Sólo bastaron 3 minutos…Y el Estado de Derecho quedó en entredicho

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ANÁLISIS DE COYUNTURA

Por Adriana Reyes Urrutia* | *Editora del Newsletter IMEF (adria.urrutiamail.com)

Todo comenzó, o al menos así se dio a conocer, el 15 de abril cuando un Senador del Partido Verde planteó, de último momento y sin previo aviso, artículos transitorios para extender el mandato de cuatro años del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y de cinco de los seis consejeros de la Judicatura Federal más allá de sus fechas originales de término; la intención es hacer coincidir a Zaldívar con el término de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es decir, hasta 2024. Para presentar la propuesta sólo bastaron tres minutos.

La economía mexicana se enfrenta a muchos problemas, los que le son propios porque su naturaleza está al interior del país y los que tienen que ver con factores exógenos, que requieren de acciones y estrategias que se sustenten, entre otras acciones, en un Estado de Derecho para dar certidumbre a las inversiones que, en general, traen consigo empleo y crecimiento.

Estos artículos transitorios han generado una gran polémica al interior del país y fuera de México por todas las implicaciones que de éstos derivan, como el hecho de violar los artículos 97 y 100 constitucionales, así como poner en entredicho el Estado de Derecho.

¿Una crónica anunciada?

En el Artículo 97 el párrafo quinto señala que el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia durará cuatro años, y que el Pleno (el total de ministras y ministros en conjunto) elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”. El artículo 100, párrafo quinto, señala que “Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período”.

Hasta el domingo 18 de abril, Arturo Zaldívar —propuesto por el entonces presidente Felipe Calderón— no había mostrado su posición al respecto, ya que para consumar el cambio faltaba la votación en la Cámara de Diputados; mientras que para el 23 de abril ya había hecho un pronunciamiento:

“Tal como lo aclaró el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el mismo día de la discusión y aprobación del transitorio por parte del Senado, en este órgano colegiado no participamos en su elaboración. Su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo.

“Por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, no emití pronunciamiento personal al respecto. Ahora que la aprobación de las leyes reglamentarias ha terminado, estaré atento, primero, a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara presentar ante la SCJN, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver, cualquier cuestión de constitucionalidad.

“Ejerceré el cargo de presidente de la SCJN y del PJF por el periodo para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria.

“Es a través de las sentencias como las personas juzgadoras debemos y esperamos ser evaluadas, Asimismo seguiré defendiendo la independencia y autonomía del PJF y de todas las juzgadoras y juzgadores federales tanto de críticas del Poder formal como de los poderes fácticos”, expresó Zaldívar.

Sin embargo, el ministro Zaldívar señaló que se va a excusar cuando se vote la inconstitucionalidad de la propuesta en el órgano que preside, el cual está compuesto por 11 ministros y para la inconstitucionalidad se requieren 8 votos.

Mucho de fondo

La economía mexicana se enfrenta a muchos problemas, los que le son propios porque su naturaleza está al interior del país y los que tienen que ver con factores exógenos, que requieren de acciones y estrategias que se sustenten, entre otras acciones, en un Estado de Derecho para dar certidumbre a las inversiones que, en general, traen consigo empleo y crecimiento.

Por lo tanto, un Estado de Derecho es fundamental para el país, y lo que está sucediendo con la extensión del mandato de Arturo Zaldívar es una gran apuesta en contra de lo que México ha caminado en más de tres décadas.

En el marco de la Convención Nacional Bancaria (marzo 2021), Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), señaló que certidumbre, Estado de Derecho y claridad en la aplicación de las leyes son los tres factores clave para que la inversión se recupere y con ello se detone más rápido el crecimiento de la economía; consideró que para reactivar la inversión se requiere crear incentivos para que los inversionistas nacionales y extranjeros participen y, sobre todo, robustecer el Estado de Derecho.

¿Pero qué pasa ahora cuando el Estado de Derecho que es clave para que se cumplan las leyes vigentes es vulnerado, incluso por las autoridades que existen en dicho Estado? En el IMEF nos hemos hecho esta pregunta adaptándola a los diferentes tiempos y circunstancias por las que ha transitado el país.

En diversas Ponencias en el marco de las Convenciones anuales del IMEF 

se han tocado reiteradamente los aspectos económicos implícitos en el estado de derecho para generar inversión en México, ya que una de las condiciones esenciales para que un país se desarrolle de manera sostenida es que los derechos privados de propiedad sobre los recursos estén eficientemente definidos y garantizados en el marco institucional, el cual está conformado por las reglas formales e informales, así como por las diferentes organizaciones a través de las cuales interactúan los diferentes agentes económicos que componen la sociedad.

No debemos perdernos entre la información con tendencia y dejar de lado la visión que como país debemos tener, de ahí la gran preocupación de antaño en un tema de actualidad: ¿Cómo podemos evitar el desafío al Estado de Derecho cuando el país muestra en estos momentos un crecimiento precario con tendencias a la baja y las inversiones que generan empleo y seguridad social se reducen?

 

 

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