Estados Unidos y su deuda pública

Recientemente el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, expresó que “la senda por la que va la deuda pública es insostenible y más temprano que tarde se deberá cambiar ese rumbo”. El debate sobre la magnitud y sostenibilidad del elevado nivel de deuda del gobierno federal y la creciente obligación de pagar un monto elevado de intereses ha sido recurrente y es un tradicional campo de batalla en la arena política entre demócratas y republicanos.
Por Federico Rubli Kaiser
Las cifras que generan una tensión presupuestal son elocuentes: el saldo de la deuda pública es de 34.1 billones de dólares (¡sí! 34.1 millones de millones) que comparado con el tamaño del PIB de 27.4 billones de dólares implica que la deuda rebasa en 24.5% al PIB. La deuda per cápita es de 101,591 dólares, y diariamente se erogan 1.8 miles de millones de dólares en intereses de la deuda. Todas son cifras de la Peter G. Peterson Foundation (www.pgpf.org) que en su web tiene un “reloj de la deuda” que segundo a segundo va marcando el incremento en el endeudamiento.

Se han señalado tres causas fundamentales que han alimentado la tendencia creciente de la deuda: primero, el cambio demográfico del mayor envejecimiento poblacional ejerce una presión cada vez mayor sobre el presupuesto federal y, en particular, sobre programas vitales que atienden a los adultos mayores y vulnerables, como el Seguro Social, Medicare y Medicaid.

Segundo, los crecientes costos de la atención médica que son el segundo rubro del presupuesto de más rápido crecimiento. Este gasto es más del doble que en otras economías avanzadas, pero el sistema no proporciona mejores resultados.

Tercero, los ingresos fiscales son inadecuados. El sistema tributario estadounidense no genera los ingresos suficientes para cubrir el gasto que comprometen las autoridades y los políticos. Este desequilibrio cada vez mayor entre ingresos y gastos conduce a déficits anuales cada vez mayores, y el resultado es un creciente saldo de la deuda nacional.

A lo largo de los años se han propuesto diversas medidas para mejorar el desempeño presupuestal y con ello controlar la deuda. Por ejemplo, una revisión del sistema fiscal podría incluir la eliminación de exenciones y deducciones consideradas innecesarias o injustas, así como la consideración de aumentar las tasas impositivas para ciertos grupos de ingresos más altos. De igual forma, llevar a cabo una profunda revisión y racionalización de programas de beneficios sociales como la Seguridad Social, Medicare y Medicaid para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y reducir presiones presupuestales. Finalmente, algunos proponen reformas estructurales tales como enmiendas constitucionales para limitar el gasto federal o para exigir un presupuesto equilibrado.

Es importante destacar que cualquier posible solución al problema de la deuda pública requerirá compromisos políticos y un enfoque equilibrado que considere tanto la reducción de la deuda como la protección de programas importantes y el impulso al crecimiento económico. Además, las soluciones a corto plazo deben estar en línea con los objetivos a largo plazo de estabilidad fiscal y sostenibilidad económica. Ver nota original.
* Economista egresado del ITAM. Cuenta con Maestría y estudios de doctorado en teoría y política monetaria, y finanzas y comercio internacionales. Columnista de El Economista. Ha sido asesor de la Junta de Gobierno del Banxico, Director de Vinculación Institucional, Director de Relaciones Externas y Coordinador de la Oficina del Gobernador, Gerente de Relaciones Externas, Gerente de Análisis Macrofinanciero, Subgerente de Análisis Macroeconómico, Subgerente de Economía Internacional y Analista.
X: @frubli
Este artículo se publicó originalmente en el periódico El Economista el 30 de enero de 2024.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.

Suscríbete a IMEF News

Análisis y opinión de expertos en economía, finanzas y negocios para los tomadores de decisiones.

Te puede interesar

Proyecto de Ley para Sofomes, con poco impulso; reforma a la LMV, prioridad para el gremio

La reforma a la LMV publicada en diciembre del 2023 establece una clasificación de emisoras simplificada en las que se contemplan tres niveles de emisión.

Truss no es Thatcher

Con menos de un mes como primera ministra del Reino Unido, Liz Truss ha zanjado una crisis económica y política. Su plataforma electoral la basó en que seguiría políticas liberales como lo hizo Thatcher, pero Truss no es Thatcher.

Balance primario deficitario

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica enviados por el presidente López al Congreso de la Unión, el gobierno plantea un gasto neto de nueve billones de pesos, incurriendo en un flujo de financiamiento neto de 1.9 billones (5.4% del PIB) para cubrir el déficit, con lo cual el saldo de los requerimientos financieros del sector público llegaría en 2024 a 16.9 billones de pesos, representando el 48.8% del PIB y 6 billones de pesos más que el saldo al final de 2018.

Aranceles IEEPA. ¿Y ahora qué?

La Corte de Estados Unidos declaró inconstitucionales los aranceles apoyados en la Ley IEEPA. Para México, el nuevo arancel general del 10% no será acumulable con los aranceles sectoriales apoyados en la Sección 232 y los productos que entren a Estados Unidos bajo el TMEC quedan exentos, como estaban con el arancel IEEPA. Con esto, la posición de México queda igual que antes.

Fed y Banxico se enfocarán en la inflación, no en la crisis bancaria de Estados Unidos: especialistas.

Expertos aseguran que los bancos centrales están más preocupados por controlar la inflación que en el desplome de Silicon Valley Bank.

Secretaría de Hacienda modifica reglas para evaluar a los bancos; estos son los nuevos lineamientos

El subíndice de calidad de servicios se calculará a partir de indicadores que se publican para cada institución de banca múltiple por la Condusef.

Cada vez más débil

En el índice de Estado de derecho de este año elaborado por World Justice Project, de un universo de 142 países evaluados, México ocupó el lugar 118 con un puntaje de 41/100 (en 2018 el valor del índice fue 46/100). En el continente americano sólo Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela, que ocupa el último lugar, están peor evaluados (Cuba, con un régimen dictatorial, no fue considerado).