Durante las últimas tres décadas, el modelo de desarrollo basado en libre mercado generó un crecimiento económico sostenido, a nivel global y en México. Había quedado claro que la ampliación del control estatal de la economía desincentiva la inversión y genera múltiples distorsiones económicas que terminan minando la capacidad de las sociedades para generar riqueza y promover su bienestar.
No obstante, los frutos de ese crecimiento fueron insuficientes. México siguió registrando niveles de pobreza y desigualdad inaceptables. Esta realidad, junto a un hartazgo social por los elevados niveles de corrupción y la creciente inseguridad, fueron los factores centrales que incidieron en el resultado de las elecciones de 2018 que llevaron al poder a la 4T.
A cuatro años de distancia, abundan las evidencias del fracaso del modelo que ofrecía llevar a México a mayores niveles de bienestar y justicia. El crecimiento económico acumulado ha sido nulo, la pobreza ha aumentado, la inseguridad es mayor y la percepción de corrupción no ha disminuido. A pesar de esta realidad, la sociedad mexicana se encuentra dividida y en los últimos años se ha profundizado la discusión entre los impulsores de la 4T y sus detractores. Cada tema público es debatido enérgicamente.
En este contexto, la visión de país de la 4T es impulsada con toda la fuerza del Estado, apoyada por programas sociales clientelares, por una asombrosa capacidad de comunicación y habilidad política y, de manera muy grave, por la afectación al estado de derecho. Con la justificación de la transformación, se busca desaparecer instituciones y modificar nuestro marco legal e incluso constitucional para preservar un modelo político y de desarrollo económico que no ha logrado legitimarse en los resultados que había prometido. Se busca forzar su permanencia.
A pesar de la falta de resultados, no hay una oposición consolidada. Los partidos políticos están debilitados y divididos, no han surgido liderazgos convincentes y las organizaciones de la sociedad civil han expresado sus opiniones de manera desarticulada.
Las próximas semanas serán fundamentales para detener la destrucción institucional de México, o para consolidarla. Es la gran prueba. En la medida en la que se consolide una respuesta unificada, clara, contundente y que logre detener la embestida contra el INE se podría marcar el inicio de un debate distinto sobre el futuro de México.
En las próximas semanas continuará la discusión de una reforma electoral profunda en el Congreso. Se busca desde el Estado transformar a nuestro sistema electoral que ha sido construido a lo largo de décadas de esfuerzo de muchos mexicanos. Nuestro sistema electoral funciona y ha demostrado su eficacia como facilitador para la expresión de propuestas muy diversas de los diferentes actores políticos y para canalizar las preferencias de los mexicanos en procesos ordenados y transparentes reconocidos internacionalmente. El Instituto Nacional Electoral (INE) constituye un patrimonio que debe preservarse.
Con la justificación central de la austeridad, lo que resulta incongruente ante los cuantiosos recursos gastados en obras emblemáticas de infraestructura de muy dudosa rentabilidad social y económica, se busca impulsar una reforma constitucional que tendría diferentes impactos negativos.
La propuesta de reforma de la 4T eliminaría la atribución del INE de conformar el padrón electoral, abriendo la puerta para su uso clientelar. También socavaría la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales y pondría en riesgo la supervivencia de los partidos políticos, principalmente los menores, desconociendo la importancia que tienen como canalizadores de liderazgos sociales y contrapesos políticos.
Ante este riesgo trascendental, ha surgido desde la sociedad civil una voz de rechazo que no habíamos visto en los últimos años. Organizaciones empresariales como la Coparmex, pero también otras que no se habían expresado de profesionales, entre ellas el IMEF, académicos, periodistas, líderes de opinión, políticos comprometidos e inclusive la Iglesia católica, se han unido para alertar sobre la gravedad de la propuesta. Diferentes iniciativas colectivas se han organizado para mostrar el rechazo dando lugar a una articulación social muy importante y necesaria.
Las próximas semanas serán fundamentales para detener la destrucción institucional de México, o para consolidarla. Es la gran prueba. En la medida en la que se consolide una respuesta unificada, amplia, clara, contundente y que logre detener la embestida contra el INE podría marcar el inicio de un debate distinto sobre el futuro de México, en el cual exista la esperanza de una sociedad organizada, proactiva y que mayoritariamente pueda apoyar a una visión alternativa de país, unido, próspero y más justo.
Socio Director de AMCG/TANTUM. Fue Presidente Nacional del IMEF en 2020 y 2021. Es Presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de COPARMEX y Presidente del Comité de Actualización del Plan Estratégico de la misma Confederación.
