Llamamos carga social a los costos asociados al pagar una nómina dentro de la economía fiscal. Incluye cuota al IMSS con aportación para el retiro, Infonavit, impuesto sobre nómina y, visto desde el trabajador, su retención de impuestos sobre el ingreso.

En el informe IMSS 2021-2022 llaman “participación en el empleo formal” a un puesto de trabajo dado ahí de alta. INEGI informa la existencia de 38.3 millones (m) de puestos, identifica 2.8 en actividades del gobierno, 159 mil en petróleo, 2.4 m en educación y 1.2 en salud, de los cuales, siguiendo a Pareto, asumimos el 80% registrados ante el ISSSTE o Pemex medical que suman 5.7 m, más los reportados por el IMSS 20.6 m, serían 26.3 m trabajadores afiliados a servicios de seguridad. Por lo tanto, el resto de los puestos de trabajos, 12 m, laboran cobrando en efectivo o por recibos de honorarios asimilados a salario.

INEGI también informa que somos 60.5 m de población económica activa y que hay una diferencia contra el número de puestos de trabajo de 34.2 m localizables en trabajadores por cuenta propia como médicos, abogados, microempresarios y los trabajadores no afiliados, pero contabilizados.

Por otro lado, el censo económico reporta 4.5 m de establecimientos con menos de 10 trabajadores, 193 mil con menos de 50 y 40 mil con hasta 250 trabajadores. Si asumimos un propietario por cada unidad, habría 5.09 m de patrones o propietarios.

En esas unidades económicas de menos de 250 personas laboran 26 m, de los cuales afiliados al IMSS son 10.7 m (informe IMSS 2021-2022), es decir 41.1% tiene seguridad social. El resto son 15.3 m de los cuales 5.09 son propietarios y 10.2 trabajadores donde algunos, por ser familiares, justifican no estar inscritos a los sistemas de seguridad social ni al SAT.

¿Por qué sucede esto? Se trata de 34.2 m que no “participan en el empleo formal”, de los cuales 18.9 son independientes, más 10.2 m de trabajadores y 5.09 de propietarios, un total que no participa en la economía fiscal, al menos en la de seguridad social.

Una hipótesis es, que esos trabajadores tienen acceso a servicios de salud más económicos que inscribirse en el IMSS servicios quizá públicos, servicios públicos que juegan el papel de esquirol, ante los de la economía formal, señalada por el IMSS, o que a su patrón y a ellos mismos como independientes, no les alcanza la dimensión de sus ingresos para aportar lo que costaría afiliarse a la economía fiscal.



AJUSTE DE CUENTAS
Presento un caso práctico para comprender la dimensión de ese reto para un particular. Se trata de un negocio con 19 empleados con una edad promedio de 38 años y salario mensual promedio de $46,486, pero perciben $58,213 ya que 20% adicional se les paga como bono “por fuera”. Así, la nómina mensual es de $1,106,054, por lo cual después de retenciones, los trabajadores perciben $908,566 netos.

Se encuentran registrados ante IMSS e Infonavit, su costo incluyendo el impuesto sobre nómina es de $189,545, sumado a la nómina el costo se eleva a $1,295,599 pero, aún no regulariza su situación fiscal en el 20% del bono.

Para regularizar su entrada a la economía formal o fiscal, uno de los retos que enfrenta el propietario consiste en calcular, cuánto más debe incrementar la nómina para que sus colaboradores reciban el mismo sueldo neto que tienen pactado.

Para lograrlo se piramida la base, considerando subir la nómina a un nuevo nivel por las retenciones que acotarán al salario y que también incrementarán la base para el salario diario integrado ante el IMSS. Así, esa nómina asciende a $1,201,768 (+8.7%) más $236,120 de carga social suma (+10.9%).

Otra forma de ver esta situación es, pensando por un momento que no reciben el bono por fuera. En ese caso el neto a recibir es de $685,750 y, pero para recibir el mismo importe con el bono neto por $222,816, el costo para la empresa se elevaría a $365,106, es decir la carga social es de 63.8% por cada peso extra que recibe el trabajador cuando se otorgan bonos. ¡Es carísimo!

El caso de esta empresa que paga un bono variable por fuera no es el único, ya vimos cuántos empleos están fuera de la economía fiscal.

Comparando lo que representa estar cien por ciento fuera de la economía fiscal, el ingreso en efectivo total de los trabajadores de $908,566 cuesta sólo eso, mientras que en el empleo formal cuesta $1,516,318, es 66.8% adicional. ¿Se entiende ahora por qué 34.2 m de personas económicamente activas, no pueden, no piensan y no quieren estar en la economía fiscal?

CONTRIBUCIÓN REAL POR CAPACIDAD DE INGRESO Y GASTO
Han habido propuestas de la academia para universalizar los servicios de salud y las cuotas fiscales para la salud. En algún momento la ciencia se va a imponer a los sentimientos, a la afiliación por vía de las cuotas de protección para obtener permisos que oculten su actividad informal.

Sin embargo, parte del modelo implica contar con un seguro para el desempleo de manera que las empresas puedan, primero contar con una parte variable del salario para sus trabajadores que no represente casi 67% de carga fiscal adicional; y segundo que, en ciclos de economía recesiva, puedan recortar esos bonos o solicitar seguro de desempleo para su gente.

Durante la pandemia, donde los ingresos disminuyeron sustancialmente para muchas ramas económicas, la estructura legal protegió a los trabajadores debido a su escasa flexibilidad. Sin embargo, se presentaron situaciones disparejas.



Utilizando la elasticidad del cambio en ventas o valor de producción vs. cambio en remuneraciones, la elasticidad de toda la economía desde 1991 es de 0.127, muy baja. En los últimos seis años de 0.054. En cambio, en el sector educativo —que paga a muchos maestros por honorarios asimilados a salario— es de 1.8, pero subió a 7.2, semejante es en servicios de apoyo a los negocios con 1.233, lo cual implica para quienes tienen ese tipo de ingresos hay el riesgo de no contar con servicios de seguridad social, ni reserva para el retiro. En esa situación están 10 ramas económicas con 8.9 m de puestos de trabajo.

Por ello es necesario contar con mejores mecanismos para flexibilizar el empleo que los contratos de “honorarios asimilados a salarios”, ya que en las ramas donde abunda esa forma de trabajar, si pudieron darse un respiro modulando sueldos a la baja hasta que el ciclo económico retomó su actividad. Posiblemente la solución consista en pagar una seguridad social para cada persona económicamente activa y sus dependientes, basada en la economía fiscal, donde todos contribuyamos, según nuestra real capacidad de ingreso y gasto.