El riesgo de perder el grado de inversión sería no poder construir un país sostenible

Actualmente nuestro país tiene una calificación de “grado de inversión” por S&P y Fitch (nomenclaturas BBB y BBB-, respectivamente); recientemente Moody’s cambio la perspectiva de calificación de México de ‘estable’ a ‘negativa’.

En las metodologías de las calificadoras, la calidad de las instituciones y la gobernanza efectiva pondera casi un 20% de la calificación final de un país, por lo que con las reformas constitucionales aprobadas, y las que están en puerta, podríamos perder el grado de inversión, lo que representaría no solo una señal de que las políticas públicas erraron, sino que con recursos más escasos será más difícil atender las carencias de la población y tener un país sostenible.

EN QUÉ SE FIJAN LAS CALIFICADORAS
Quizá debiéramos empezar por preguntarnos por qué la deuda de México (o de cualquier país) requiere estar calificada por una de las grandes calificadoras del mundo. Después de todo, el mismo nombre del activo financiero “deuda soberana” conlleva una connotación que sugiere que un país es libre de endeudarse en la medida que desee sin que nadie influya en ese derecho. Pero no es así. Cuando un país se endeuda, lo hace por montos cuantiosos, y si emite bonos o pide prestado a bancos en el mercado financiero internacional, la consecuencia de un mal manejo de sus pasivos tiene consecuencias negativas para la nación y sus habitantes por muchos años.

Según estimaciones de ICMA (International Capital Market Association) el mercado de deuda soberana en circulación en 2020 era de 64 billones (millones de millones) de dólares, aproximadamente la mitad de tamaño de mercado de bonos en todo el mundo en ese año.

Lo anterior refleja el apetitito de los gobernantes por endeudar sustancialmente a sus naciones, muchas veces con resultados desastrosos. Comprar bonos soberanos requiere de un análisis profundo y el tamaño de sus colocaciones obliga a buscar opiniones de terceros acerca de su calidad crediticia.

Existen varios episodios de incumplimiento de naciones a lo largo de la historia, lo que sugiere que prestar a los países es un negocio de alto riesgo. Con ocho incumplimientos, México no se ha caracterizado como un deudor ejemplar a lo largo de su historia. De hecho, no cumplió con sus compromisos durante prácticamente todo el Siglo XIX después de su independencia.

Hay tres calificadoras que a lo largo de 120 años han construido su reputación como las más confiables. Dos muy grandes: S&P Global Ratings y Moody’s Investor Services. Una tercera más pequeña, pero con reputación creciente, especialmente en mercados emergentes, es Fitch Ratings.

Persiste la idea de que las calificadoras debieran pronunciarse en temas políticos, pero lo cierto es que evaden ese tipo de comentarios. Su objetivo es analizar fríamente la capacidad de pago oportuno y los efectos que las políticas públicas generan (o podrían generar una vez implementadas) sobre la actividad económica futura, incluida la inversión, para generar flujos futuros para hacer frente a sus obligaciones financieras.

No es poco común ver que países autoritarios obtienen una buena calificación de crédito si el manejo de sus finanzas es sano. Y no es labor de las calificadoras evaluar si un país es democrático o no. Las calificadoras tienen metodologías de análisis extensas que son frecuentemente actualizadas, dos de ellas son la capacidad de pago: qué tanta deuda se tiene –y con qué velocidad crece– y con cuántos ingresos se cuenta para hacer frente a ella.

La deuda de un país crece cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, y el déficit fiscal de una nación es el principal indicador de la velocidad del crecimiento de la deuda. Un déficit fiscal de 3% se considera moderado internacionalmente y uno menor a ese nivel es conservador.

Hablar de déficits mayores, a la larga pone en riesgo la calificación soberana que también puede verse impactada por presiones adicionales, en el caso de México, por ejemplo, por la carga de un Pemex insolvente y los frecuentes apoyos a CFE (ambos podrían presionar más la calificación del país hasta caer en grado especulativo dentro de los siguientes 24 meses).