La primera gran prueba del TMEC: revisión y fricciones en busca de certidumbre

México llega a esta revisión desde una posición dual. Por un lado, ha sido uno de los principales beneficiarios del reacomodo de cadenas productivas en América del Norte. La primera ola de nearshoring, aunque de manera aún limitada, impulsó exportaciones manufactureras, particularmente en sectores vinculados a equipo de transporte, dispositivos electrónicos y bienes intermedios (insumos que se incorporan a otros procesos productivos, como autopartes, componentes electrónicos o piezas industriales). Por otro lado, el entorno se ha vuelto más restrictivo: Estados Unidos ha incrementado la utilización de instrumentos arancelarios y regulatorios, y la política comercial ha adquirido un carácter más estratégico y menos liberalizador.

En este marco, el TMEC pasa de ser únicamente un acuerdo de libre comercio a convertirse también en un mecanismo de gobernanza económica regional bajo escrutinio constante.

LA CLÁUSULA “SUNSET” Y LA ARQUITECTURA DEL RIESGO
El diseño institucional del tratado incorpora una cláusula de revisión sexenal que obliga a las tres partes a evaluar su funcionamiento. En 2026 deberá definirse si el acuerdo se extiende por un periodo adicional de 16 años o si entra en un esquema de revisiones más frecuentes. El riesgo central no es una terminación abrupta, sino la posibilidad de que el tratado transite hacia un régimen de revisiones anuales o negociaciones recurrentes que introduzcan un componente estructural de incertidumbre.

Desde una perspectiva financiera, la estabilidad del marco comercial es un determinante clave de decisiones de inversión de largo plazo. La manufactura integrada de América del Norte requiere horizontes previsibles. Un esquema de renegociación recurrente podría elevar la prima de riesgo implícita en proyectos intensivos en capital, afectar flujos de inversión extranjera directa y, en ausencia de otros factores, reflejarse en mayores niveles de riesgo soberano, tanto de mercado como desde el enfoque de las agencias calificadoras.

ÁREAS DE FRICCIÓN: ENERGÍA, TECNOLOGÍA Y MINERALES ESTRATÉGICOS
Las tensiones que rodean la revisión del TMEC no se limitan al terreno arancelario. El mapa de fricciones está claramente documentado en el National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que identifica preocupaciones específicas en energía, agricultura, regulación sanitaria, telecomunicaciones, servicios financieros y minería. Este documento no es retórico: suele anticipar los ejes que posteriormente se traducen en consultas formales, paneles o presiones en la mesa de negociación.

Uno de los frentes más relevantes es el tecnológico. El capítulo de comercio digital del TMEC fue innovador en 2020, pero hoy resulta insuficiente ante la aceleración de la inteligencia artificial (IA). Como se ha argumentado en análisis recientes sobre la dimensión digital del tratado, Estados Unidos busca elevar la IA a categoría estratégica dentro del acuerdo, promoviendo estándares trilaterales de interoperabilidad, libre flujo de datos y protección reforzada de propiedad intelectual.

El trasfondo es doble. Por un lado, Washington pretende evitar medidas de localización de datos o impuestos digitales que fragmenten el mercado regional. Por otro, busca consolidar un modelo regulatorio alineado con sus intereses tecnológicos. En el lenguaje comercial, “integración digital” implica también homogeneización normativa.

Para México, el dilema no es menor. Alinear estándares puede facilitar inversión tecnológica y acceso a plataformas, pero también limita el margen de política industrial digital. Además, la dimensión laboral no puede ignorarse: la integración digital regional ocurre en paralelo a una reconfiguración del empleo derivada de la automatización. La revisión del TMEC podría institucionalizar la integración algorítmica de la región antes de que exista una discusión suficiente sobre su impacto distributivo.

Un segundo frente estratégico es el de los minerales críticos. Lo que comenzó como una disputa sobre soberanía y concesiones se está transformando en un eje de cooperación industrial. México y Estados Unidos han establecido un grupo de trabajo para delinear un Plan de Acción sobre Minerales Críticos con miras a llegar a la revisión de 2026 con reglas claras que incentiven inversión sin comprometer las leyes nacionales.

El giro es significativo. Los minerales críticos ya no se entienden solo como insumos extractivos, sino como el corazón industrial de Norteamérica: baterías, vehículos eléctricos, semiconductores y tecnologías de defensa dependen de ellos. México es el tercer exportador de minerales críticos hacia Estados Unidos, con una participación cercana a 7%, detrás de Australia y Canadá. Sin embargo, enfrenta limitaciones en inventario y capacidad de procesamiento.

La relevancia de este tema en la revisión es evidente. El USTR ha señalado preocupaciones sobre nacionalización de litio, restricciones a la participación privada y certidumbre jurídica. Estas tensiones pueden convertirse en puntos de negociación directa bajo las disciplinas de inversión y acceso a mercado del tratado.

Al mismo tiempo, el sector ofrece una oportunidad estructural. Integrar a México de manera más profunda en la cadena de suministro regional de minerales podría atraer inversión, elevar productividad y fortalecer la posición externa del país. En un entorno de transición energética y fragmentación geopolítica, estos insumos adquieren un valor macroeconómico estratégico. La clave será ofrecer reglas claras y estabilidad regulatoria suficientes para detonar infraestructura eléctrica y logística, sin erosionar la soberanía legal interna.

Adicionalmente, el frente energético sigue siendo el más sensible. Las controversias en torno al trato a empresas estatales y condiciones de competencia han sido objeto de consultas formales bajo el tratado. Sin embargo, el debate no es exclusivamente jurídico, también es industrial.

Estados Unidos ha promovido reglas de contenido regional más estrictas, particularmente en el sector automotriz, con el objetivo de fortalecer cadenas productivas norteamericanas frente a Asia. Este endurecimiento requiere insumos energéticos competitivos y confiables. Aquí emerge un trade-off: texto una política energética con fuerte énfasis estatal puede entrar en tensión con la necesidad de atraer capital y tecnología para expandir generación eléctrica, particularmente limpia.

Si la región busca consolidar cadenas de valor en vehículos eléctricos y manufactura avanzada, la disponibilidad de energía suficiente y a precios competitivos será determinante. Un esquema con reglas de origen más exigentes, pero con infraestructura energética limitada puede erosionar la ventaja comparativa regional. En ese sentido, la discusión energética no solo es un punto de fricción legal, sino un elemento estructural que condiciona la viabilidad industrial del bloque.

DE LA INTEGRACIÓN AUTOMÁTICA A LA REGIONALIZACIÓN ESTRATÉGICA
El comercio norteamericano ya no se inscribe en una lógica de apertura irrestricta, sino en una estrategia de regionalización defensiva frente a terceros países, particularmente China. Esto implica que el TMEC puede fortalecerse como bloque productivo, pero bajo reglas más estrictas de origen, supervisión y cumplimiento regulatorio.

Para México, el desafío consiste en equilibrar dos dimensiones: mantener su atractivo como plataforma exportadora y preservar un entorno institucional que otorgue certidumbre a la inversión. La interacción entre política comercial y percepción de Estado de derecho se vuelve más relevante en este contexto. Las decisiones regulatorias internas pueden amplificar o mitigar las tensiones externas.

IMPLICACIONES MACROFINANCIERAS
Aunque el comercio bilateral continúa dinámico y México ha ganado participación en el mercado estadounidense, la revisión del TMEC introduce un componente de riesgo prospectivo. No se trata de una amenaza inmediata de ruptura, sino de la configuración futura del régimen de certidumbre regional.

Un escenario base contempla la extensión del tratado con ajustes acotados y mayor supervisión sectorial. Un escenario de mayor fricción implicaría revisiones recurrentes y presión sobre sectores específicos, con efectos indirectos sobre expectativas de inversión, tipo de cambio y percepción de riesgo país.

Para el sector financiero y empresarial, la clave no radica en anticipar una cancelación del acuerdo, sino en evaluar cómo evolucionará la estabilidad institucional que sustenta la integración productiva de América del Norte.

CAMINO CON BIFURCACIÓN
La revisión del TMEC no definirá únicamente la vigencia formal del acuerdo, sino el grado de certidumbre bajo el cual operará la inversión regional durante la próxima década. En un mundo caracterizado por fragmentación comercial y competencia estratégica, el tratado puede consolidarse como instrumento de regionalización norteamericana o convertirse en un mecanismo sujeto a revisión permanente.

El desenlace dependerá tanto de la voluntad política de las partes como de la capacidad de mantener reglas claras y previsibles. Para México, el reto es claro: capitalizar su posición estratégica dentro de América del Norte sin erosionar las bases institucionales que sustentan su integración.