades vulnerables.
  • Identificación de personas políticamente expuestas y beneficiario final.
  • Obligación de revisión por parte de un auditor independiente respecto del cumplimiento de la LFPIORPI.
  • Nuevas atribuciones y facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es importante destacar que antes de la posible entrada en vigor de la reforma propuesta a la LFPIORPI, las empresas que realicen las actividades vulnerables que no hayan cumplido con sus obligaciones en materia de PLD realicen las siguientes actividades, con el fin de evitar la imposición de multas y sanciones:

  • Alta y registro en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables.
  • Designación del responsable de cumplimiento y definir sus responsabilidades.
  • Establecer procedimientos para conocer al cliente, entre estos, consultar listas negras, asignar un nivel de riesgo, definir el perfil transaccional y completar los formatos de identificación del cliente.
  • Contar con políticas y procedimientos para el envío de avisos ante las autoridades correspondientes.
  • Definir el uso de un sistema automatizado para garantizar la integridad de los avisos y emisión de alertas.
  • Establecer y ejecutar un programa de capacitación anual en materia PLD, de acuerdo con la actividad vulnerable que desarrollen.
  • Diseñar una mecánica para la difusión de las políticas y procedimientos contenidas en el manual de cumplimiento y cambios en la normatividad PLD.
  • Definir el proceso de auditoría anual en la materia.
  • Elaboración de un manual de cumplimiento.

Cabe destacar que las multas y sanciones aplicables oscilan entre 17,376 pesos y 5 millones 647,200 pesos, o bien, 10% del valor del acto u operación de que se trate, la que resulte mayor, y dependiendo de la omisión efectuada a la normatividad en materia de PLD.

Finalmente, y derivado al entorno global normativo que nos ha alcanzado, situación que, en caso de no atenderse, puede poner en riesgo la operatividad del negocio, es indispensable que las sociedades establezcan procesos preventivos y mitigantes de los riesgos, que entre otros están: tener una asesoría especializada en las diversas materias, diseñar y ejecutar programas de capacitación, reforzar el control interno, fortalecer las estructuras internas y la estructurar un esquema adecuado de gobierno corporativo, incluyendo la institucionalización de los consejos de administración.

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