Durante su campaña, la presidenta electa propuso continuar con el fortalecimiento de las EPE, así como de la red de transmisión y mantener los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales. El costo estimado para las finanzas públicas derivado de dichos apoyos podría ascender al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) anualmente.
En ese sentido, la nueva Administración federal no solo enfrenta el reto de garantizar el acceso a la energía, sino también de asegurar que sea limpia y asequible, de conformidad con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Sin embargo, también es crucial que la política sea fiscalmente sostenible.
¿CONTINUIDAD O REVISIÓN?
La continuidad de la política energética, junto con la implementación de las nuevas propuestas, representa un desafío para las finanzas públicas del país. Específicamente,
el fortalecimiento de Pemex ha implicado un costo que le ha permitido cubrir sus vencimientos de deuda. Sin embargo, esta estrategia no se ha acompañado de una reestructuración operativa y financiera que la fortalezca.
De continuar así, podría presionar el estado de las finanzas públicas.
La próxima administración enfrentará vencimientos de Pemex que representan el 38.5% de su deuda total. Ante esto, y bajo el supuesto de que se mantenga su apoyo con aportaciones patrimoniales y una reducción en la tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), esto podría implicar un costo de 1 billón 371 mil mdp: 921 mil 736 millones por aportaciones patrimoniales y 449 mil 960 mdp por cobrar una tasa del DUC del 40%, en comparación con la tasa del 58% establecida en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH).
Para que la CFE mantenga su participación en la generación de energía eléctrica del 54%, se fortalecerá con inversiones en nuevos proyectos por 245 mil 680 mdp, que sumarán 13 mil 660 Megawatts (MW). Las inversiones implicarían la modernización y equipamiento de centrales hidroeléctricas, así como la construcción de Puerto Peñasco II y III, dos centrales de ciclo combinado y una de combustión interna, de acuerdo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum en el
Encuentro con empresarias y empresarios.
En cuanto al fortalecimiento del servicio de transmisión y distribución que presta la CFE, se prevén inversiones por 55 mil 412 mdp y 5 mil 259 mdp, respectivamente. Las inversiones relacionadas con transmisión contemplan 44 proyectos que abarcarán una longitud de 3,850 km de circuitos, lo cual representaría un crecimiento del 3.5 % respecto a la red actual. Por su parte, las de distribución implicarán 41 proyectos.
La política energética está vinculada con la política fiscal del país. La razón de esto es que Pemex y la CFE, como EPE, participan tanto en los ingresos públicos de la Federación como en el gasto.
La política energética de la actual administración ha generado costos fiscales estimados en 1.8 billones de pesos, por la reducción del DUC y por las aportaciones patrimoniales a Pemex. Se prevé que el gobierno entrante dé continuidad a esta política energética.
Los subsidios a las tarifas eléctricas tienen como objetivo apoyar al usuario final. Si se mantiene este apoyo como se ha observado en los últimos años, este rubro representaría un gasto por parte del gobierno federal de 517 mil mdp.
Ante ello, el costo de la continuación de estas tres políticas en el sexenio sumaría un monto total de 2 billones 195 mil mdp. Es decir, cada año se tendría que destinar 1.0% del PIB. A esto se deben añadir los gastos ineludibles del sector, como los operativos, de mantenimiento de infraestructura, financieros y de pensiones.
EL DESAFÍO: UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA CON SOSTENIBILIDAD FISCAL
La actual política energética ha implicado un costo de oportunidad para el país y las finanzas públicas. En 2023, al igual que en los cuatro años anteriores, se priorizó el gasto en el sector energético, lo que implicó desplazar el gasto social. Tan solo en ese año, la SENER presentó un sobreejercicio del 263%, mientras que Salud registró un subejercicio del 49.7%, de acuerdo con el documento
Ciclo político y finanzas públicas: El próximo ajuste fiscal
Además,
dicha política frenó el avance hacia la transición energética. En 2021, el 27.4% de la electricidad generada fue a partir de fuentes limpias, mientras que, en 2023, se redujo al 21.9%. Esto nos aleja aún más del objetivo del 35% que se tenía previsto que el país alcanzaría para este año.
La política energética de la próxima administración enfrentará el desafío de retomar el camino hacia una transición energética con sostenibilidad fiscal. El inicio de este proceso será complejo, ya que para 2025 se anticipa un ajuste fiscal del 3% del PIB, a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), justificado, principalmente, por una disminución en
la inversión en infraestructura. No obstante,
alcanzar los objetivos propuestos por la nueva administración requerirá de mayores recursos públicos.
Ante ello,
la propuesta de flexibilizar la participación de la inversión privada podría aliviar la presión de las finanzas públicas, ya que actualmente se encuentran detenidos
proyectos privados que podrían generar cerca de 5 mil MW de energía limpia.
Seguir priorizando el gasto en energía frente al gasto en materia social pondrá en riesgo el desarrollo económico y social de generaciones futuras.
*Investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP)
cesarrivera@ciep.mx
Este artículo es un resumen de trabajo publicado en la página del
CIEP
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