Con la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos en febrero pasado, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) han comenzado a reforzar sus prácticas internas.
Aunque cumplían con los requerimientos en materia de prevención de lavado de dinero, muchas de estas instituciones no aplicaban controles estrictos en lo referente al financiamiento al terrorismo ni a la verificación de las listas de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Por ello, han iniciado la implementación de nuevos lineamientos, de acuerdo con representantes del gremio.
Javier Garza, presidente nacional de Asofom, explicó que históricamente las listas de la OFAC estaban asociadas organizaciones terroristas en Medio Oriente, por lo que no representaban una prioridad para el sector. Sin embargo, ante la posibilidad de que se incluyan empresas o personas mexicanas en dichos listados, las instituciones están adecuando sus procesos.
“Con el tema del financiamiento al terrorismo se abre una dimensión que en México no teníamos contemplada. Al ser catalogados los cárteles como organizaciones terroristas, se activa toda una cadena de financiamiento. Por eso, con el respaldo de la autoridad, estamos revisando nuestras políticas internas y trabajando en prácticas más sólidas y responsables para identificar a quién le estamos prestando dinero”, añadió Garza.
En este contexto, el gremio también ha iniciado un esfuerzo para impulsar mejoras regulatorias y operativas que permitan mayor control sobre a quién se financia y de quién se recibe fondeo.
“Estamos trabajando con la autoridad para definir qué haremos cuando esto suceda. ¿Cómo aplicaremos los criterios de prevención? ¿Será mediante avisos de 24 a 48 horas, mensuales, o de otra manera? También estamos analizando cómo mejorar nuestros sistemas de ‘Conoce a tu cliente’”, señaló Javier Garza.
Por su parte, Jorge Avante, director general de Asofom, informó que aproximadamente 50% de las 255 Sofomes agremiadas ya han suscrito un compromiso para implementar estas mejores prácticas y fortalecer sus indicadores de gestión de riesgo.
El gremio ha iniciado un esfuerzo para impulsar mejoras regulatorias y operativas que permitan mayor control sobre a quién se financia y de quién se recibe fondeo.
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