El impulso de modelos de desarrollo basados en una economía de libre mercado permitió durante los últimos treinta años y hasta mediados de la década pasada un período prolongado de crecimiento económico a nivel global y en México.

Buena parte de esta expansión se fundamentó en el crecimiento del comercio internacional y en una mayor globalización, entendida como un mundo que se comporta de manera cada vez más homogénea, consumiendo bienes similares y respondiendo a impulsos parecidos. Ello derivado de una producción interdependiente, redes globales de distribución y de una integración tecnológica irreversible a través de las telecomunicaciones y del impacto de la transformación digital en la vida de personas y organizaciones.

La globalización se facilitó por un entorno geopolítico en el cual los principales actores, de manera relevante Estados Unidos, China y Europa, impulsaron fuertemente la expansión de inversiones internacionales para diversificar sus bases de producción, elevar la competitividad de sus productos y ampliar sus mercados. Dicho impulso se dio en el marco de convenios internacionales y de regulaciones nacionales favorables, pero se implementó desde las empresas. La integración de cadenas productivas globales, el desarrollo de la tecnología y las discusiones en los foros multilaterales son los elementos que han tenido mayor incidencia.

Con ello, las economías nacionales se han vuelto componentes de mercados globales, al tiempo que la digitalización de los negocios y de los sistemas de pago (el caso de las criptomonedas, por ejemplo) son fenómenos que ningún gobierno individual puede controlar. Ello ha tenido un impacto profundo sobre el concepto de Estado, de soberanía y sobre la percepción de poder de los gobernantes para incidir en el rumbo de sus países.

En paralelo, el mayor crecimiento no contribuyó a reducir las desigualdades sociales y regionales. México sigue registrando en la actualidad niveles de pobreza y desigualdad inaceptables. La concentración del ingreso también se dio en el resto de América Latina y en economías más avanzadas, incluyendo a Estados Unidos y a países europeos. También generó disparidades en los niveles de desarrollo de las regiones al interior de los países. Todo ello ha llevado a una revisión de la globalización como fenómeno y palanca para el desarrollo por parte de académicos, políticos, empresarios y analistas.

Un ejemplo relevante es el del economista y profesor de la Universidad de Harvard Dani Rodrik, que ha propuesto tres escenarios para el rumbo de la globalización. El primero sería el retorno a la autarquía de los años treinta del siglo pasado, que sería un retroceso y negativo para la generación de bienestar global. Es difícil que se materialice dado el grado de integración que ya tiene la economía internacional, la vinculación tecnológica y los patrones de producción y consumo.

El segundo escenario plantea el desacoplamiento selectivo de la interdependencia por motivos políticos, ya sea a nivel internacional, como el alejamiento entre China y Estados Unidos, o el fortalecimiento del populismo, promoviendo economías más centralizadas y controladas, así como una menor libertad de empresas e individuos, básicamente la política oprime a la economía, como observamos en México.

El tercer escenario plantea el rebalanceo de la globalización hacia una nueva realidad, caracterizada por una economía internacional interdependiente, pero con mayor énfasis en el respeto al medio ambiente y en el desarrollo social.

La ruta más probable parece ser una que integrará elementos del segundo y tercer escenario y plantea para México ventajas muy importantes. La economía mundial se está reorganizando hacia el fortalecimiento de bloques regionales y alianzas multilaterales y nuestro país cuenta con ventajas competitivas tales como una posición geoestratégica privilegiada, una muy importante base industrial y una fuerza laboral competitiva y calificada, entre otras.

El fortalecimiento de la integración con Norteamérica y el aprovechamiento de los beneficios del nearshoring, que se deriva principalmente del reacomodo del segundo escenario, son una oportunidad histórica para elevar el crecimiento económico, como base para la generación de riqueza que sea canalizada a través de mecanismos de impacto social y ambiental positivos.

Pero ello requiere de políticas públicas que sean visionarias y congruentes con la oportunidad. En lugar de estar pensando en cómo desmantelar el Poder Judicial, deben diseñarse e implementarse políticas que promuevan un ambiente propicio para las inversiones de las empresas. Deben también impulsar la productividad a nivel local, para elevar la participación de las comunidades en los frutos del crecimiento. También es fundamental la ampliación de la infraestructura de comunicaciones y energética para poder fabricar y distribuir.