Riesgos estratégicos de la política energética

Sin duda alguna el sector energético es estratégico y es un elemento fundamental para impulsar el desarrollo del país. El acceso a fuentes energéticas suficientes, de calidad y a precio accesible es necesario para el bienestar de las personas y para el crecimiento de nuestra economía. Las empresas requieren de un soporte energético que sea competitivo con sus contrapartes internacionales y su disponibilidad es también un elemento relevante para el atractivo de México como destino de la inversión extranjera.

No obstante, el mayor control gubernamental del sector no garantiza lo anterior y sí está generando riesgos estratégicos muy relevantes para el futuro de México, en cuatro temas principales:

1. De disponibilidad de recursos. El desarrollo del sector requiere de volúmenes muy cuantiosos de inversión. La presión presupuestaria que se ejercería sobre Pemex y CFE para que desarrollen la oferta energética que el país requiere, se daría en circunstancias financieras ya complejas por las que atraviesan ambas empresas y en un entorno de finanzas públicas con un margen de maniobra reducido, principalmente por el entorno de bajo crecimiento económico y los compromisos de gasto con programas sociales y proyectos específicos de infraestructura. Estamos corriendo el riesgo de tener en los próximos años un sector energético anticuado e insuficiente.

2. De impacto en la salud. Los objetivos de Pemex y la CFE, de acuerdo con sus planes de negocio van en la dirección opuesta a la creciente demanda global por políticas públicas que protejan al medio ambiente y de los compromisos de México en la materia. La apuesta por aumentar la capacidad de refinación con la construcción de la refinería de Dos Bocas o la cartera de proyectos de la CFE, que no prioriza planes de expansión de la capacidad renovable son dos muestras de esto. El riesgo de impactar negativamente a la salud de los mexicanos es evidente.

3. De oportunidades perdidas en la economía global. Las disrupciones que se dieron en las cadenas internacionales de suministro con la crisis del Covid, el alejamiento comercial de China y Estados Unidos, las crecientes preocupaciones ambientales y la reciente guerra de Rusia en Ucrania, es una coyuntura que representa una oportunidad histórica para el reposicionamiento de México en la economía y la geopolítica globales. El crecimiento del llamado nearshoring, que básicamente es la transferencia de procesos de fabricación hacia localizaciones cercanas a sus mercados de destino, ofrece la posibilidad de atraer a industrias que buscan llegar al mercado de Estados Unidos.

Las discusiones con el gobierno estadounidense deberían estar enfocadas en promover una estrategia de mayor integración productiva regional. Según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, las oportunidades de nearshoring podrían representar un aumento de más de US$35,000 millones en nuestras exportaciones, sin incluir el impacto favorable sobre otras variables de desarrollo económico y social. Corremos el riesgo de perder esta oportunidad histórica por el alejamiento político con Estados Unidos.

4. De afectar al T-MEC. Un mayor enfriamiento de las relaciones entre ambos gobiernos y la politización de las decisiones podría impactar la participación de México en otros sectores amparados por el T-MEC y en un extremo cuestionar la permanencia de nuestro país en el tratado, lo que sería una decisión desastrosa. El riesgo de aniquilar a una de las principales palancas de nuestro desarrollo existe. El concepto de soberanía en esencia implica que el poder resida en el pueblo. El buscar que parte de la inversión en el sector de energía la realice el sector privado no cuestiona lo anterior. Es un tema financiero. La apuesta por fortalecer a las empresas productivas del Estado solo sería exitosa si logra responder a estas necesidades sin comprometer las finanzas públicas, lo cual no se ve factible. Y el excluir al sector privado del desarrollo energético de México no garantiza tarifas mejores para las familias y las empresas, afecta negativamente en materia de salud e impacta directamente en el atractivo de México como destino de inversión. La soberanía del Estado sobre los recursos energéticos no significa que deba ser el mismo Estado el que invierta y desarrolle la Infraestructura energética que el país requiere.

El objetivo de la política pública no debería ser controlar por controlar, sino crear las condiciones para impulsar el desarrollo de México.