ENERGÍA
El impacto en la
CRE y la CNH es debido a que
acarrearía un ambiente de incertidumbre para las inversiones en el sector, desincentivando la participación de empresas clave, porque se eliminarían las diferentes normas constitucionales que buscaban dar garantías de autonomía técnica y presupuestal a la función reguladora de la energía y porque se fusionarían bajo la responsabilidad del mismo ente gubernamental (Sener) atribuciones de política energética y de regulación energética.
Además porque –por la fusión de las atribuciones regulatorias dentro de la misma dependencia encargada de conducir la política pública, y por el hecho de que los funcionarios encargados de la política pública y la regulación ya no tendrían garantías de estabilidad en sus encargos, ni sus nombramientos serían el resultado de consensos entre fuerzas políticas, ni estarían obligados a participar en deliberaciones técnicas colegiadas para adoptar sus principales decisiones–,
la seguridad jurídica de los particulares que participan en los mercados energéticos y en contratos de exploración y extracción de hidrocarburos se vería afectada por esa politización de las funciones regulatorias en materia energética, afectando la inversión y todo lo que deviene de ésta como el empleo.
En un artículo publicado en la página de
BBVA se señala que
el favorable comportamiento de la IED del sector energético de 2013 a 2018 está relacionado con las modificaciones regulatorias que permitían la participación del sector privado en la generación y suministro de energía eléctrica mostrando niveles máximos entre 2013 a 2018, con el 55.3% de la inversión en este período.
Otros datos que refiere son:
•Entre 2006 y 2023 la inversión promedió anualmente 3,421 millones de dólares (mdd) a precios de 2018, con un crecimiento anual promedio de 17.32%.
•2017 se colocó como el año con mayor captación de la IED con un total 6,796 mdd
•De 2019 a 2023 la captación de IED disminuyó a 2,787 mdd anuales, siendo la inversión en Energía 50.1% menor si se compara contra el período del 2013 a 2017.
De acuerdo con el diagnóstico más reciente de la Asociación Mexicana de Energía (AME),
México necesita invertir 120 mil millones de dólares en los próximos 3 lustros, 8,000 mdd por año, pero ¿quién invertirá en un ambiente de incertiduembre?
El IMEF se ha pronunciado al respecto señalando que la autonomía de estos organismos ha sido fundamental para fortalecer la transparencia, la competencia y la eficiencia en sectores estratégicos de la economía mexicana, incluyendo el energético, por lo que
la eliminación de estos entes autónomos no solo comprometería la estabilidad y el desarrollo económico del país, sino que también iría en contra de los principios constitucionales de competitividad y del modelo de Estado regulador que busca garantizar un ambiente equitativo para todos los participantes en el mercado.
CON IMPACTO SOCIAL
La reforma que impacta al
INAI pretende que sus atribuciones sean trasladadas, en parte, a la Secretaría de la Función Pública, a los órganos internos de control del Poder Legislativo y Judicial, así como al Instituto Nacional Electoral y al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, lo que provocaría un
trato diferenciado del derecho de acceso a la información. También afectaría el derecho a la protección de datos personales porque, con un argumento poco claro, señala que las autoridades contarán con facultades para atender este derecho.
La afectación al
Coneval es porque se
pondría en riesgo la capacidad del gobierno en la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales de los mexicanos, además porque no se ofrece un espacio ni un modelo de gobernanza que asegure la continuidad de sus funciones (evaluación de la política social y de los programas sociales de la administración pública federal), las cuales son distintas a las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), institución a la que le encargarían la medición de la pobreza.
Lo anterior dificultaría el entendimiento de sus causas, factor que contribuyen a reducirla. Aunque la pobreza extrema se ha reducido en el país, aún no tenemos buenos datos. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2024, en promedio, la población en pobreza laboral pudo cubrir solo el 42.3% de la canasta alimentaria con su ingreso laboral.
La desaparición y transferencia de las funciones de la
Mejoredu a la Secretaría de Educación Pública (SEP) –que fue creada en octubre de 2019 por el propio presidente López Obrador como parte de la Nueva Escuela Mexicana, tras la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)–
eliminaría contrapesos institucionales y afectaría la aplicación e interpretación de resultados de evaluaciones independientes.
No olvidemos que, de acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE, en 2022 México se posicionó en el lugar 35 entre los 37 países evaluados. Mientras que en promedio los países miembros de la organización obtienen un puntaje de 478 puntos, México alcanzó un promedio de 407. Nuestro país experimentó la peor caída en sus resultados desde el año 2000 que participa en el programa.
¿Y SI NO HAY MARCHA ATRÁS?
El surgimiento de estos organismos autónomos responde a la necesidad de fortalecer las estructuras de gobierno para hacer frente a necesidades sociales y atender aspectos técnicos específicos, por lo que su desaparición implica los riesgos de concentración de poder, en la competitividad del país y en la reducción de la inversión extranjera directa en detrimento de la economía, además de que complicaría la revisión del TMEC y los acuerdos internacionales.
“Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales celebrados y ratificados por México, garantizan la libre competencia y concurrencia, la economía mixta de mercado, los derechos y protección al consumidor y la regulación y supervisión de sectores estratégicos en beneficio de la población mexicana, particularmente para garantizar la existencia de productos y servicios de calidad y de precios razonables”, señaló el IMEF en un comunicado.
Por lo anterior, el IMEF señala que
la eliminación de estas instituciones podría generar incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas nacionales e internacionales, afectando así la atracción de capital necesario para el crecimiento sostenible y dejando pasar la oportunidad única de México de crecimiento propiciada por la relocalización. Adicionalmente,
se estaría afectando los contrapesos de toda democracia y que son fundamentales para la estabilidad económica y política del país, mismos que han sido construidos por los mexicanos con mucho esfuerzo y con un diálogo esencial entre sectores”.
Escucha la opinión del IMEF sobre las reformas constiucionales.
Por lo tanto,
el debate debería ser cómo fortalecer su funcionamiento y garantizar de operación, recalcando que autonomía no es sinónimo de discrecionalidad y que los ahorros que plantean tras su desaparición podrían tener costos elevados en el corto, mediano y largo plazo.
