México ya es el séptimo productor mundial de automóviles y una potencia en autopartes, maquinaria y equipo electrónico. Los flujos de inversión requeridos para tal transformación han hecho del obrero mexicano un trabajador calificado y competitivo a nivel mundial. La necesidad de transportar tantas mercancías ha desarrollado una red de caminos y puertos que difícilmente podíamos imaginar hace apenas 20 años.
El fundamento de tal crecimiento en nuestra base de exportación fue la visionaria negociación y firma de 13 acuerdos comerciales con 50 países, siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial a dónde se dirige aproximadamente el 80% de nuestras exportaciones.
Para fortuna de nuestro país, los recientes conflictos geopolíticos y disrupciones en las cadenas de suministro, junto con la cercanía al principal mercado del planeta, han hecho a nuestro país más atractivo para seguir invirtiendo en él como un hub manufacturero.
Todo lo anterior nos haría pensar que México aprovecharía esas ventajas comparativas y competitivas para seguir apuntalando la inversión en este sector tan dinámico. Pero ese no parece ser el caso.
De ser un socio comercial poco conflictivo en donde apenas se utilizaban los mecanismos de arbitraje para resolver controversias, nos convertimos en 2023 en un socio propenso al enfrentamiento que obliga a nuestros inversionistas a recurrir frecuentemente a instancias de arbitraje internacional.
De acuerdo con los registros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Grupo Banco Mundial, de 2017 a 2022 se registraron dos o tres procesos de arbitraje por año, la mayor parte de ellos ya resueltos y concluidos. Sin embargo, para 2023, se abrieron 11 procesos de arbitraje, de los cuales sólo se ha resuelto uno. Las disputas se concentran principalmente en las industrias extractivas y de energía, particularmente en el tema de concesiones. Pero también hay disputas en las industrias de telecomunicaciones, transportes y alimenticias.
No hay una razón que explique claramente por qué se cuadriplicaron los procesos de arbitraje de un año a otro, pero no pueden venir en peor momento. Los ciclos políticos de México y Estados Unidos se unen cada 12 años y 2024 es uno de ellos. La elección en Estados Unidos será tan polémica por los comentarios y ataques que seguramente vendrán contra México como lo fue en 2016. Los arbitrajes podrían verse afectados por procesos políticos en lugar de buscar soluciones técnicas o legales. La retórica pudiera inclusive ser un factor en nuestro propio proceso electoral, lo cual no es positivo para el desarrollo de nuestra democracia.
En 2020 México emitió un decreto restringiendo la importación de maíz transgénico en un plazo de tres años. En 2023 se pospuso la restricción de este tipo de grano para consumo animal y se mantuvo para consumo humano hasta 2025. Aun así, Estados Unidos solicitó la creación de un panel de controversia al no poderse probar un daño a la salud por parte del gobierno mexicano. En marzo de este año se resolverá dicho panel de controversia.
Es muy probable que el resultado no sea favorable para México. De ser así, nuestro país tendría dos opciones: enfrentar las penas pecuniarias cuantiosas que vendrían con tal resolución, o claudicar a la prohibición a la importación y seguir con un dinámico mercado de importación de granos que pudiera inclusive ayudar a crecer nuestra exportación agroindustrial. Esa controversia ya está influyendo en el proceso electoral de Estados Unidos, ya que los granjeros texanos (un estado típicamente republicano) demandaron acción del gobierno federal demócrata un año antes de las elecciones.
Los tratados comerciales permiten establecer reglas claras de operación que difícilmente se pueden cambiar de un gobierno a otro, y todas las partes se obligan a seguirlas en el largo plazo. Las alternativas de resolución de conflicto están ahí para resolver disputas ocasionales. Cuando éstas se vuelven frecuentes, o las reglas nunca fueron claras, o una parte no las está siguiendo al pie de la letra. Caer en lo segundo sería poner en peligro el bienestar de millones de ciudadanos.
De 2017 a 2022 se registraron dos o tres procesos de arbitraje por año, la mayor parte de ellos ya resueltos y concluidos. Sin embargo, para 2023, se abrieron 11 procesos de arbitraje, de los cuales sólo se ha resuelto uno.
*Consultor, socio en Miranda Ratings Advisory.
victor.herrera@miranda-partners.com
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.
Suscríbete a IMEF News
Análisis y opinión de expertos en economía, finanzas y negocios para los tomadores de decisiones.
