Las cifras que generan una tensión presupuestal son elocuentes: el saldo de la deuda pública es de 34.1 billones de dólares (¡sí! 34.1 millones de millones) que comparado con el tamaño del PIB de 27.4 billones de dólares implica que la deuda rebasa en 24.5% al PIB. La deuda per cápita es de 101,591 dólares, y diariamente se erogan 1.8 miles de millones de dólares en intereses de la deuda. Todas son cifras de la Peter G. Peterson Foundation (www.pgpf.org) que en su web tiene un “reloj de la deuda” que segundo a segundo va marcando el incremento en el endeudamiento.
Se han señalado tres causas fundamentales que han alimentado la tendencia creciente de la deuda: primero, el cambio demográfico del mayor envejecimiento poblacional ejerce una presión cada vez mayor sobre el presupuesto federal y, en particular, sobre programas vitales que atienden a los adultos mayores y vulnerables, como el Seguro Social, Medicare y Medicaid.
Segundo, los crecientes costos de la atención médica que son el segundo rubro del presupuesto de más rápido crecimiento. Este gasto es más del doble que en otras economías avanzadas, pero el sistema no proporciona mejores resultados.
Tercero, los ingresos fiscales son inadecuados. El sistema tributario estadounidense no genera los ingresos suficientes para cubrir el gasto que comprometen las autoridades y los políticos. Este desequilibrio cada vez mayor entre ingresos y gastos conduce a déficits anuales cada vez mayores, y el resultado es un creciente saldo de la deuda nacional.
A lo largo de los años se han propuesto diversas medidas para mejorar el desempeño presupuestal y con ello controlar la deuda. Por ejemplo, una revisión del sistema fiscal podría incluir la eliminación de exenciones y deducciones consideradas innecesarias o injustas, así como la consideración de aumentar las tasas impositivas para ciertos grupos de ingresos más altos. De igual forma, llevar a cabo una profunda revisión y racionalización de programas de beneficios sociales como la Seguridad Social, Medicare y Medicaid para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y reducir presiones presupuestales. Finalmente, algunos proponen reformas estructurales tales como enmiendas constitucionales para limitar el gasto federal o para exigir un presupuesto equilibrado.
Es importante destacar que cualquier posible solución al problema de la deuda pública requerirá compromisos políticos y un enfoque equilibrado que considere tanto la reducción de la deuda como la protección de programas importantes y el impulso al crecimiento económico. Además, las soluciones a corto plazo deben estar en línea con los objetivos a largo plazo de estabilidad fiscal y sostenibilidad económica.
Ver nota original. * Economista egresado del ITAM. Cuenta con Maestría y estudios de doctorado en teoría y política monetaria, y finanzas y comercio internacionales. Columnista de El Economista. Ha sido asesor de la Junta de Gobierno del Banxico, Director de Vinculación Institucional, Director de Relaciones Externas y Coordinador de la Oficina del Gobernador, Gerente de Relaciones Externas, Gerente de Análisis Macrofinanciero, Subgerente de Análisis Macroeconómico, Subgerente de Economía Internacional y Analista.
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@frubli Este artículo se publicó originalmente en el periódico
El Economista el 30 de enero de 2024. Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.
