Leyes, normas y reglamentos contra el lavado de dinero: evolución y contexto

La aplicación de las leyes, normas y reglamentos contra el lavado de dinero se ha transformado significativamente en los últimos veinte años. Durante este tiempo, el sistema financiero mundial se ha vuelto cada vez más interconectado, intensificando la necesidad de medidas más inteligentes y sólidas para combatir este delito y otros de naturaleza financiera.

Además, a medida que los criminales desarrollaban métodos más sofisticados, enormes cantidades de fondos ilícitos comenzaron a fluir a través de las instituciones financieras. En respuesta, los organismos reguladores implementaron cambios radicales, texto transformando la forma en que opera la aplicación de la legislación contra el lavado de dinero o, al menos, dando la impresión de que era más estricta.

Inicialmente, los esfuerzos de prevención de lavado de dinero (PLD) partían, en gran medida, de un enfoque basado en normas que priorizaba el cumplimiento estricto de la normativa sobre el abordaje del propósito subyacente de la ley. En muchos países, este enfoque donde cumplir con requisitos formales importa más que la vigilancia real, sigue predominando.

Sin embargo, el auge de las monedas digitales y la creciente complejidad de las operaciones financieras revelaron una gran falla: las reglas rígidas por sí solas no podían detener esquemas avanzados, por lo tanto, los reguladores se dieron cuenta de que las instituciones financieras también debían asumir un rol más activo en la supervisión y reporte de actividades sospechosas en tiempo real.

Uno de los cambios más definitorios de este periodo ha sido el fuerte incremento en las sanciones financieras impuestas a las instituciones que incumplen las leyes de PLD. Los bancos se han enfrentado a multas multimillonarias, además del escarnio público a través de las campañas de vergonzosos señalamientos por parte de los reguladores, lo que los ha obligado a mejorar sus programas de cumplimiento, adoptando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático para detectar y prevenir transacciones sospechosas.

Otro cambio importante ha sido el aumento de la cooperación internacional. Organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han desempeñado un papel fundamental al incentivar a los países a alinear sus políticas de PLD y a colaborar contra la delincuencia financiera global, lo que ha conducido al desarrollo de estándares unificados, dificultando el aprovechamiento de vacíos legales entre jurisdicciones por parte de actores malintencionados.

Al analizar la historia de la aplicación de la legislación contra el lavado de dinero, destacan varias tendencias. Las sanciones han cambiado el enfoque de un cumplimiento reactivo a la anticipación de los riesgos; sin embargo, incluso con estos esfuerzos persisten importantes desafíos.

Al momento de redactar este texto (2024) está claro que se avecina una oleada aún mayor de aplicación de normativas relativas a la PLD que podría incluir acciones penales contra grandes instituciones financieras, una medida sin precedentes en el mundo regulatorio.

Los escépticos podrían considerar que se trata de una predicción exagerada, aunque los acontecimientos actuales sugieren lo contrario. Muchas instituciones financieras todavía subestiman la magnitud de la siguiente ola de cumplimiento normativo. Los próximos meses confirmarán si están preparadas para lo que viene.

ESTRATEGIAS PARA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SE MANTENGAN A LA VANGUARDIA
Ante los desafíos crecientes, las instituciones financieras requieren estrategias decisivas que las mantengan alineadas con las tendencias en materia de cumplimiento de la PLD. Un paso fundamental es integrar su cumplimiento a los valores fundamentales de la organización. Esto requiere priorizar la lucha contra el lavado de dinero en todos los niveles, desde los líderes hasta el personal de primera línea; no puede permanecer aislada en un departamento, sino integrarse a la estrategia empresarial global. Alinear los incentivos entre departamentos garantiza que todos valoren el cumplimiento y trabajen con un enfoque de objetivos compartidos.

Los líderes en los niveles más altos son responsables de establecer los estándares para el cumplimiento. Los altos ejecutivos deben asumir la responsabilidad, defender las prácticas éticas y comunicar periódicamente la importancia de las iniciativas de lucha contra el lavado de dinero. Ofrecer una capacitación completa y recursos accesibles refuerza este compromiso.

Las instituciones también deben establecer procesos claros para identificar y notificar actividades sospechosas, al tiempo que animan a los empleados a expresar sus preocupaciones sobre irregularidades. Al crear un entorno en el que se valore el cumplimiento, las organizaciones pueden reducir el riesgo de violaciones y fomentar la confianza tanto de los reguladores como de los clientes.

Otro enfoque clave es la evaluación proactiva del riesgo. Las estrategias reactivas, que solo abordan los riesgos después de que surgen, ya no son eficaces. Las entidades deben identificar y abordar los riesgos en una fase temprana.

Las evaluaciones periódicas deben tomar en cuenta cambios como nuevos productos, expansiones del mercado o cambios en el comportamiento de los clientes. Reconocer los riesgos en una fase temprana permite a las entidades actuar con rapidez, reduciendo la posibilidad de violaciones por incumplimiento a la normativa.

La tecnología moderna es esencial para mantenerse al día en el cumplimiento regulatorio para combatir el lavado de dinero. Muchas entidades siguen utilizando sistemas anticuados que limitan el acceso a los datos y dificultan el análisis. La actualización a plataformas modernas, incluidas herramientas basadas en la nube, IA y blockchain, permite el monitoreo en tiempo real y una mayor transparencia. Estas actualizaciones ayudan a los equipos de cumplimiento a trabajar de forma más eficaz, al tiempo que garantizan que las entidades sigan siendo competitivas.

La evaluación comparativa (benchmarking) independiente es otra estrategia valiosa. Las evaluaciones periódicas ayudan a las instituciones a comparar sus resultados con las normas del sector, detectar carencias y centrarse en las áreas que necesitan mejoras. La evaluación comparativa también garantiza el cumplimiento de la regulación en evolución y demuestra el compromiso con los reguladores. Este enfoque proactivo minimiza las sanciones y fomenta la credibilidad.

Las entidades también deben adaptarse a los cambios en la normatividad y en las prioridades. Mientras que los bancos tradicionales han estado sometidos a un fuerte escrutinio durante mucho tiempo, los nuevos actores —como las empresas fintech y las entidades no financieras— se enfrentan ahora a una mayor inspección. A medida que estos sectores crecen, las instituciones financieras deben mantenerse informadas sobre las regulaciones aplicables y actualizar sus políticas según sea necesario. La colaboración con los reguladores puede ayudar a las organizaciones a prepararse para los cambios venideros y mantener el cumplimiento.

El cumplimiento de la PLD debe evolucionar de un ejercicio de «marcar casillas» a una función central de gestión de riesgos. Algunas entidades siguen tratando el cumplimiento como una simple observancia de los requisitos mínimos, lo cual es insostenible. Las entidades financieras deben integrarlo a sus estrategias de riesgo más amplias. Un enfoque holístico permite identificar y mitigar mejor los riesgos, reducir las sanciones reglamentarias y mejorar la reputación.

Los retos de cumplimiento difieren según las regiones, pero la aplicación de la normativa se está intensificando en todo el mundo. Los reguladores europeos, por ejemplo, están adoptando una supervisión más estricta, similar a las prácticas estadounidenses. A medida que aumenta el escrutinio normativo, las instituciones deben asignar importantes recursos a los esfuerzos de cumplimiento, tanto para las operaciones diarias como para los planes de contingencia.

El cumplimiento de diversas normas de conformidad ha modificado la competencia entre las instituciones financieras. Aquellas que se destacan en el cumplimiento de la normativa para combatir el lavado de dinero obtienen una clara ventaja, mientras que las que se basan en prácticas anticuadas se exponen a un mayor escrutinio y a una afectación a su reputación. Las instituciones que no estén preparadas para una supervisión más estricta pueden enfrentarse a la pérdida de alianzas y a un aumento de penalizaciones reglamentarias.

Para evitar estos escollos, las instituciones deben centrarse en diversas prioridades clave:

• Crear una cultura unificada. El cumplimiento de la normatividad para luchar contra el lavado de dinero debe considerarse una función empresarial integral, no un obstáculo. Los incentivos deben alinearse en todos los equipos.

• Realizar evaluaciones dinámicas de los riesgos. Esto para hacer frente en tiempo real a los riesgos cambiantes, en lugar de reaccionar hasta después de que surgen los problemas.

• Revisar la exposición regulatoria ante acontecimientos significativos (como la pandemia mundial). Examinar los cambios en el comportamiento de los clientes en los últimos años también ayuda a identificar posibles lagunas en el cumplimiento.

• Realizar evaluaciones comparativas independientes. Se debe estimar no solo la adherencia a las políticas, sino también la eficiencia de los procesos. De este modo se identifican las fortalezas y debilidades que ayudan a perfeccionar las estrategias de cumplimiento.

• Actualizar los sistemas heredados a plataformas modernas. Los datos deben ser fácilmente accesibles para una evaluación eficaz de los riesgos y el uso de tecnologías avanzadas como la IA.

• Monitorear los cambios regulatorios y garantizar el cumplimiento equitativo de los requisitos. Incluidas las instituciones tradicionales, las empresas fintech y los sectores emergentes, como en el caso de las criptomonedas.

• Estar preparados para el cambio de responsabilidades. Esto a medida que las fintech ganan participación en el mercado, lo que afecta a las instituciones tradicionales que les prestan servicios.

• Cambiar la mentalidad del cumplimiento mínimo a la gestión activa del riesgo. Las organizaciones deben actuar con rapidez para evitar multas y daños a su reputación.

• Con la evolución de las prioridades normativas, las instituciones deben adaptarse o arriesgarse a quedar atrás. Las estrategias de cumplimiento con visión de futuro les ayudarán a sortear las complejidades, reducir los riesgos y mantener la confianza de los clientes y las partes interesadas.