El estudio, una obra colectiva encabezada por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, describe una problemática generalizada que todos los partidos —en mayor o menor grado— practican. El objetivo, indican, no es la denuncia de hechos, personas o partidos, sino sacar a la luz el modus operandi de una práctica corrupta que está socavando los cimientos de legalidad y equidad de las elecciones en México, porque:
El gran problema de la democracia electoral mexicana se llama dinero. Ya lo había sido antes en el siglo XX por la falta de recursos de los partidos de oposición para competir cara a cara con el partido en el poder. Hoy el problema es diferente y se llama exceso de dinero. La escasez de dinero para los partidos de oposición en el siglo XX limitó el pluralismo y perpetuó la hegemonía de un partido por varias décadas. El exceso de dinero en la política del siglo XXI es uno de los principales gérmenes de la corrupción en el país.
Las reformas electorales de los últimos 40 años han dado buenos resultados para transparentar la celebración de comicios, garantizar la legalidad y propiciar un piso mínimo de equidad para competir. El esfuerzo ha dado resultados en términos del pluralismo alcanzado. Sin embargo, el sistema electoral ha fracasado en combatir el financiamiento y gasto ilegal de campañas que ponen en duda la legalidad y la equidad de la contienda al permitir la influencia indebida del dinero en la vida democrática.
EL resumen ejecutivo de este libro parte de un artículo de María Amparo Casar, “Tapaos los unos a los otros”, publicado en Excélsior el 5 de noviembre de 2014:
El financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas es el mayor problema de la democracia electoral mexicana. El generoso sistema de financiamiento público que surge en la reforma electoral de 1996 ha fracasado en prevenir la penetración de dinero ilegal —público y privado— que fluye a las campañas. Dinero que busca beneficios particulares: contratos con el gobierno, permisos para establecimientos mercantiles, acceso para influir en regulación favorable o, también, comprar impunidad cuando un gobierno en funciones desvía recursos para apoyar a candidatos en contienda. La historia completa del dinero ilegal en campañas es difícil de documentar con el rigor de la investigación académica o judicial.
Durante la larga época de hegemonía del PRI no había reglas, ni información, ni transparencia ni mucho menos rendición de cuentas. El proceso de cambio político iniciado en la década de los setenta del siglo XX detonó un mayor escrutinio a partidos y gobiernos y, fundamentalmente a través del periodismo de investigación, se empezó a conocer de escándalos de corrupción y del fondeo ilegal y gasto excesivo de campañas políticas.
Uno de los primeros casos documentados fue el de Tabasco, en 1995, cuando compitieron por la gubernatura Roberto Madrazo (PRI) contra Andrés Manuel López Obrador (entonces del PRD). Siguieron después los casos de los “Amigos de Fox” y del “Pemexgate” en la elección presidencial del año 2000, cuando compitieron Vicente Fox (PAN-PVEM), Francisco Labastida (PRI) y Cuauhtémoc Cárdenas (mediante una coalición encabezada por el PRD). En el caso de Tabasco no hubo sanción, pero en el segundo caso la hubo tanto para el PAN como para el PRI. En ninguno de los dos el castigo sirvió como disuasivo para evitar la conducta en el futuro.
Detectar el dinero ilegal que entra a las campañas es una tarea muy compleja en cualquier parte del mundo. Lo es más en uno como el nuestro, en el que el sistema de justicia carece de las capacidades de investigación necesarias y de la voluntad política para hacerlo. Incluso trabajos periodísticos y académicos que exhiben gastos excesivos e ilegales pocas veces son investigados y menos aún castigados.
En México ha privado una especie de “pacto” o “intercambio” de impunidad que se resume en la frase de “tapaos los unos a los otros” y que ha funcionado a la perfección. Se vale exhibir, pero no perseguir; se vale denunciar, pero no consignar. La democratización de las elecciones trajo la democratización de la corrupción.
Este libro es una investigación exhaustiva para la que se consultó una amplia bibliografía y se realizaron y/o retomaron más de 50 entrevistas para desarrollar nueve apartados: El problema del dinero y la política en perspectiva comparada, El marco normativo del financiamiento de los partidos en México, Los límites al gasto y su vigilancia: la norma y la realidad, Financiamiento ilegal con recursos públicos, Financiamiento ilegal con recursos privados, Clientelismo electoral, El financiamiento ilegal de campañas y los delitos electorales, Los medios y la política, y Recomendaciones de política pública.
