Entre 2018 y 2025 pasaron de 33,677 a 62,472 millones de dólares (mdd). Alcanzaron un máximo de 64,746 mdd en 2024 y disminuyeron 3.5% en 2025. Sin embargo, entre enero y julio de 2026 ingresaron 36,349 mdd, 3.1% más que un año antes.
Si mantuvieran ese comportamiento, podrían cerrar nuevamente cerca de 64,000 mdd.
Su importancia social es indiscutible.
Para millones de familias representan alimentación, vivienda, educación, salud y capacidad para enfrentar emergencias. Y su aportación macroeconómica es considerable:
constituyen uno de los principales ingresos de divisas y contribuyen a reducir el déficit de la cuenta corriente.
La comparación histórica es ilustrativa: en 1994, antes de la crisis financiera, México registró un déficit cercano a 8% del PIB. Hoy esa vulnerabilidad externa es considerablemente menor y el enorme flujo de remesas contribuye a contenerla.
Pero existe una paradoja. México construyó uno de los mayores corredores de remesas del mundo sin convertirlo en un instrumento equivalente de profundización financiera.
Según el Banco de México, en 2025 el 99.1% de las remesas ingresó mediante transferencias electrónicas. De estas, 49.6% se cobró en efectivo y 50.4% se depositó directamente en una cuenta. El efectivo y especie transportados físicamente representaron apenas 0.7% y los money orders, 0.2%. El dinero ya viaja prácticamente en su totalidad de manera electrónica; el desafío es lograr que una mayor proporción permanezca dentro del sistema financiero.
El corredor está además altamente concentrado. Estados Unidos origina alrededor de 96% de las remesas y California y Texas representan cerca de la mitad de esos envíos. En México, Guanajuato, Michoacán y Jalisco concentran 25.4%, mientras que Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Guerrero reciben otro 36.7%. Nueve entidades concentran alrededor de 62% del total.
La industria privada —con empresas como Western Union, MoneyGram y Ria, junto con plataformas digitales como Remitly y Xoom— ha desarrollado redes cada vez más eficientes. Los canales públicos, en contraste, han perdido participación y parte de su infraestructura física y digital permanece subutilizada, cuando podría aprovecharse para vincular la recepción de remesas con el ahorro, la inversión y una mayor inclusión financiera.
No se trata de apropiarse de las remesas,
condicionarlas o decirles a las familias cómo gastar su dinero. Se trata de crear incentivos para que quien voluntariamente lo desee pueda transformar una pequeña parte de cada envío en ahorro y patrimonio.
Al recibir una remesa, el beneficiario podría elegir destinar automáticamente 5% a una cuenta remunerada, cetes, ahorro para vivienda, educación, retiro o capital para un pequeño negocio. El incentivo no tendría que consistir en subsidios públicos: podrían ofrecerse menores comisiones, rendimientos competitivos, mecanismos automáticos de ahorro y mejores condiciones de acceso al crédito para quienes construyan un historial sostenido de recepción y ahorro.
México ha ensayado esquemas para complementar con recursos públicos el ahorro de las familias receptoras, pero enfrentan una limitación evidente: funcionan mientras exista presupuesto para financiarlos.
Una política de mayor escala debería utilizar los recursos públicos de manera focalizada para garantías, infraestructura financiera o programas destinados a los hogares de menores ingresos.
La propuesta adquiere mayor relevancia frente a la debilidad estructural de nuestra economía. En el primer trimestre de 2026, 27.9 millones de personas —casi 47% de la población ocupada— percibían como máximo un salario mínimo, mientras la informalidad laboral se mantiene alrededor de 55%. México necesita elevar productividad, inversión, ahorro y creación de empleos de mayor calidad.
Las remesas no resolverán por sí solas esos problemas. Pero tampoco deberíamos conformarnos con medir cuántos dólares llegan cada mes.
Después de décadas de cumplir principalmente una función de ingreso y consumo familiar, el siguiente paso debería ser construir los incentivos para que una parte se transforme voluntariamente en ahorro, patrimonio e inversión. Ahí puede comenzar una verdadera política de remesas para el desarrollo.
No se trata de apropiarse de las remesas, condicionarlas o decirles a las familias cómo gastar su dinero. Se trata de crear incentivos para que quien voluntariamente lo desee pueda transformar una pequeña parte de cada envío en ahorro y patrimonio.
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