Nuevo año, nuevas reglas: cambios legales 

En cuanto al derecho, los cambios se presentan en los ambitos corporativo, civil, fiscal y laboral. El sector financiero tambien presenta trasnformaciones, al igual que los ámbitos de seguridad social y personal, además de temas ambientales.

DERECHO
Derecho corporativo. Se permiten asambleas y sesiones de consejo por medios electrónicos, solo sí los estatutos lo prevén y regulan mecanismos de autenticación, votación y trazabilidad, so pena de nulidad de acuerdos que impactan capitalización, estados financieros y nombramientos.

Las convocatorias de asamblea pueden emitir primera y segunda convocatoria en el mismo documento o por separado, pero deben publicarse en el sistema de la Secretaría de Economía para ser válidas.

Derecho civil. Se consolida la validez de actos jurídicos electrónicos y aumenta la relevancia de la evidencia digital en contratos y operaciones, exigiendo mayor precisión contractual y mejor gestión de medios probatorios electrónicos.

Derecho fiscal. Se puede negar la inscripción al RFC de personas morales si representantes legales, socios o accionistas están en listados del artículo 69-B, lo que obliga a reforzar la debida diligencia en la integración accionaria.

El paquete fiscal 2026 obliga a prestadores de servicios digitales a otorgar acceso permanente y en tiempo real a operaciones y bases de datos relevantes, garantizando trazabilidad e integridad, pero también protección de datos; las sanciones incluyen bloqueo temporal del servicio.

Se prohíbe exigir Cédula o Constancia de Situación Fiscal para emitir CFDI, se incrementa el IEPS para productos con alto contenido calórico e incluso videojuegos violentos y se adoptan esquemas de retención simplificada de ISR e IVA para plataformas digitales y Fintech.

Se crea el concepto de CFDI falso que obliga a extremar el cuidado en su emisión, en el manejo de impuestos y en la acreditación de materialidad y razón de negocios de las operaciones, bajo riesgo de sanciones graves.

Se acota la viabilidad de defensa fiscal, al exigir con mayor frecuencia la garantía del interés fiscal desde el recurso de revocación y restringir el acceso al juicio de amparo a etapas avanzadas del procedimiento.

Derecho laboral. Con la “Ley Silla” se obliga a proporcionar asientos de descanso cuando la naturaleza de las funciones lo requiera y a ajustar reglamentos internos, con sanciones aproximadas de 56 mil a 5.6 millones de pesos.

Se reconoce la relación laboral subordinada entre plataformas digitales y trabajadores que perciban al menos un salario mínimo mensual, con seguridad social integral, prestaciones mínimas de ley y seguros de riesgos de trabajo.

La NOM-037 regula el teletrabajo exigiendo provisión de equipos, pago de servicios, verificación del domicilio y respeto al derecho a la desconexión, con multas de 250 a 5,000 UMAs por trabajador afectado.

El salario mínimo aumenta a doble dígito a nivel nacional y en frontera norte, buscando capacidad de compra de varias canastas básicas, pero con riesgo de presiones inflacionarias y mayores costos laborales.

SECTOR FINANCIERO
Títulos de crédito. Se moderniza la regulación de títulos de crédito emitidos por medios electrónicos, ópticos o equivalentes, imponiendo requisitos mínimos de seguridad para garantizar integridad de datos, autenticidad y trazabilidad completa de transacciones. El riesgo es la nulidad de las operaciones y sanciones de hasta 5 millones de pesos, además de responsabilidad civil por daños.

Criterios contables. El regulador financiero permite criterios contables especiales en situaciones extraordinarias como desastres, pero mantiene altos estándares de capitalización, gobierno corporativo y cumplimiento antilavado, para bancos y Fintech.

Antilavado. La reforma a la Ley Antilavado incrementa umbrales de actividades vulnerables y exige sistemas que detecten y reporten en menos de 24 horas interacciones con personas incluidas en listas negras.

Fintech. Deben contar con sistemas estrictamente interoperables y todas las sociedades mercantiles deben identificar, documentar y mantener actualizada la información del beneficiario controlador. Las sanciones por cumplimiento parcial o incumplimiento van de 100 mil a 10 millones de pesos, con posibles suspensiones de operaciones, revocación de autorizaciones y daño reputacional.

Protección al consumidor. Se exige total transparencia en comercio electrónico y publicidad, incluyendo precios finales con impuestos, información verificable y procesos de devolución claros. Además, se refuerzan garantías mínimas, compensaciones obligatorias por incumplimientos y la redacción clara de contratos de adhesión, con sanciones altas y riesgo reputacional significativo.

SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL
Registro biométrico. Se incorpora el uso obligatorio de registro biométrico vía IMSS Digital para el pago de subsidios por incapacidad, exigiendo que las empresas apoyen a sus trabajadores en el cumplimiento de este requisito.

Datos personales. Se endurece el régimen de la Ley de Datos Personales, ampliando el universo de sujetos obligados tanto a quienes deciden sobre el tratamiento como a quienes los procesan. Para ello se requiere consentimiento expreso previo documentado (salvo datos básicos), avisos de privacidad integrales, controles de confidencialidad obligatorios y supresión de datos en plazos definidos.

Las sanciones pueden alcanzar hasta 10 millones de pesos por infracción, con multas diarias adicionales, demandas colectivas y posibles responsabilidades penales, bajo un esquema de responsabilidad solidaria.

Jornada laboral. Existe una iniciativa para reducir la jornada laboral mediante cambios a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo implicará ajustes sensibles en turnos, costos y productividad. Además, la evisión y posible renegociación del TMEC trasladará nuevos requerimientos y costos de cumplimiento a empresas mexicanas insertas en cadenas de valor regionales.

AMBIENTAL
Anticontaminación. Se incrementa la supervisión del cumplimiento de límites de contaminación, planes de gestión de residuos peligrosos y la reducción mínima de 22% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto de 2020. Las sanciones van de 100 mil a 50 millones de pesos, con posible clausura temporal o definitiva.

Los estándares europeos (CSRD/ESRS) impactarán a empresas mexicanas integradas en cadenas globales al requerir reportes de sostenibilidad, inventarios de emisiones y análisis de doble materialidad, además de reforzarse obligaciones de bienestar animal y el riesgo reputacional por maltrato.

Ley de Aguas Nacionales. La reforma a esta ley incrementará costos operativos para empresas de todos los sectores al endurecer las reglas de uso y descargas.

¿REACTIVO O PROACTIVO?
El cumplimiento normativo proactivo y transversal debe integrarse en la estrategia central de la empresa mediante auditorías internas, actualización normativa continua, inversión tecnológica y fortalecimiento del gobierno corporativo, como diferencia entre resiliencia y vulnerabilidad empresarial.