Como apunté, un individuo que evalúa cometer un delito compara el beneficio esperado de perpetrarlo con el costo esperado que enfrentaría si es condenado. Veamos primero el beneficio esperado de delinquir, el cual puede ser de tres tipos: pecuniario, no pecuniario y una combinación de ambos.
El pecuniario implica un beneficio monetario y tiene como fuente los siguientes delitos: asalto, robo de bienes para posteriormente venderlos, fraude, extorsión, cobro de piso, secuestro, trata y producción y tráfico de drogas. Los no pecuniarios son básicamente la satisfacción derivada de cometer el delito, que va desde “pasarse un alto”, “saltarse la fila” con el consabido “pendejos, me los chingué” (en una taquilla, en la entrada a un evento, en la salida del Periférico, etcétera) hasta la que se obtiene de perpetrar actos como el homicidio, la violación y la pedofilia.
Finalmente, está la combinación de ambos. Aquí tendríamos por ejemplo el caso de un integrante del crimen organizado que obtiene un pago por sus servicios, pero además obtiene satisfacción por ser reconocido por los participantes del grupo, sea por su efectividad y/o su crueldad. Como puede observarse, todos los delitos señalados atentan contra la integridad física de las personas y/o su propiedad, y es papel del gobierno, como su obligación primaria y razón que justifica su existencia, proteger a los individuos y a su propiedad de este tipo de actos y penalizarlos en caso de que se cometan.
Esto nos lleva al costo esperado de delinquir, el cual depende, además de la pena corporal o pecuniaria, de las probabilidades de ser detectado, denunciado, perseguido, capturado, que el fiscal arme bien el caso para presentárselo al juez y finalmente ser condenado. Como cada una de estas probabilidades es menor a uno, la probabilidad conjunta de delinquir y ser condenado tiende a cero, por lo que la pena establecida en el código penal pierde importancia.
En la cadena de eventos descrita en el párrafo anterior destacan dos eslabones. Primero, la probabilidad de que se presente la denuncia, la cual depende a su vez de que el sujeto del delito perciba que el beneficio de denunciar más que cubra el costo de hacerlo. Si presentar la denuncia es una monserga o se piensa que la fiscalía no va a actuar o, peor aún, se cree o sabe que los agentes del Ministerio Público y otros actores públicos están coludidos u ofrecen protección a los delincuentes, la probabilidad de que se denuncie es muy baja.
El segundo, el más grave de todos, lo cual en sí mismo es un delito, es la colusión o protección de los agentes públicos con los delincuentes, sea porque están amenazados (“plata o plomo”) o porque reciben algún beneficio derivado de la colusión, mismo que puede ser pecuniario o de otro tipo, como apoyo político. De ser esto así, la probabilidad de que el delito quede impune es muy elevada.
Una sociedad en la cual la tasa de impunidad es muy alta, como sucede en México, incurre en costos muy altos que reducen el nivel actual de bienestar de la población y, más aun, el bienestar de las generaciones futuras.
Al nivel de los individuos y sus familias, vivir en un entorno de alta inseguridad lleva a una modificación en sus patrones de comportamiento y de consumo. Dado que ser asaltado, aun si no hay daños corporales (heridas o asesinatos) o peor aún ser secuestrado, implica una transferencia involuntaria de riqueza al delincuente, esto lleva a los individuos a realizar menos actividades fuera del hogar como son alimentación y entretenimiento, además de provocar aislamiento y menor convivencia social, así como un incentivo a migrar. Todo ello genera cambios sectoriales y regionales de la actividad económica, además de una pérdida de bienestar.
Al nivel de las empresas, sufrir robos de mercancías, fraudes, extorsión y cobros de piso por parte de la delincuencia, así como la extorsión por parte de funcionarios públicos buscadores de rentas, incrementa los costos y por lo mismo reduce el rendimiento sobre el capital invertido. Esto naturalmente disminuye el nivel de actividad económica, genera cambios sectoriales y regionales y reduce el incentivo para invertir, lo que a su vez impacta el crecimiento económico y el nivel de bienestar futuro.
Es un hecho que si el gobierno quiere aumentar el bienestar presente y futuro de la población, tiene que cumplir con efectividad su función primaria: proteger y garantizar la seguridad de los individuos y de su propiedad. Crimen y (no) castigo cuestan mucho.
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