Los gobiernos existen para representar los intereses de los ciudadanos. Con esto, deben establecer leyes para mantener el orden, proteger los derechos y la propiedad de los ciudadanos; proporcionar servicios públicos como infraestructura, educación y salud; y regular la economía. Cualquier paquete económico debe ser analizado desde esta perspectiva.
El paquete económico incluye: los supuestos macroeconómicos, la proyección de los ingresos y el gasto que ejercerá.
CRECIMIENTO
Entre los aspectos que más llamaron la atención del Paquete Económico está el optimista supuesto de crecimiento del PIB para 2026, pues la SHCP lo estima entre 1.8% y 2.6%. Esto contrasta con las expectativas de crecimiento de los analistas encuestados por el Banco de México, cuya mediana indica un crecimiento para 2026 de 1.4%.
El problema de sobreestimar el crecimiento económico es que implícitamente se están sobreestimando los niveles de producción y de consumo, y ello conlleva a una sobreestimación de los ingresos presupuestarios, particularmente los tributarios. Si los ingresos son menores a lo previsto, pero el gobierno decide mantener el nivel de gasto programado, habrá un mayor endeudamiento.
Esto no sería un problema si fuera algo atípico, el problema es que, en 2024, último año de la administración de López Obrador, el déficit alcanzó 5.7% del PIB, algo no visto desde 1988, lo que obligó a la administración de Claudia Sheinbaum a establecer una ruta de consolidación fiscal para regresar, en algún momento, a niveles más sanos de déficit, cercanos al 3% del PIB.
Para 2025 inicialmente se aprobó un déficit de 3.9%, objetivo que en abril de este año se ajustó a un rango de 3.9% a 4.0% y en la presentación del Paquete Económico 2026 ha sido revisado al alza a 4.3%. Para 2026, la SHCP estima un déficit de 4.1% del PIB, por encima de lo originalmente proyectado para 2025. Se debe señalar que:
1. Los ajustes al déficit proyectado en 2025 y el déficit proyectado para 2026 dejan claro que no se logrará la consolidación fiscal de las finanzas públicas antes del 2027.
2. Existe el riesgo de que, de nuevo en 2026, se hagan ajustes al alza del déficit proyectado ante la posibilidad de que el crecimiento económico estimado para 2026 y los ingresos estén siendo sobreestimados, al mismo, al mismo tiempo que podría estarse subestimando el costo financiero de la deuda, por la tasa de interés proyectada del 6.00% al cierre del siguiente año.
INGRESOS
Por el lado de los ingresos, la SHCP estima que en 2026 los ingresos petroleros crecerán 20.3%, algo que se considera poco probable pues este año muestran un desempeño 15.34% menor a lo presupuestado. Dentro de los ingresos no petroleros, en los tributarios se estima que el 4.4% estará explicado por impuestos a las importaciones, con un total de 254.80 mil mdp. Esta cifra, sería resultado de un crecimiento de 40.7% en el cobro de aranceles, principalmente por las importaciones desde países con los que México no tiene un tratado comercial.
En este punto destaca China, de donde provienen el 19.96% de las importaciones totales de México. La, SHCP ha señalado que el riesgo inflacionario por estos impuestos a las importaciones sería mínimo pues no todos los productos que estarán sujetos a un mayor arancel forman parte del índice nacional de precios al consumidor (INCP) con el que se calcula la inflación en México. Sin embargo, las presiones podrían darse primero en los precios productor, pues una gran cantidad de insumos industriales provienen desde China.
Con esto, el margen de operación de algunas empresas disminuiría, ocasionando una menor contratación de personal, menor gasto en inversión fija y eventualmente el traslado de los mayores costos de producción hacia los consumidores. El gobierno ha dicho que esperan que los insumos que ahora se importan, se produzcan de manera local, pero esto no se dará de forma inmediata ni al mismo costo. Cabe destacar que SHCP no presentó ningún análisis de elasticidad para conocer el impacto sobre las importaciones, por lo que se teme que se estén sobreestimando los recursos que podrían recaudarse con los nuevos aranceles.
Otro ingreso que llama la atención del Paquete Económico es la eliminación de la deducibilidad de las cuotas que hacen las instituciones bancarias al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). De acuerdo con la presentación oficial, esto implicará ingresos para el sector público de 10 mil mdp por año, lo que representaría 0.11% de los ingresos presupuestarios y 0.17% de los ingresos tributarios.
A pesar de que el efecto de la no deducibilidad sobre los ingresos del gobierno es pequeño, para la banca el impacto es mucho más significativo, pues todas las aportaciones de la banca al IPAB en 2024 equivalen al 12.15% de la utilidad neta del sistema bancario del mismo año.
A pesar de que continúan los esfuerzos por reducir el déficit, la ayuda a PEMEX, la rigidez del gasto en rubros como programas sociales prioritarios, pensiones y el costo financiero de la deuda, ahogan las finanzas públicas y dejan sin recursos suficientes a obligaciones propias del gobierno.
GASTO
Por el lado del gasto, para el 2026 la SHCP está proponiendo una estructura en la que 58.33% del gasto programable corresponde a gasto corriente, 24.02% a pensiones y jubilaciones (contributivas) y solo 17.65% a gasto en inversión. La inversión física, que es la de mayor impacto para la economía, solamente representará 13.75% del gasto programable.
En términos del PIB, el gasto en inversión física representaría 2.5% en 2026. De aquí no solo preocupa que el porcentaje es bajo, sino que se contempla una trayectoria descendente, puesto que para 2031, la SHCP la proyecta en 2.3% del PIB. Cabe recordar que, en 2025, con datos hasta julio, el gasto público en inversión física muestra una contracción de 35% respecto al mismo periodo del 2024, siendo la mayor contracción anual en registro para un periodo igual. Esto explica, en parte, la caída de la inversión fija de México y el mal desempeño del sector de construcción. Además, el bajo gasto público en inversión física pone en riesgo el crecimiento de la actividad económica de México y el posible aprovechamiento de una segunda ola de nearshoring.
Por otro lado, el Paquete Económico 2026 incluye transferencias por 263.5 mil mdp a Pemex, destinadas al pago de amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios contratados en años previos. Lo anterior equivale a 3.02% de los ingresos presupuestarios del 2026 y 4.51% de los ingresos tributarios. Asimismo, se proponen transferencias a la CFE por 86.3 mil mdp, equivalentes a 1.48% de los ingresos presupuestarios y 0.99% de los tributarios.
Estas transferencias han sido tomadas de manera positiva por las agencias calificadoras para Pemex, pero tienen un costo de oportunidad para las finanzas públicas de México, pues son recursos que podrían utilizarse en otros rubros, como educación, salud, seguridad pública o inversión física. Para 2026 se contempla que el gasto en educación crezca 3.59% real respecto al presupuesto aprobado para 2025, el gasto en salud 5.85%, en seguridad pública 17.62% y en inversión física 9.95%, aunque esto último es esperado considerando la fuerte caída que ha mostrado la inversión física en 2025.
Además, las transferencias a Pemex y CFE no están acompañadas de un cambio en el modelo de negocio de estas empresas del Estado, lo que implica el riesgo de que sigan necesitando en el futuro los recursos del gobierno para enfrentar sus obligaciones financieras.
PROGRAMAS SOCIALES Y PENSIONES
Además, el Paquete Económico incluye 16 programas sociales prioritarios por un total de 987.16 mil mdp, en donde se incluyen pensiones no contributivas y programas sociales de transferencias. Este gasto proyectado para 2026 representa 16.91% de los ingresos tributarios, subiendo 1.13 puntos porcentuales respecto al presupuesto del 2025. Para fines de comparación, en el primer año completo del sexenio de López Obrador, 2019, el gasto en estos programas representó solamente 6.84% de los ingresos tributarios.
Al interior de los programas sociales prioritarios, las pensiones no contributivas que se integran por las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad permanente y mujeres bienestar tendrán un presupuesto de 619.74 mil mdp en 2026, representando 62.78% del gasto en programas sociales prioritarios. Este tipo de gasto se considera un componente rígido, ya que los beneficiarios esperan que la asistencia sea permanente y su eliminación tendría un elevado costo político.
Además, los recursos utilizados de estas pensiones no contributivas, como lo indica su nombre, provienen forzosamente de los ingresos del gobierno sin ninguna contribución previa por parte de los beneficiarios, lo que genera mayor estrés sobre las finanzas públicas. En el presupuesto del 2026 las pensiones no contributivas representarán 10.61% de los ingresos tributarios, una proporción que es casi el triple de lo que representaron en el primer año completo de administración de López Obrador.
Por su parte, los programas sociales de transferencias que incluyen becas de educación básica, media y superior, la escuela es nuestra, jóvenes construyendo el futuro, vivienda social, fertilizantes, producción para el bienestar y precios de garantía representarán el 6.29% de los ingresos tributarios. Este tipo de gasto se puede clasificar como social, pues tiene como objetivo mejorar directamente el bienestar de la población a través de transferencias directas.
Sin embargo, resulta preocupante que al crecer como proporción de los ingresos tributarios, se agota el espacio para otros rubros esenciales como educación, salud, seguridad pública o inversión, lo cuales inciden en el bienestar de la población de forma sostenida en el largo plazo y no presentan el mismo grado de rigidez, pues el costo político asociado a su recorte es menor.
Finalmente, las pensiones contributivas que son las que perciben las personas que hicieron contribuciones a la seguridad social durante su vida laboral bajarán moderadamente como proporción de los ingresos tributarios de 30.78% en 2025 a 29.19% en 2026. Estas pensiones no incluyen las cuentas individuales de Afores y se pagan con recursos del sector público. Al interior, el 59.30% de las pensiones contributivas serán del IMSS, 23.20% del ISSSTE, 5.42% de Pemex, 3.98% de CFE y 8.10% de otras aportaciones a la seguridad social.
Con esto, se estima que en 2026 el gasto en pensiones no contributivas, programas sociales de transferencias y pensiones contributivas representará el 26.61% del gasto total presupuestado y 46.10% de los ingresos tributarios.
DEUDA
Finalmente está el costo financiero de la deuda, que para 2026, la SHCP lo estima en 1,572.10 mil mdp o 26.93% de los ingresos tributarios, siendo la mayor proporción desde 2006; y 18.03% de los ingresos presupuestarios, la mayor proporción desde 1997.
Es importante tener en cuenta que este incremento del costo financiero considera los refinanciamientos de deuda que se han hecho en 2025. Asimismo, el presupuesto está considerando que en 2025 la tasa de interés cerrará en 7.3% (consistente con una tasa objetivo del Banco de México de 7.25%) y que en 2026 cerrará en 6.00%, que implica recortes adicionales en la tasa de interés por 125 puntos base. Para que esto ocurra la inflación en México tendría que regresar a su objetivo o estar en franco camino de alcanzarlo en el corto plazo, pues ese nivel de tasa de interés nominal estaría dentro del terreno considerado neutral en la política monetaria, donde ya no se combate a la alta inflación.
* Directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE y profesora de Economía del Tec de Monterrey. Estudió la licenciatura en economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría y doctorado en finanzas en el EGADE del Tec de Monterrey. Colabora regularmente con medios de comunicación especializados. En 2018 y 2020 fue nombrada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México.
Linkedin: Gabriela Siller Pagaza
email: gsiller@bancobase.com
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