Lo anterior es relevante dado que han sido políticas públicas que resulta conveniente apoyar y con las que es fácil estar de acuerdo. Sin embargo, todo beneficio conlleva un costo y aquí es donde resulta importante hacer una revisión.
En México, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) representan cerca del 90% de los establecimientos y unidades de negocio en el país y contratan casi a dos terceras partes (66%) de la fuerza de trabajo formal; son el motor de la economía mexicana y sus impulsores no son lo que el común de la gente y funcionarios públicos señalan como los empresarios o, incluso, como los grandes empresarios.
Al contrario, los emprendedores que dirigen estos negocios y mantienen la planta laboral de buena parte de la economía formal del país son aquellos que viven con la preocupación constante de pagar la nómina de cada quincena y mes con mes ven como consiguen el dinero suficiente para hacer frente al pago de impuestos y a las cargas sociales como el IMSS, Infonavit, impuesto sobre nóminas y demás aspectos impositivos señalados en ley.
EFECTO CONTRARIO
El costo sobre los beneficios a los trabajadores ha recaído, en un importante porcentaje, en la parte patronal, es decir el costo lo absorbe en buena medida el emprendedor; por lo tanto, este incremento de costos laborales provoca una presión considerable sobre la rentabilidad de la empresa y sus márgenes de utilidad, lo cual puede llevar a la reducción de personal, la disminución de inversiones o, en el peor de los casos, al cierre de operaciones.
Si bien, muchos de estos pequeños empresarios están cumpliendo un sueño aspiracional de ser independientes en su manera de enfrentar económica y financieramente su esquema de vida, la verdad es que ven cada vez más difícil alcanzar dicho sueño. Por lo anterior, estos emprendedores son los que corren el riesgo y asumen el costo del beneficio con el que merecidamente se impulsa a los trabajadores de las empresas.
Por ello, sin comprometer los derechos dignos y justos de los trabajadores, es necesario encontrar un equilibrio a través de un análisis profundo de las políticas públicas, que tomen en cuenta las limitaciones de las pequeñas empresas para aliviar la carga financiera vigente que afecta principalmente a las Mipymes.
Además de los costos a los que las pequeñas y medianas empresas se enfrentan operativamente cada mes, ahora también deberán cubrir los nuevos costos que corresponden a diversas iniciativas constitucionales o de ley, por ejemplo al sustancial aumento que ha tenido el salario mínimo y los salarios cercanos a dicho ingreso mínimo.
Además, al aumento en los días de vacaciones y de la prima vacacional correspondiente, a los costos y gastos que generaría la aplicación de la semana de 40 horas, al aumento del aguinaldo, al incremento anual en las cuotas de cesantía y vejez que se pagan al IMSS y que seguirán creciendo hasta 2030.
A lo anterior se suman los beneficios de los días de paternidad que tendrán los padres al tener un hijo, así como los gastos adicionales que genera ofrecer sillas adecuadas para el trabajador que labora desde su hogar; las sillas y mobiliarios de descanso que se aprueban con la “Ley Silla” para los trabajadores durante sus descansos periódicos en la oficina.
También cuentan los costos relacionados con el cumplimiento por la inclusión por género y la de adultos mayores y personas con capacidades diferentes; los costos relacionados con los máximos de horas extras que generan ajustes adicionales en operaciones y jornadas y, sin duda, los evidentes aumentos en la integración del salario base de cotización sobre los que se pagan las cuotas al Seguro Social y muchos otros conceptos y temas más.
Pero no solamente esos gastos directos tienen repercusión en las presiones quincenales y mensuales de los pequeños y medianos empresarios, además se tienen los costos por pasivos laborales que se pagarían en años futuros.
Si queremos tener un país sostenible debemos considerar políticas públicas con apoyos para las Mipymes para fomentar su crecimiento e impulsar el nacimiento de nuevos emprendedores que puedan seguir aportando a mantener el empleo formal en México.
Se debe fomentar y procurar el crecimiento del empleo, de las empresas y de la actividad económica del país, pero sin generar un círculo vicioso que afecte a las empresas y a los trabajadores en un futuro no tan lejano.
Por ejemplo, están documentados con estudios actuariales los incrementos de cerca del 40% en promedio que el salario mínimo ha generado en las obligaciones de pago de la prima de antigüedad, así como el incremento del 33% en las cuotas patronales entre 2016 y 2023 y el aumento promedio en el pago de los impuestos sobre nóminas de 21% en el mismo periodo.
Ante esto es necesario insistir que estas empresas, que son la gran mayoría en nuestro país, no son los grandes consorcios corporativos, sino entidades dirigidas por emprendedores o empresarios pequeños y medianos y que su costo de operación mensual se ha elevado considerablemente.
Invito a reflexionar a que, si queremos tener un país sostenible y sustentable en el mediano plazo, debemos considerar políticas públicas que apoyen a las Mipymes y a los emprendedores, y que si queremos que estas micro, pequeñas y medianas empresas sean viables en años futuros, se debe proteger a las ya existentes y, aún más, se deben implementar apoyos para fomentar su crecimiento e impulsar el nacimiento de nuevos emprendedores que puedan seguir aportando a mantener el empleo formal en México.
PROPUESTAS PARA SALIR DEL DILEMA
Propuestas puede haber muchas, por ahora se señalan rubros como la flexibilización laboral, la simplificación administrativa, la devolución rápida y fácil de impuestos por parte del SAT, los programas de capacitación para empresarios y los incentivos fiscales como ejemplos prácticos, fáciles y muy funcionales para este sector.
Para las empresas, resulta cada vez más caro contratar a colaboradores bajo el esquema formal. Por ello, la invitación es a generar políticas públicas con visión de largo plazo que permitan la viabilidad de las Mipymes y de los emprendedores para que no se desanimen.
Se trata de fomentar y procurar el crecimiento del empleo, de las empresas y de actividad económica del país. De lo contrario, el costo oculto de los beneficios laborales generará un círculo vicioso que afectará a las empresas y a los trabajadores en un futuro no tan lejano.
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