Autorregulación de la banca para combatir actividades ilícitas

Reportes periódicos sobre tipologías de prevención de lavado de dinero (PLD), controles sobre transferencias internacionales, pagos de remesas en efectivo, reforzamiento de la autenticación por retiros en efectivo son algunas de las iniciativas que propone la banca para fortalecer las medidas de PLD.

Con esas medidas anunciadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) el 29 de octubre, la banca mexicana demuestra su disposición de evolucionar más allá del cumplimiento mínimo, adoptando mejores prácticas, tecnología avanzada y una mayor colaboración interinstitucional para enfrentar los desafíos del crimen financiero de manera integral y efectiva, fortaleciendo así al sistema financiero nacional en su combate contra el crimen con estándares internacionales y una colaboración aún más estrecha entre la banca y las autoridades financieras.

La ABM no solo comunicó medidas sino también envío una señal al mercado, a los reguladores y a la sociedad de que el sector bancario mexicano toma en serio su responsabilidad de prevención a través de acciones concretas, como incorporar mejores prácticas en materia de PLD y combate al financiamiento de actividades ilícitas, lo que permitirá disminuir la brecha entre la regulación estadounidense y la mexicana; así como establecer la elaboración y distribución de tipologías de delitos de lavado de dinero para que los bancos estén mejor comunicados y más alerta sobre nuevos patrones de riesgo.

Además, considera la adopción de una plataforma tecnológica que fomente el intercambio de información entre bancos intercambio de información entre bancos para reportar las tipologías de operaciones inusuales y propone una comunicación más estrecha con la Unidad de Inteligencia Financiera, a la vez que recomienda mayor restricción de transferencias internacionales de personas físicas, considerando que sean realizadas o recibidas únicamente entre cuentahabientes, tanto para las personas morales como para las físicas; para las primeras de inmediato y para las segundas a partir del 30 de junio de 2027.

También menciona un proceso más estricto de autenticación, al recomendar identificar a las personas que depositan y retiran dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos. Esta medida se incorporaría a partir del 1º de julio de 2026.

Entre las acciones también recomienda que los asociados se adhieran a las Mejores Prácticas de Sanciones Económicas que la Asociación emitió en 2023 y que todos los depósitos en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras sean referenciados. Vale la pena recordar que las medidas de hace dos años se centran en una mayor transparencia y trazabilidad de los recursos, así como en la implementación de sistemas de monitoreo y autorregulación más rigurosos dentro de las instituciones bancarias del país.

Las acciones planteadas en octubre pasado no solo refuerzan el cumplimiento normativo, sino que también promueven una cultura de prevención, trazabilidad y corresponsabilidad entre las instituciones financieras y los usuarios y, aunque implican mayores exigencias para los clientes —como una identificación más rigurosa y restricciones en transferencias internacionales—, ofrecen beneficios significativos en términos de seguridad, confianza y estabilidad del sistema financiero nacional.

Con ello, las instituciones financieras muestran su interés en actuar preventivamente, sobre todo tomando en cuenta los señalamientos que hizo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas, por lo que las medidas preventivas propuestas ayudan a cerrar brechas regulatorias con otros países, particularmente con Estados Unidos.

¿Y LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS?
A mayor riesgo, medidas reforzadas y, en consecuencia, mayor exigencia a los usuarios del sistema financiero, lo cual debe verse como una garantía de estar operando bajo un entorno protegido en las operaciones financieras. En este sentido hay que valorar los siguientes puntos que, si bien pudieran parecer una carga, tienen como fondo confianza y seguridad:

1 Mayor identificación y trazabilidad de operaciones. Para reforzar la verificación de identidad y el origen de los recursos —sobre todo en depósitos en efectivo, transferencias internacionales y operaciones entre terceros— se solicitará a los clientes más información o documentación para abrir cuentas o al realizar operaciones atípicas.

2 Límites y condiciones más estrictas en depósitos en efectivo. Las medidas para identificar a cualquier persona que deposite o retire dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos, o bien los depósitos en cuentas concentradoras o de terceros, deberán tener referencias claras que permitan rastrear el origen y desino de los recursos. Esto implicará que los usuarios que manejen efectivo expliquen con claridad el origen de los fondos, lo que conllevará a un mayor escrutinio sobre operaciones que pudieran resultar fraccionadas o repetitivas.

3 Restricciones en transferencias internacionales para personas físicas. Al realizarse transferencias internacionales de personas físicas exclusivamente entre cuentahabientes, no se permitirá enviar o recibir dinero desde cuentas sin titularidad verificada, por lo que deberán proceder mediante cuentas bancarias a su nombre (remesas personales no bancarizadas, pagos entre familiares o freelances que usan servicios alternativos).

4 Incremento en controles y reportes internos. Medidas como las de compartir información de tipologías y patrones de riesgo, además de intensificar la detección de operaciones inusuales, dan espacio a un mayor monitoreo de transacciones (frecuencia, monto o tipo de pago), incremento en aclaraciones o en la necesidad de reforzar documentación adicional con más frecuencia, o bien al incremento en la detección de operaciones inusuales que pudiera conllevar la aplicación de bloqueos preventivos.

LO QUE SE ESPERA CON ESTA AUTOREGULACIÓN
A través de estas acciones, se espera más seguridad contra fraudes, menos usurpación de identidad y operaciones ilícitas, así como menor riesgo de que los bancos enfrenten sanciones que afecten a sus clientes y una mayor confianza del sistema financiero internacional en los bancos mexicanos.

Vale la pena recordar que de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas por presuntos actos de blanqueo de dinero a favor de los cárteles mexicanos, tan solo en una de ellas implicó la afectación de 40 mil clientes, de los cuales el 99.4% recuperará la totalidad de sus ahorros gracias a la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), no sin antes haber pasado por un periodo de incertidumbre emocional y financiera.

Con estas medidas el sector bancario mexicano ha adoptado un enfoque proactivo y colaborativo para fortalecer la prevención de lavado de dinero y el combate al financiamiento de actividades ilícitas, alineándose con estándares internacionales y cerrando brechas regulatorias, especialmente con Estados Unidos. Para la ABM, estas propuestas son el reflejo de un compromiso firme con la transparencia, la seguridad financiera y la cooperación con autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera.