De entrada, es un mito que durante el gobierno de López se haya instrumentado una política fiscal conservadora o prudente. Por el contrario, la política que se siguió deterioró significativamente la posición financiera neta del sector público y, peor aún, desde un punto de vista económico fue notoriamente ineficiente, un derroche de recursos. No sólo se incurrió en un mayor endeudamiento, sino que también se arrasó con los diferentes fondos y fideicomisos públicos, en particular el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, cuyo saldo pasó de 279,000 millones de pesos en 2018 a únicamente 9,000 millones en 2020.
El saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que cerró en 2018 en 10.6 billones de pesos, se fue incrementando paulatinamente a lo largo del gobierno de López. Así, 2019 cerró en 10.8 billones, 2020 en 12 billones, 2021 en 13.1 billones, 2022 en 14.1 billones, 2023 en 14.9 billones y 2024 en 17.4 billones de pesos, un incremento de casi siete billones en los seis años de su sexenio, de los cuales 2.5 billones se incurrieron sólo en 2024. Dos y medio billones de pesos no son “poquitos”, como afirmó la presidenta. Como porcentaje del PIB, mientras que en 2018 este ascendió a 44.9%, para 2024 se incrementó a 51.3%. Seis y medio puntos porcentuales del PIB de nueva deuda tampoco son poca cosa.
Que el saldo de deuda total haya llegado a representar el 51.3% del PIB pone a las finanzas públicas en una condición de semáforo amarillo tendiendo a rojo por sus implicaciones sobre la calificación de la deuda mexicana, más aún por la insistencia del gobierno de seguir inyectando miles de millones de pesos a la quebrada e inviable Pemex, así como comprometer recursos crecientes a diferentes programas “sociales”, particularmente las pensiones para adultos mayores, pero también otros que, en un tsunami populista, se inscribieron como “derechos” en la Constitución. Perder el grado de inversión por parte de las diferentes calificadoras de valores aumentaría significativamente el costo financiero de la deuda, el cual ya absorbe el 12% del gasto total del sector público, además de que pagar mayores tasas de interés implicaría destinar todavía menos recursos a educación, salud y seguridad pública.
El segundo aspecto es el destino de esos recursos. Todos los proyectos de inversión pública emprendidos por López (quizás con excepción del Ferrocarril del Istmo) tienen, socialmente evaluados, un valor presente neto negativo. Todos los proyectos fueron construidos sin una evaluación integral de la rentabilidad social, de sus ingresos y de sus costos. De esto último destacan los sobrecostos de tres de los proyectos: el costo de la refinería en Dos Bocas pasó de 211,000 millones de pesos a 400,000 millones de pesos; el del Tren Maya pasó de 197,000 millones de pesos a 544,000 millones de pesos (y los dos aún no se han terminado de construir), mientras que, en el caso del AIFA, cuyo costo se estimó en 92,000 millones de pesos, terminó costando 139,000 millones de pesos. A esto hay que agregar que, por ser deficitarios, serán una fuente permanente de nueva deuda pública.
Haber destinado un poco más de un billón de pesos a estas tres obras con rentabilidad social negativa implica que la sociedad en su conjunto experimentó una pérdida de bienestar y, peor aún, al haber destruido parte de la riqueza nacional, se traducirá, por sólo este hecho, en menores tasas futuras de crecimiento económico. Tres obras, tres caprichos que hicieron más pobre a México.
Y hay un “pequeño” detalle adicional que vale la pena mencionar. Las obras públicas referidas costaron un billón de pesos y se construyeron a lo largo de cuatro años, por lo que la aseveración de la presidenta de que dos y medio billones de pesos de endeudamiento en 2024 fue para “terminar” las obras es parcialmente falsa, y no solo porque las obras no se han terminado, sino también porque una cantidad significativa de recursos se canalizaron a la zombie Pemex y muchos otros a la compra de los votos para la elección de 2024 mediante las transferencias a través de los diversos programas, varios de los cuales también tienen una rentabilidad social negativa, destacando Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.
Para este año, el gobierno estima que al cierre de 2025 el saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Público ascenderá a 18.8 billones de pesos, un aumento de 1.4 billones respecto del saldo de 2024. “Un poquito más de deuda”.
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