El clima también compite por el capital

La COP31 es la 31.ª edición de la Conferencia de las Partes, la reunión anual de los países que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático donde este año la discusión central es financiera: cuánto deben aportar los países desarrollados, qué papel corresponde al capital privado y qué recursos deben llegar como donaciones. Es importante porque los compromisos climáticos necesitan dinero y conseguirlo es el punto álgido.

Por Delia Paredes Mier

En la COP se negocia cómo reducir emisiones, adaptarse al calentamiento global y financiar ambas tareas. Este año se celebra en Antalya, Turquía, que preside la cumbre, mientras Australia conduce las negociaciones formales. En la cumbre de líderes previa se anunciaron iniciativas sobre metano y financiamiento preventivo, pero dejó pendiente quién pagará y en qué condiciones.

EL DEBATE VIENE DE LEJOS

En 2009, durante la COP15 de Copenhague, los países desarrollados se comprometieron a movilizar 100 mil millones de dólares anuales para 2020. Según la OCDE, la meta se alcanzó en 2022, dos años tarde, con 115.9 mil millones.

En la COP29 de Bakú, en 2024, se acordó elevarla a por lo menos 300 mil millones anuales para 2035, con los países desarrollados a la cabeza. También se planteó movilizar 1.3 billones anuales de fuentes públicas y privadas.

Pero estas metas llegan en un entorno de restricciones fiscales y competencia por el capital. La deuda pública elevada reduce el margen de muchos gobiernos, mientras la seguridad energética, la política industrial y las tensiones comerciales convierten la inversión en energía e infraestructura en una cuestión geoeconómica. Los países no solo buscan reducir emisiones: quieren atraer inversiones, asegurar suministros y fortalecer industrias estratégicas.

La competencia es desigual. Según la Agencia Internacional de Energía, más del 70% de la inversión energética mundial de 2026 se concentra en economías avanzadas y China. El resto de las economías emergentes y en desarrollo recibe menos del 30%, aunque alberga aproximadamente dos tercios de la población mundial.

El capital no fluye necesariamente hacia donde más se necesita: responde a la rentabilidad esperada, el riesgo soberano, la estabilidad macroeconómica y la certidumbre regulatoria.

En este contexto cobran importancia los bonos verdes y sostenibles, instrumentos de deuda que permiten a gobiernos y empresas financiar objetivos ambientales, sociales o ambos. Como cualquier bono, obligan al emisor a pagar intereses y devolver el principal.

La diferencia es el compromiso de asignar un monto equivalente al obtenido a gastos o proyectos elegibles y reportar su uso. Pueden ampliar la base de inversionistas, vincular el financiamiento con prioridades de desarrollo y mejorar la transparencia.

Pero la etiqueta no elimina el riesgo crediticio ni garantiza tasas más bajas. Ninguna clasificación ambiental sustituye la disciplina fiscal o la credibilidad institucional. La pregunta es qué aportan estos instrumentos más allá de identificar el destino de los recursos.

MÉXICO, UN CASO ILUSTRATIVO

En septiembre de 2020, Hacienda colocó su primer bono soberano vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por 750 millones de euros. Hasta febrero de 2026, el programa acumulaba 25 emisiones equivalentes a 34.5 mil millones de dólares, en cuatro monedas. Su participación en las emisiones de deuda en moneda extranjera aumentó de 1.1% en 2020 a 11.2% en 2024.

Sin embargo, el avance más significativo no es solo el volumen. En enero de 2026, Hacienda actualizó su Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible e incorporó la Taxonomía Sostenible de México que introduce criterios para clasificar gastos como elegibles, parcialmente alineados o alineados con objetivos ambientales y sociales. Es un paso hacia una evaluación más rigurosa del destino del financiamiento, aunque la clasificación no demuestra por sí sola resultados.

Las cifras revelan también las prioridades. Para 2026, Hacienda identificó 840 mil millones de pesos de gasto sostenible elegible: 83.8% social y 16.2% ambiental. El programa financia objetivos amplios de desarrollo sostenible, no exclusivamente la transición climática.

Desde una perspectiva fiscal, etiquetar deuda no crea espacio presupuestario ni asegura inversión adicional: puede financiar gastos ya previstos. Para juzgar su contribución hay que distinguir colocaciones, asignaciones y resultados.

La experiencia mexicana muestra que estos bonos pueden integrarse a la administración de la deuda y diversificar instrumentos y fuentes de financiamiento. Si además abaratan el crédito es una cuestión empírica: exige comparar rendimientos de emisiones semejantes, con y sin etiqueta, bajo condiciones equivalentes.

El éxito no debe medirse únicamente por cuánto se coloca, sino por la transparencia, el destino y los efectos de los recursos.

UN PROBLEMA DE ASIGNACIÓN DE CAPITAL Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

La lección para Antalya tiene un límite. México accede regularmente a los mercados internacionales; otros países vulnerables enfrentan crédito caro o acceso restringido. Para ellos, las garantías, las donaciones y los préstamos concesionales siguen siendo esenciales, sobre todo cuando la adaptación produce beneficios sociales sin ingresos suficientes para pagar deuda.

El financiamiento climático es, al final, un problema de asignación de capital y distribución de riesgos. Los bonos sostenibles ayudan a conectar objetivos de largo plazo con los mercados, pero no reemplazan los recursos públicos ni corrigen por sí solos las desigualdades en el acceso al crédito.

El desafío no es solo movilizar más dinero: es financiar proyectos cuyos beneficios sociales exceden los rendimientos que puede capturar el inversionista.

*Analista Económico

Profesor

X: @deliyo

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.

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