En todos los años que lleva este gobierno el sector público ha incurrido en déficits financieros (la medida más amplia de agregado fiscal) y, por lo mismo, el saldo de los requerimientos financieros del sector público (la medida más amplia de deuda pública) se ha incrementado año tras año. Así, por ejemplo, durante 2022 el déficit financiero del sector público ascendió a un billón 261,000 millones de pesos y el saldo de los requerimientos financieros llegó a 14 billones de pesos (49% del PIB), siendo que en 2018 fue de 10.6 billones de pesos (45% del PIB). Durante el primer semestre de este año estos requerimientos ascendieron a 496,000 millones de pesos, en el mismo periodo de 2022 estos fueron de 337,000 millones.
Aunque el saldo de los requerimientos financieros del sector público como porcentaje del PIB sea relativamente bajo (49%) y el financiamiento del flujo anual no presente dificultades (como lo muestra que la deuda soberana mantiene el grado de inversión por parte de las agencias calificadoras), el problema es que este gobierno ha estado fabricando una bomba fiscal que le puede estallar al próximo gobierno.
No solo es que el presidente López ha incurrido en un austericidio fiscal al quitarle recursos a muchos rubros y áreas del sector público hasta volverlas prácticamente inoperantes para poder financiar sus caprichosas obras y programas sociales, sino que es por esto mismo y otras decisiones de políticas pública, que el próximo gobierno, no importa quien gane las elecciones, enfrentará presiones fiscales crecientes.
De entrada no queda duda que si al siguiente presidente realmente le interesa que el país se desarrolle y que el bienestar de la población aumente, tendrá que incrementar significativamente los recursos destinados a la educación y a la salud, sobre todo considerando que estos dos sectores, principalmente el de salud pública, fueron notoriamente castigados por López. El próximo presidente debe tener claro que para que el país se desarrolle será necesario invertir en el capital humano de la población.
Otra fuente de presiones fiscales provendrá del gasto a ejercerse en pensiones, particularmente el programa de “adultos mayores”. Al insertarse este programa en el artículo 4 de la Constitución como un derecho, se estableció que para recibirlo el requisito era tener 68 años de edad. Ademas de que fue un error poner en la Constitución la edad para recibir la transferencia (debería haberse establecido en una ley secundaria), fue una irresponsabilidad de López reducirla en 2021 a 65 años con tal de ganar votos.
Es un hecho que la población mexicana está envejeciendo de forma tal que los adultos mayores representarán un porcentaje creciente de la total y a lo qué hay que agregar que la esperanza de vida también ha aumentado. Por lo mismo, el monto de recursos para financiar las pensiones de este programa crecerá significativamente en los próximos años. A estas transferencias hay que añadir las pensiones de otros programas como las del régimen 1973 del IMSS y las pensiones de trabajadores de instituciones públicas como Pemex, CFE, IMSS, universidades, etcétera.
El Economista. Ver más… 
