Por otro lado, esta administración también ha dispuesto de más de 316 mil millones de pesos ahorrados en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales (incluyendo su Reserva) heredados de la anterior administración, que también se han canalizado a sufragar mayores necesidades de gasto público.

De manera adicional, esta administración procedió a cancelar más de 120 fideicomisos del Gobierno Federal, para disponer de sus recursos fideicomitidos y canalizarlos también a sufragar el creciente gasto público, estimándose que por este concepto pudieron disponer de unos 100 mil millones de pesos, también para aplicarlos para propósitos de mayor gasto.

Por último, reiteradamente se dijo que la nueva administración eliminaría la corrupción en el ejercicio del gasto público, y que tan solo esta medida aportaría unos 400 mil millones de pesos que se “recuperarían” para verdaderamente aplicarlos al gasto.

No obstante, esta amplia disponibilidad y crecimiento en los ingresos propios del Gobierno Federal, no ha sido suficiente para sufragar las crecientes necesidades de gasto impuestas por la actual administración, que están aumentando el Gasto Neto Presupuestal en unos tres puntos como proporción del PIB entre 2018 y 2023, de conformidad con el Presupuesto de Egresos presentado.

Tan no han sido suficientes los mayores ingresos propios obtenidos, que los ingresos por financiamientos también han tenido que crecer, y para 2023 ya serán 2.35 veces superiores a los solicitados en 2018, último año del Gobierno anterior.

En efecto, en Ley de Ingresos de la Federación, al final del artículo 1, se consignan los ingresos por financiamientos (léase contratación de más deuda) que se necesitan para completar de pagar el Gasto Neto que se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que en LIF 2018 eran de 501 miles de millones de pesos y para 2023 son de 1,176 miles de millones de pesos, nueva deuda que se tiene que colocar, solo para pagar el déficit presupuestal del sector público federal.

Es decir, en 2018, el 9.5% del gasto neto presupuestal se pagaba con emisión de más deuda, y para 2023, este porcentaje será del 14.2%, no obstante, los “ahorros” derivados de la eliminación de la corrupción, de la “pobreza franciscana” aplicada al gasto, así como de los mayores ingresos propios obtenidos por la presente administración.

De tal suerte, los requerimientos financieros van al alza, aumentando de 2.2% del PIB en 2018, a 4.2% contemplado por Hacienda para 2023, muy por arriba del techo “prudencial” de 3% del PIB.

¿POR QUÉ SE GENERA ESTE DESEQUILIBRIO?
Primero, porque el crecimiento en el gasto no se detiene, y segundo, porque la naturaleza de los mayores ingresos que han obtenido durante estos años, como los recursos del FEIP, los fideicomisos y los créditos en litigio son de naturaleza NO RECURRENTE, mientras que los mayores gastos, principalmente la Pensión Universal, que es el gasto social de mayor cuantía y de mayor crecimiento, que superará los 400 mil millones de pesos para el cierre del sexenio, no solo es RECURRENTE (pagadero año con año) sino también creciente, mientras aumente la población beneficiada.

Ante este enorme gasto anual recurrente, palidecen las inversiones de una sola vez, en las obras insignia del gobierno, como el AIFA, la refinería, o el tren Maya.

Desafortunadamente, aún estas inversiones que representan erogaciones no recurrentes siguen demandando recursos para su terminación, como la refinería y el AIFA, mientras que el tren Maya va a recibir en 2023 cuantiosos recursos para intentar concluirlo a finales del año entrante, por lo que las obras insignia, siguen presionando el gasto público y la emisión de más deuda.

En términos absolutos, la deuda del sector público presupuestal estaría aumentando 5 billones de pesos y pasaría de 11 a 16 billones de peso, entre 2018 y 2023, casi un 50% más, lo que se traduce en un mayor pago de intereses, que, aunado al incremento en el costo del dinero, presionará al alza el servicio financiero de la deuda, al cual ya se le asignan más de un billón de pesos para el próximo año.

El cierre del sexenio luce complicado para las finanzas públicas. Ver artículo original