Condicionantes para las inversiones en México 

Iniciando octubre el INEGI publicó su Indicador Mensual de Formación Bruta de Capital Fijo a julio. Este indicador —que mide la inversión pública y privada en construcción y en la adquisición de maquinaria y equipo de transporte— mostró claramente cómo la inversión se mantiene en terreno negativo, iniciando su descenso cuando se presentaron las reformas constitucionales, para luego detenerse cuando las elecciones arrojaron resultados de que el partido en el poder tendría mayoría calificada y después entrar en números rojos cuando las reformas se aprobaron en el Congreso. (Ver gráfica).



La incertidumbre generada por las reformas se exacerbó con la política arancelaria de Estados Unidos y explicando el crecimiento tan deficiente de la economía mexicana. Ante este escenario se evidenció que el gobierno debe implementar medidas que eliminen la incertidumbre y reactiven la inversión en dos frentes en los que hasta ahora no se ha tenido éxito:

1 La certeza que el TMEC tendrá una renegociación exitosa.

2 Que las reformas promoverán la inversión en lugar de alejarla.

LAS RAZONES Y LOS HECHOS
Renegociación del TMEC
El 3 de octubre, durante un evento en el Club Económico de Nueva York, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, abiertamente mencionó: “No tiene sentido hablar de extensión del tratado o actualizarlo si México está en incumplimiento de varios de los puntos”. Unos días después de esta afirmación, el presidente Trump declaró en una conferencia de prensa que está abierto a renegociar el TMEC o generar acuerdos individuales tanto con Canadá como con México.

Estos comentarios abrieron la posibilidad de que Estados Unidos dé por terminado el tratado con el simple envío de una carta a las otras partes que entraría en vigor seis meses después según las cláusulas de salida del TMEC, y entrar en negociaciones bilaterales con sus dos socios comerciales.

Con anterioridad, el IMEF ha mencionado que los acuerdos bilaterales ponen en desventaja a los socios comerciales más pequeños como Canadá y México, y que un tratado trilateral es más robusto y da mayor certidumbre, pero eso puede no ser la intención de Estados Unidos si persiste la percepción de que México no está respetando el acuerdo comercial.

El peor de los escenarios sería no llegar a ningún acuerdo para el 1 de julio de 2026 y, por lo tanto, se detone la extinción del acuerdo con un plazo de transición de 10 años. En ese momento dejaría de fluir inversión extranjera por no tener un tratado comercial que dé certidumbre a largo plazo.

Reformas judiciales
En el frente doméstico, las reformas judiciales no contribuyen a generar certeza para las inversiones. De especial mención es la recién reformada Ley de Amparo con la que se debilita el sistema de suspensión. Un ejemplo se ve en el artículo 128 donde se dice que el juzgador debe ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social, orden e interés público. Esto infiere que los derechos individuales se subordinan a los de la comunidad.

Pero, no solo eso, en la exposición de motivos se menciona que “el interés público atañe al interés de la administración y del Estado, en general para proteger y defender los intereses de la colectividad”. Ese texto abre la posibilidad de interpretación de que una suspensión contra un acto de gobierno es equiparable a ir contra los intereses de la colectividad, haciendo prácticamente imposible la defensa de una persona física o moral contra actos arbitrarios de gobierno.

Adicionalmente, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública obliga a todas las personas particulares en posesión de bases de datos a compartirlas con el Sistema Nacional como se define en esa ley. Si bien los datos deberán respetar las distintas leyes de protección de datos, no prevé el daño reputacional que una empresa privada sufriría por el manejo incorrecto de los datos que cedió obligado por esa norma.

Si a lo anterior se suman los reclamos fiscales a empresas transnacionales como Samsung y Axa, donde se ha mencionado la posibilidad de desinversión en México, o la posibilidad de que el gobierno pueda tomar el control temporal de empresas de energía bajo ciertos supuestos, el panorama de atracción de inversión se ensombrece y el riesgo de un incremento en los conflictos con nuestros socios comerciales aumenta. Sería deseable escuchar un compromiso más tangible por parte de las autoridades a una relación más fructífera y de menor confrontación con nuestros socios comerciales.

EL RUMBO DE LAS SOLUCIONES
Es importante mencionar que la Cámara de Diputados resolvió el reclamo de la industria aseguradora por 200 mil millones de pesos que llevaba cinco años litigándose. Ese conflicto se había elevado a panel internacional y seguramente lo perdería nuestro país.

Si bien el litigio quedó resuelto, el problema de fondo no se corrigió y los asegurados sufrirán costos mayores y procesos más lentos por verse impedidas las aseguradoras de acreditar el IVA de pólizas de distintas líneas de negocio en el futuro.