La tormenta perfecta de 2026 y cómo evitarla

Estamos cocinando una tormenta perfecta en México para 2026. No por eventos naturales sino por decisiones políticas desafortunadas. Ese año bien podría conjuntarse la pérdida del grado de inversión por una falta de disciplina fiscal y la implementación de reformas que inhiben la inversión, así como una posible exclusión de México en el TMEC. ¿Cómo sería nuestro país en esa situación?
Por Víctor Manuel Herrera
Muchos recordamos una película del año 2000 con el mismo nombre que narra hechos reales ocurridos en 1991. Unos pescadores zarpan al Atlántico Norte en una última ronda de pesca antes que acabe la temporada, a pesar de advertencias de que encontrarían mal clima en su trayecto. Los pescadores tomaron riesgos innecesarios, tanto para ellos como para los que trataron de rescatarlos con un triste desenlace.

Podemos encontrar ciertos paralelismos con la situación actual de México. Durante los primeros cinco años del sexenio –con una pandemia afectando a todo el planeta– el gobierno actuó con cierta prudencia y mantuvo déficits fiscales que contribuyeron a una relativa estabilidad económica, aun cuando no se estimuló a la economía mientras otros países sí lo hacían.

Se sacrificó el crecimiento por no aumentar el apalancamiento del país, pero en el sexto año de gobierno se tomó la decisión de prácticamente duplicar el déficit, principalmente a través de subsidios y transferencias a la población en año electoral y en inversión física para avanzar en las obras insignia. Sin embargo, a pesar del gasto gubernamental, la economía está creciendo a un bajo ritmo en 2024 y el nuevo gobierno enfrenta un reto fiscal de gran magnitud.

DOS OPCIONES
Para no comprometer la salud de las finanzas públicas durante el sexenio que inicia y disparar acciones de calificación a la baja por parte de las calificadoras, el nuevo equipo de gobierno tiene que tomar la decisión entre frenar la actividad económica al recortar el gasto en aproximadamente un billón de pesos o seguir aumentando la deuda que ya se aproxima a una cifra récord de un billón de dólares.

La segunda opción trae consecuencias de degradaciones a la calificación crediticia, con el riesgo de perder el grado de inversión en un par de años, lo cual detonaría una venta masiva de títulos mexicanos por parte de inversionistas extranjeros y una depreciación significativa de la moneda, tal como ocurrió con Brasil en 2015.

Además, durante el verano se promovieron reformas constitucionales que pudieran afectar la seguridad jurídica de las inversiones de nacionales y extranjeras en el futuro. La primera en aprobarse fue la reforma judicial que busca elegir a casi siete mil jueces por voto popular, entre ellos los de las cortes superiores. Con decenas de miles de candidatos nombrados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, controlados por el partido en el poder, es factible que los nuevos jueces respondan a los intereses de quienes los seleccionaron, tal como ocurre en Bolivia, el único país en el mundo que elige a la Suprema Corte por voto popular.

SOS
Actualmente hay varios proyectos en litigio que probablemente pierda México en cortes y paneles comerciales tales como el de BlackRock con CFE por 600 millones de dólares; los proyectos eólicos que se construyeron con anuencia gubernamental, pero no se les ha dado el permiso de arranque; y la recién expropiada instalación de Calica en Quintana Roo, que cuenta con una demanda superior a los mil millones de dólares en una corte estadounidense.

El peligro de tener jueces que no sean independientes a los intereses del partido en el poder inhibirá la inversión futura, así como está sucediendo en este momento en el que sólo han ingresado 900 millones de dólares de inversión extranjera nueva este año, después de una cifra disminuida de 4 mil 800 millones de dólares (mdd) de inversión nueva en 2023.

Adicionalmente, hay iniciativas que pretenden desaparecer a los organismos reguladores autónomos para hacerlos dependientes del poder Ejecutivo. Esta reforma es claramente violatoria del TMEC, nuestro tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el cual se perfila para su refrendo o extinción (con un periodo de salida) en el verano de 2026.

Con litigios actuales, perspectiva de violación futura del tratado y un déficit comercial con China de 90 mil mdd que estamos financiando con un superávit comercial con Estados Unidos por 160 mil mdd (todo en un año político en nuestro vecino el norte) es evidente que la discusión sobre la permanencia de México en el TMEC será candente durante 2025.



UN FUTURO QUE NO QUEREMOS
Es así como estamos cocinando nuestra propia tormenta perfecta en México para 2026. No por eventos naturales como en la película citada, sino por decisiones políticas desafortunadas. Ese año bien podría conjuntarse la pérdida del grado de inversión –por una falta de disciplina fiscal y la implementación de reformas que inhiben la inversión–, así como una posible exclusión de México en el TMEC.

Resulta fácil visualizar a la economía mexicana en esa situación. Durante la pérdida de grado de inversión, el real brasileño sufrió una depreciación de 80%. La economía brasileña se contrajo 30% sólo por ese hecho, y por una continua falta de disciplina fiscal se redujo casi a la mitad. Pero el mayor golpe estructural para México vendría de una expulsión del TMEC. México dejaría de exportar 500 mil mdd libres de arancel a los Estados Unidos y Canadá. Bajo ese escenario, el peso tendería a depreciarse aproximadamente por el mismo porcentaje de aranceles que se impondrían a las exportaciones mexicanas.

Si se llegara a mantener el tratamiento de “nación más favorecida” sería un arancel de menos del 5%, pero el incentivo de invertir en México desaparecería y la inversión colapsaría a un nivel similar al que vimos a finales de la década de los 80 o principios de la de los 90 antes de la firma del TLCAN. Estaríamos sujetos a cuotas de exportación y tendríamos que limitar las importaciones para contener el déficit comercial. La ventaja comparativa de México sería nuevamente mano de obra barata, generada por una profunda depreciación del peso, provocando una alta inflación. El poder adquisitivo de la población caería sustancialmente.

Y no hay que olvidar que ya no tendremos petróleo para vender porque se va a destinar a refinar ineficientemente en México. Los últimos grandes commodities serían el cobre y la plata, pero hay otra iniciativa constitucional que pretende acabar con la minería a cielo abierto que representa la mayor parte de la actividad en ese sector.

Ese no es el escenario que queremos para nuestro país, y seguramente la clase política tampoco lo desea. ¿Cómo podemos evitar esta tempestad económica?

AÚN ES TIEMPO…
Sólo han sido aprobadas unas cuantas reformas. La más representativa hasta el momento es la judicial, pero faltan las leyes secundarias y su implementación. Pedirle al elector que pase 5 horas en la casilla para votar a los jueces es destinar la reforma al fracaso porque nadie iría, sólo los enviados por el gobierno. Eso sucede en Bolivia. Se podría empezar con una prueba piloto de algunos jueces a nivel local y dejar la elección de los jueces federales como está hasta que se logre un aprendizaje de cómo manejar las elecciones de jueces sin que tengan conflictos de interés. Así sucede en Estados Unidos.

Y se pueden estudiar más detenidamente las reformas que violan nuestros tratados comerciales. Es indiscutible que los tratados han traído grandes beneficios al país. El reto es llevar ese beneficio al sur de México, no acabar con los tratados.

Durante una generación, México ha definido su vocación como un productor eficiente de manufacturas para exportación al mercado más grande del mundo. Exportamos sólo 9 mil mdd a China, 40% de ellos son cobre. Exportamos más de 500 mil mdd a Norteamérica, siendo 80% manufacturas con mano de obra calificada. Debemos cuidar nuestros tratados comerciales o millones de mexicanos podrían perder su empleo. El trabajador mexicano no merece ser mano de obra barata.

También tenemos que cuidar nuestra calidad crediticia y nuestro grado de inversión. Es la diferencia entre colocar deuda a tasa fija a 30 años o fondearnos a máximo tres años a tasa flotante como lo hacíamos a principios de los 90, lo cual abre la puerta a problemas de liquidez.

Finalmente, debemos dejar de ser un socio comercial conflictivo y solucionar las diferencias actuales con nuestros socios comerciales. Exportamos más o menos la misma cantidad a los Estados Unidos que Canadá, pero los canadienses han sido muy cuidadosos al administrar su superávit comercial en un nivel razonable que no origine quejas de políticos americanos. México ha fallado en ese frente al tener un superávit comercial de más del doble del que tienen los canadienses con Estados Unidos.
*Consultor, socio en Miranda Ratings Advisory.
Mail: victor.herrera@miranda-partners.com
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