Para la elaboración del índice WJP utiliza ocho indicadores: división de poderes con un efectivo sistema de contrapesos, ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos individuales fundamentales, incidencia delincuencial, cumplimiento de la regulación (laboral, ambiental, salud, comercial, etc.) sin privilegios y/o corrupción, justicia civil y justicia criminal.
Como se puede ver, para que rija un íntegro Estado de derecho, además de que el gobierno cumpla eficazmente con su función de proteger y garantizar la seguridad de las personas y de su propiedad, cosa que en México no sucede (según México Evalúa hay una impunidad de 93% y que de cada mil delitos únicamente seis llegan ante los jueces), en el marco legal tienen que estar eficientemente definidos los derechos privados de propiedad (posesión, uso y transferencia de recursos), que los mercados de bienes, servicios y factores de la producción, eficientemente regulados con reglas claras, transparentes y no discrecionales tiendan a operar en competencia penalizando las prácticas monopólicas, que exista un Poder Judicial independiente e imparcial que proteja y garantice los derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos y que haya democracia política. En suma, para afirmar que un país vive en un íntegro Estado de derecho tienen que haber libertad económica y libertad política, las dos caras de una misma moneda.
Los cambios en el arreglo institucional que se han dado desde el gobierno de López y más aún en el primer mes del gobierno de Sheinbaum, nos alejan a pasos acelerados de un íntegro Estado de derecho.
Primero, la aberrante “supremacía constitucional” que impide que cualquier reforma a la Constitución sea revisada y hasta anulada por el Poder Judicial elimina, de facto, la división de poderes y los contrapesos. Esta reforma le permitiría a la ideológicamente estatista presidenta Sheinbaum, con la anuencia de un Congreso controlado y sumiso, modificar la Constitución para restringir y en el extremo suprimir derechos individuales fundamentales como son la propiedad privada, física y financiera. Si de por sí tal como está actualmente redactado el artículo 27 constitucional la propiedad privada ya está en riesgo al ser considerada como un derecho derivado y no uno natural y fundamental, la posibilidad de modificar este artículo tal que los recursos pasen a ser propiedad del gobierno aumenta el riesgo significativamente.
Segundo, la reforma judicial tiene el riesgo de que los jueces electos por “el pueblo” no sean capaces y menos aún independientes del poder político, del poder económico o, peor aún, del poder del crimen organizado. Al no tener un Poder Judicial independiente e imparcial, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados y jueces, se pierde la garantía y protección de los derechos privados de propiedad ante actos de terceros que los violenten, incluidos los actos arbitrarios del gobierno. Además, también se mina la garantía judicial del cumplimiento de los contratos.
Tercero, eliminar al Inai y decretar que el acceso a la información pública estará a cargo de la Secretaria de la Función Pública sería de risa si no fuese dramático. Lo que ahora tendremos es al gobierno vigilándose a sí mismo, dando el incentivo para esconder información sobre contratos, presupuestos y actos de corrupción.
