Con una votación efectiva de un poco más del 10% del padrón electoral, la presidenta Sheinbaum y coro que la acompañan declararon que esta elección había sido todo un éxito. Es obvio que, desde una perspectiva del proceso, el resultado dista mucho de haber sido un éxito, pero su sonrisa “de oreja a oreja” se debe a que está feliz por haber consolidado un régimen en el cual ya no existen los contrapesos institucionales al ejercicio autoritario del poder. El 1º de junio México transitó hacia una dictadura quizás, sólo quizás, blanda.
La elección de ministros, magistrados y jueces federales, todos ellos leales a Morena y López, junto con la aberrante “supremacía constitucional” que impide impugnar reformas a la Constitución y las reformas a la figura del amparo, que prohíbe las declaratorias de aplicación general de un amparo ante una norma inconstitucional, destruyó lo poco que quedaba de certeza jurídica y de defensa de las libertades y derechos individuales.
Es un hecho que, Morena controlando los tres poderes, puede modificar la totalidad de la Constitución y no hay nadie que lo pueda impedir, pero aun sin modificarla, con el puro hecho de que los jueces ya no son independientes ni imparciales y posiblemente hasta desconocedores de las leyes, los mexicanos estamos indefensos frente al ejercicio arbitrario y autoritario del poder, con graves consecuencias sobre la certeza jurídica, sobre nuestra libertad y sobre el potencial de desarrollo económico. Veamos algunos casos que podrían darse con el poder judicial resultante de la aberrante reforma.
Supongamos que el gobierno decreta un control de precios sin haber comprobado que las empresas incurrieron en una práctica monopólica, tal como lo establece el artículo 28. En este caso, cada empresa afectada por el control tendría que tramitar un amparo ante un juez de distrito que es leal al gobierno o simplemente está temeroso de que, si lo otorga, le caería sobre su cuello la guillotina del Tribunal de Disciplina Judicial. Dado que ninguno o al menos no todos habrían sido amparados, sea porque no tenían los recursos para hacerlo o porque el juez no los otorgó, el gobierno podría seguir aplicando la norma aunque violente la Constitución. Consecuencia: mercados negros, caída de la inversión y menor bienestar de los consumidores.
Suponga que se decreta un impuesto que violenta los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, como por ejemplo un impuesto expropiatorio de las herencias. Nuevamente, cada afectado tendría que buscar un amparo. Suponga que los jueces de distrito los otorgan; el gobierno impugna ante un tribunal colegiado que ratifica el amparo. El gobierno lleva el caso ante la SCJN y los ministros, leales al poder y con una “ideología justiciera”, deciden a favor del gobierno. Consecuencia: caída del ahorro, de la inversión y salida de capitales.
