La trampa redistributiva, ¿por qué los mexicanos no están dispuestos a contribuir más?

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos en una escala de 0 a 1, ronda 0.5 en México, cifra superior a la de Argentina (0.42), Chile (0.44) o Uruguay (0.40). Más aún, cuando se corrigen los problemas de subreporte del ingreso de los más ricos, quienes tienden a declarar menos de lo que perciben, los niveles de desigualdad real resultan aún mayores que los que reportan las cifras oficiales.

Esa realidad es el punto de partida del libro Redistribución: cómo entendemos la desigualdad para lograr un nuevo pacto social (2026) que pretende explicar por qué persiste la brecha entre la desigualdad observada y la demanda redistributiva, y qué condiciones podrían acercar a México a un nuevo pacto social entre ciudadanos y Estado.

Aurora A. Ramírez Álvarez (coautora) hizo una reseña del libro en el boletín del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual aquí se presenta resumen.

LOS HECHOS
A la desigualdad de ingresos se suma la de oportunidades igualmente relevante. Investigaciones recientes estiman que alrededor del 48% de la desigualdad total en México puede atribuirse a factores fuera del control individual, como la familia en la que se nace, la región del país donde se crece o el tono de piel.

Esto quiere decir que en México el esfuerzo personal explica menos de la mitad de la posición económica que alguien llegará a tener a lo largo de su vida y, a diferencia de lo que se observa en muchos otros países, los habitantes de México sí perciben con relativa precisión el nivel de desigualdad existente. No la subestiman. Por lo tanto, el problema no radica en la percepción de la desigualdad, sino en qué puede hacer el Estado al respecto.

Además, los mexicanos reconocen la injusticia del sistema actual. De acuerdo con resultados de encuestas, 67% cree que los pobres ganan menos de lo que deberían y 45.4% prefiere la igualdad sobre la libertad individual como valor social.

La desconfianza hacia el Estado es profunda: solo 5.4% de los encuestados se declaró satisfecho o muy satisfecho con la manera en que se ejerce el gasto público en el país. En promedio, se estima que el 54.5% de los recursos fiscales se malgastan y que de ese monto el 45.8% se destina a la corrupción.

La desconfianza se traduce en escepticismo sobre la utilidad de contribuir más. Incluso bajo el supuesto hipotético de que se eliminaran el malgasto y la corrupción, solo 15.9% cree que aumentar los impuestos mejoraría su bienestar personal y 15.6% lo considera necesario para resolver los problemas de pobreza y desigualdad del país.

El resultado sugiere que los mexicanos quieren igualdad, pero no creen que pagar más impuestos al Estado que conocen sea el camino para obtenerla.

Esa percepción tiene consecuencias directas para el diseño de política tributaria. En la literatura especializada se ha documentado que detrás de la voluntad de pagar impuestos existe un pacto social implícito, en el que las obligaciones tributarias de los ciudadanos van acompañadas de ciertas responsabilidades del Estado, como la seguridad de la que los mexicanos (6.6%) se muestran satisfechos o muy satisfechos.

EL SISTEMA FISCAL QUE LOS MEXICANOS DESEAN
A pesar de la aversión a pagar más impuestos, los mexicanos tienen claras preferencias redistributivas cuando se les pregunta cómo debería ser el sistema fiscal. Los resultados muestran:

Amplio consenso en favor de la progresividad: la tasa impositiva que los encuestados consideran justa para las personas ricas es de 40.8%, mientras que la tasa deseada para personas de ingresos medios es de 22.3% y para personas pobres, de 14.5%.

Estarían dispuestos a pagar 2.3 puntos porcentuales más en impuestos si se garantizara que los ricos incrementaran su carga fiscal al 60% de sus ingresos.

Cuando se informa que los ricos evaden menos, es decir, cumplen con mayor rigor con sus obligaciones fiscales, la disposición a pagar impuestos aumenta.

De lo anterior se observa que construir un consenso fiscal en México requiere, como condición necesaria, que los grupos de mayores ingresos paguen tasas más altas y que las cumplan efectivamente.

Este patrón es consistente con lo que en la literatura se conoce como cooperación condicional: las personas tienden a contribuir al financiamiento de bienes públicos en la medida en que perciben que los demás también cooperan.

LAS ÉLITES Y LA NARRATIVA SOBRE EL MÉRITO
A través de entrevistas a funcionarios públicos de alto nivel de los tres órdenes de gobierno, los autores encontraron que las élites políticas reconocen que la desigualdad en México es elevada e inaceptable. No obstante, también emerge una desconfianza en la capacidad del Estado para redistribuir eficazmente, lo que genera una suerte de parálisis en la propia oferta de políticas públicas.

A esto se suma la creencia en la meritocracia. En México, la mayoría de las personas sigue pensando que el trabajo duro es la principal vía para el éxito económico, más que la suerte o las conexiones.

Si bien esta creencia es comprensible, tiene una consecuencia política importante: cuando el éxito se percibe como resultado del mérito individual, la demanda de redistribución tiende a ser menor, pues la desigualdad se interpreta como un reflejo justo de esfuerzos diferenciados.

Los hallazgos del libro dibujan un escenario coherente. Los mexicanos quieren una sociedad más igualitaria, tienen preferencias redistributivas progresivas y, bajo ciertas condiciones, estarían dispuestos a contribuir más al erario.

Pero esas condiciones no se han cumplido: la calidad del gasto público es percibida como deficiente, la evasión de los grupos de mayores ingresos como generalizada, y la capacidad del Estado para transformar recursos fiscales en bienestar como insuficiente.

En este contexto, construir el nuevo pacto fiscal que México necesita requeriría actuar simultáneamente en varios frentes:

1. Recaudación. Reducir la brecha entre la tasa efectiva que pagan los grupos de altos ingresos y la que la sociedad considera justa es una condición necesaria para restaurar la legitimidad del sistema impositivo.

2. Gasto. Mejorar de manera visible la calidad de los servicios públicos podría cambiar la percepción de reciprocidad entre los ciudadanos y el Estado.

3. Narrativa. Reconocer que la desigualdad en México no es principalmente resultado de diferencias de mérito o esfuerzo, sino de estructuras que reproducen la ventaja y la desventaja de generación en generación.

La pregunta que queda abierta no es solo cuánto recaudar sino cómo hacerlo de manera que los ciudadanos lo perciban como legítimo y justo, condición que, como muestra la evidencia del libro, pasa necesariamente por reducir la evasión en la cima de la distribución.