La historia nos ha mostrado que las economías, incluso las más grandes y aparentemente estables, pueden languidecer ante choques severos de larga duración y/o que se traslapan entre sí. Aún más, en tiempos caracterizados por elevada incertidumbre y la presencia cada vez más común de fenómenos disruptivos con consecuencias de largo plazo, promover una economía con instituciones sólidas —pero por naturaleza poco propicias al cambio— y amortiguadores temporales, ya no es suficiente, por lo que surge un nuevo paradigma en el que la resiliencia toma un papel preponderante.

Una economía resiliente es aquella que tiene la capacidad de adaptarse continuamente y asumir nuevos retos ante un entorno cambiante; también de recuperarse con relativa facilidad después de un impacto adverso y resurgir de dicha adversidad renovada. Ser una economía resiliente tiene que ver con establecer políticas que favorezcan la flexibilidad de los procesos económicos que incentiven su reinvención y faciliten la organización de los actores económicos para lograr acciones coordinadas.

Así, en la incesante tarea de asegurar el crecimiento de largo plazo y reducir posibles vulnerabilidades, México debe adoptar una visión renovada que, además de promover políticas económicas que robustezcan su economía, considere la resiliencia como pilar fundamental adicional.

En ese sentido, las políticas económicas para una economía robusta y resiliente son:

1. Asegurar la existencia de reglas del juego claras. Establecer lineamientos para que si las reglas cambian se contemplen los pasos para llevar a cabo una transición ágil y ordenada, y los perjudicados sean compensados bajo condiciones previamente establecidas.

2. Privilegiar un enfoque de mediano y largo plazo. Se trata de plantear objetivos congruentes con una visión de país que (necesariamente) se construye más allá de los ciclos políticos.

3. Crear políticas de coordinación y colaboración entre los distintos actores de la economía, incluidos los sectores público y privado, así como la sociedad civil. Hay que partir de la premisa de que el grado de participación y responsabilidad de cada uno de los actores es variable. Por ejemplo, en unos casos el estado puede corregir fallas de mercado y en otros alinear incentivos.

4. Mantener la autonomía de la política monetaria. Se debe evitar promover acciones e iniciativas que pongan en tela de juicio la autonomía y, en su defecto, acompañarlas de un proceso de discusión con el propio banco central, otros actores públicos, y con la sociedad civil.

5. Dar continuidad y objetividad al ámbito fiscal. Fortalecer los ingresos públicos en todos los niveles del gobierno y realizar acciones que obliguen a repensar la asignación del gasto hacia proyectos económicamente viables o socialmente rentables en el mediano y largo plazo.

6. Promover ventajas del papel de México como una economía abierta en el contexto internacional. Incluye explotar las ventajas comparativas, abrazar las nuevas tendencias de organización comercial y tecnológicas, democratizar los beneficios, mejorar el capital humano y respeto a los acuerdos internacionales.