2026-2030, nueva hoja de ruta para revertir el bajo crecimiento económico

Luego de siete años consecutivos de mínimo crecimiento económico y en un contexto de marcada desconfianza generada por la falta de certeza jurídica, México tiene un Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 que inyectará 5.6 billones de pesos en obras públicas y 722 mil millones de pesos adicionales sobre lo ya presupuestado para este año. Este plan eleva la inversión pública al 2% del PIB a través de una bolsa de más de mil 500 proyectos en ocho sectores.
Por Adriana Reyes Urrutia
En la presentación del Plan, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la administración federal creará una serie de vehículos financieros en alianza con privados. El esquema establece que, bajo esta estrategia de inversiones mixtas, el Estado definirá las reglas de operación y los objetivos sociales y se compartirán los beneficios y riesgos con los privados para no depender solo del presupuesto; el objetivo es proteger las finanzas públicas y que, una vez consolidada la inversión del empresariado, el gobierno pueda recuperar la titularidad de las obras, señaló.



En la presentación del plan se mencionó que se trata de diferentes instrumentos financieros como el que se hizo para Pemex en 2025 con la emisión de notas precapitalizadas (P-Caps) con el fin de reducir las obligaciones de deuda de la empresa que, de acuerdo con su CEO, Víctor Rodríguez Padilla, cerró 2025 en unos ⁠84,500 millones de dólares ⁠frente a unos 97,600 millones de dólares al cierre ⁠del 2024.

La información proporcionada por Rodríguez Padilla hace que el saldo de la deuda de Pemex se haya reducido en 20 mil millones de dólares con respecto a 2018, su nivel más bajo en los últimos 11 años. Una muestra del desempeño, según la Secretaría de Energía, es que Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s han mejorado la calificación crediticia de la empresa. Es importante mencionar que S&P Global negó haber elevado la calificación crediticia de la petrolera.

INVERSIONES MIXTAS
Con las inversiones mixtas se pretende que el gobierno tenga mayoría en las empresas que se vayan a crear con el sector privado (54% pública y 46% privada) para “tener cierto control” sobre las inversiones y que exista la gobernanza para el desarrollo de los proyectos.

Las inversiones mixtas sustituyen a los esquemas de Asociaciones Publico Privadas (APP) que fueron diseñadas para llevar a cabo alianzas a nivel nacional, regional y local para diseñar, construir, financiar y operar infraestructura o servicios públicos. Para regular estas figuras de creó en 2012 la Ley de Asociaciones Público Privadas. Su objetivo fue aumentar la inversión y la eficiencia sin privatizar activos.

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) que cita a Banobras, de acuerdo con los registros disponibles en Proyectos México a 2025 se identifican 513 proyectos bajo el esquema de APP con una inversión total de 2 billones 121 mil 942 mdp, de los cuales, 107 se encuentran en ejecución, 357 en operación, 39 en preinversión, 9 en proceso de licitación y 1 se ha pospuesto. De estos, 207 son concesiones, 27 obra pública financiada y 24 Producción compartida.

Siguiendo con el CIEP, la mayor parte de los proyectos se encuentran en fase de ejecución y operación, lo que indica que ya están en funcionamiento y prestando servicios. El sector transporte concentra el mayor número de proyectos con 243, seguido de hidrocarburos con 109 y electricidad con 80. En contraste, áreas como agua y medio ambiente, telecomunicaciones, infraestructura social, inmobiliario y turismo registran una participación menor con 32 proyectos en total.

Ahora, en las inversiones mixtas, entre los esquemas para potenciar la inversión pública en infraestructura se encuentra el mercado bursátil, la banca comercial y las FIBRAS que se sumarán al Fondo Nacional de Infraestructura, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.



ACCIONES PARA REMEDIAR LOS MALES
Del éxito del Plan de Inversión en Infraestructura depende en gran medida el cumplimiento de las proyecciones de ajuste fiscal y la continuidad de los programas sociales, así como revertir el déficit fiscal que en 2025 cerró en 4.3% de PIB, según datos de Hacienda. Inicialmente, el gobierno había previsto un déficit fiscal del 3.9% del PIB, pero se fue ajustando la meta hacia arriba.

La urgencia para elevar la inversión corre en paralelo al mínimo desempeño de la actividad económica. El año pasado, se registró un crecimiento del PIB de solo 0.7% y una caída en la inversión pública de -28.4% real, la peor en tres décadas, de acuerdo con estadísticas de la secretará de Hacienda.

En 2024, el presidente Andrés Manuel López obrador aumentó a un billón de pesos el gasto de inversión en el último año de su sexenio con el argumento de que necesitaba terminar sus mega obras con el tren maya y el tren interoceánico; el aumento implicó elevar el déficit fiscal.

Hacienda indicó que la inversión física se ubicó en 2.2% del PIB al cierre de 2025 un porcentaje menor al de 2024. El Indicador Mensual de Formación Bruta de Capital Fijo —que muestra el comportamiento de la inversión tanto pública como privada a nivel nacional en el corto plazo— acumula 14 meses con variaciones negativas, considerando el último dato disponible de octubre de 2025 que muestra una contracción anual de -5.8%.

A DÓNDE NOS QUIEREN LLEVAR
Las proyecciones de la Secretaría de Hacienda para este año son que el crecimiento económico se ubique en un rango de entre 2.5 y 3% con la implementación del plan de inversión que, según su títular Edgar Amador, proyecta impulsar la economía con miras a posicionar a México entre las 10 economías más grandes; superar el 25% de inversión respecto al PIB en 2026 y más del 28% para 2030.

2026 se perfila como un año complejo para México marcado por un crecimiento moderado, riesgos en seguridad y varios retos como mantener el crecimiento respaldado por el empleo formal, así como aprovechar la integración regional y la relocalización productiva (aun hay tiempo para el nearshoring) con base en tres elementos fundamentales certidumbre, infraestructura y estabilidad macroeconómica, sin olvidar la transparencia.

En este contexto, el anuncio de un programa de infraestructura de 5.6 billones de pesos podría parecer una buena noticia, pero al 5 de febrero hay uan pregunta: ¿existen condiciones reales y apetito del sector privado? La reunión de la presidenta con más de mil empresarios apuntaría a qué sí. Estamos en el segundo mes de 2026.



*Editora News IMEF
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