La pandemia sigue demostrando lo vulnerable que es el ser humano en el tema de salud y el gran peligro de desequilibrio patrimonial en la economía de muchas familias, porque un accidente o una enfermedad pueden ocasionar un quebranto financiero de importancia, del cual no puedan salir en muchos años.
En el caso concreto de un grave problema de salud, las familias no tienen mucha opción, ya que la gran mayoría de los ciudadanos hacen frente a estos gastos directamente de su presupuesto mensual, afectando sus finanzas personales drásticamente.
Las alternativas ante un caso de accidente o enfermedad de importancia son disponer de un seguro privado de gastos médicos, pero solo aproximadamente el 10% de los mexicanos puede contar con esa protección. Otra opción es utilizar los servicios públicos de salud, de manera directa el IMSS, ISSSTE y algunas otras instituciones federales o estatales, las cuales cada vez tienen muchas más limitaciones y cuyas citas para atención médica se retrasan por meses y donde no cuentan, ni siquiera, con los mínimos insumos médicos requeridos; la tercera opción es hacer frente a esas contingencias con los llamados gastos de bolsillo, los que impactan directamente y de manera muy importante, a la economía familiar.
Ante el costo de los seguros médicos privados y el escaso y mal financiamiento del sistema público de salud, resulta que una obligación del Estado mexicano y un derecho constitucional como lo es la seguridad social recae ahora en el presupuesto de las familias mexicanas. Es decir, ante la evidente crisis del sistema de salud pública y la falta de financiamiento para infraestructura, equipos e insumos médicos —lo cual es absolutamente aberrante e injusto—, la familia se ha convertido en la institución de seguridad social más importante del país; en lugar de ser la beneficiaria de esa seguridad social se ha vuelto la financiadora de ésta.
Mientras el financiamiento gubernamental a la seguridad social no sea el adecuado o se utilice para otros fines, y las políticas públicas no sean congruentes entre el decir y el actuar, el sustento financiero del sistema de salud seguirá recayendo en el bolsillo de las personas y, por lo tanto, generando que muchas familias quiebren financieramente.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) a través de su Comité Nacional de Seguridad Social, no solamente ha analizado este caso junto con diversas instituciones y especialistas del sector salud, sino que ha generado propuestas, tanto para que el financiamiento de la seguridad social se utilice abiertamente para ello, es decir para pensiones, educación, salud, trabajo y vivienda, como también para que las políticas públicas sean congruentes para apoyar a las personas que más lo necesitan, acorde con la visión social que el IMEF tiene y que ha impulsado desde hace varios años.
Mientras el financiamiento gubernamental a la seguridad social no sea el adecuado o se utilice para otros fines, y las políticas públicas no sean congruentes entre el decir y el actuar, el sustento financiero del sistema de salud seguirá recayendo en el bolsillo de las personas y, por lo tanto, generando que muchas familias quiebren financieramente, al tener que adquirir deudas interminables a través de los años.
A manera de ejemplo, la pandemia generó gastos promedio por paciente en atención médica privada de casi 450,000 pesos, llegando en el peor de los casos hasta los 50 millones de pesos en situaciones de complicaciones por comorbilidad. Las personas que pudieron utilizar pólizas de seguro privado tuvieron ese beneficio; sin embargo, muchos otros tuvieron que utilizar los escasos y limitados servicios públicos o pagar a los hospitales o clínicas privadas de su propio presupuesto familiar y es más que claro, ante los montos mencionados, que muchas familias se han sobregirado y han quedado con un fuerte quebranto en sus finanzas que ni vendiendo sus casas podrán cubrirlo.
Es por eso la gran importancia de la Seguridad Social, la cual constitucionalmente debe ser la garantía por parte del Estado del sólido respaldo de las familias para casos de accidentes o enfermedades y convertirse en una solución frente a los diversos riesgos y contingencias a los que la sociedad mexicana está expuesta y para lo que fueron creadas diversas instituciones como el IMSS o ISSSTE, entre muchas otras.
Es imperativo y urgente que la Seguridad Social se aplique, que su financiamiento sea real y suficiente y que llegue a todos los mexicanos en equipo médico, medicamentos, laboratorios, capacitación y apoyo a personal médico y a toda la infraestructura en salud que nuestro país necesita y asimismo, que las políticas públicas en este ámbito se conviertan en una práctica real para proteger y ayudar a las familias y dejen de ser la retórica electoral en la que se han convertido.
Mientras la seguridad social siga recayendo en el presupuesto de las familias y el Estado no cumpla con esta obligación, la población seguirá sufriendo las consecuencias afectando, desafortunadamente, de manera más fuerte y de más largo plazo, a las personas más pobres del país y seguir ocasionando muchos fallecimientos que pueden evitarse, teniendo con ello mayores afectaciones en la protección de las familias más vulnerables del país.
