El  shutdown del gobierno americano y la inmunidad de Wall Street

En teoría, el proceso es claro. Cada año, el Congreso debe aprobar 12 appropriations bills (proyectos de ley de asignaciones) que financian las principales áreas del gasto discrecional: defensa, transporte, educación, justicia y salud, entre otras. Si el reloj marca el 1º de octubre sin acuerdo, entra en vigor una Continuing Resolution (CR), un mecanismo que permite mantener el gasto del año anterior. Pero si ni los proyectos ni la CR se aprueban, el gobierno tiene que detener operaciones: agencias cierran, servicios se interrumpen y cientos de miles de empleados federales dejan de recibir su salario.

Aunque suene extremo, no es un fenómeno raro. Desde 1976 ha habido más de veinte cierres de gobierno. En 1995, bajo Bill Clinton, el cierre duró 21 días; en 2013, Barack Obama enfrentó uno de 16 días; y el más largo ocurrió en 2018–2019, durante la presidencia de Donald Trump, con 35 días de parálisis por la disputa del muro fronterizo.

El episodio actual repite el patrón de confrontación, aunque con un trasfondo más ideológico. Los demócratas buscan renovar subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible ( Obamacare ) y revertir recortes sanitarios previos, mientras que los republicanos —alineados con Trump— insisten en reducir el gasto y eliminar agencias federales, en especial las vinculadas a programas sociales y migración. El debate ya no es solo cuánto gastar, sino para qué debe existir el gobierno.

En términos económicos, el impacto directo sobre la actividad es acotado: se estima una reducción de alrededor de 0.1 puntos porcentuales del PIB por cada semana de cierre. Sin embargo, el daño no se mide solo en crecimiento, sino también en disrupción operativa. texto Por ejemplo, el Bureau of Labor Statistics suspendió la publicación del informe de empleo de septiembre, dejando a la Reserva Federal y a los mercados sin datos clave para calibrar política monetaria.

Asimismo, cerca del 40% de los trabajadores federales fueron enviados a casa sin salario. En cierres anteriores, la ley garantizaba pagos retroactivos una vez reanudadas las operaciones; no obstante, la posibilidad —esta vez mencionada— de despidos definitivos introduce un grado de incertidumbre adicional.

Los mercados financieros, por su parte, han mostrado una notable indiferencia. El S&P 500 se mantuvo estable, los rendimientos del Tesoro apenas variaron y el índice de volatilidad (VIX) subió menos de dos puntos desde el inicio del cierre. La razón no es apatía, sino una forma de inmunización: los inversionistas ya consideran el shutdown como un riesgo conocido, de baja magnitud macroeconómica y con alta probabilidad de resolución temporal.

Este tipo de parálisis afecta los flujos operativos del gobierno, pero no compromete el pago de la deuda ni los intereses del Tesoro, lo que mantiene intacta la percepción de seguridad de los bonos estadounidenses. El mercado asume que, antes de que el daño sea significativo, el Congreso aprobará una CR que evite consecuencias mayores.

Es importante distinguir este tipo de episodio del debate sobre el techo de endeudamiento ( debt ceiling). Mientras el shutdown se refiere a la autorización del gasto, el techo de deuda limita la capacidad legal del Tesoro para emitir nueva deuda y cumplir sus obligaciones financieras. En otras palabras, el cierre interrumpe servicios; el incumplimiento del techo de deuda podría implicar un riesgo real de impago soberano. Este último escenario tendría consecuencias sistémicas para los mercados globales y no forma parte de la coyuntura actual.

En conjunto, los inversionistas leen el shutdown como ruido político, no riesgo financiero. La experiencia de las últimas décadas ha demostrado que los efectos son transitorios y reversibles. La atención de los mercados se mantiene centrada en factores más estructurales: un déficit elevado, un endeudamiento público récord y expectativas de crecimiento moderado.

La calma aparente, sin embargo, no significa ausencia de riesgo. La reiteración de cierres y disputas presupuestales erosiona gradualmente la credibilidad fiscal y podría, en el margen, elevar las primas exigidas por los inversionistas en instrumentos de corto plazo del Tesoro. El verdadero peligro no está en el evento puntual, sino en su normalización: que la disfunción política se asuma como parte del paisaje y que el ruido termine incorporándose como un componente estructural del riesgo soberano estadounidense.