Impacto de la informalidad laboral en la productividad, crecimiento económico y finanzas públicas

En 2025, la totalidad de los empleos que se crearon en México fueron en la informalidad y 2026 empezó con la misma tendencia. En enero se acumularon siete meses consecutivos con pérdida de empleo formal, al comparar contra el mismo mes del año anterior, y si no fuera porque en junio de 2025 el empleo formal creció 0.01%, se acumularían 12 meses consecutivos con caídas anuales de la formalidad. Esto lleva a analizar que: informalidad laboral + baja productividad = freno en el crecimiento económico y afectación a las finanzas públicas.
Por Gabriela Siller Pagaza
Cabe recordar que la informalidad laboral se refiere a las personas que laboran bajo un esquema sin protección legal o institucional, independientemente de si trabajan en una empresa formal o informal. El concepto clave es que la informalidad es una relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social y carece de prestaciones de ley relacionadas con el empleo.

TODOS PIERDEN EN LA INFORMALIDAD
Los trabajos son precarios al no contar con prestaciones de ley, los ingresos son menores y tienen una mayor vulnerabilidad al no contar con un vínculo legal entre el trabajador y la empresa que lo emplea. Además, los trabajos en la informalidad son, en promedio, menos productivos, lo que limita el crecimiento del ingreso del trabajador y de la empresa, a la vez que disminuye la probabilidad para que la persona empleada adquiera habilidades que lo ayuden a acceder a un mejor puesto y salario en otra empresa. Desde el punto de vista del Estado, el aumento de la informalidad laboral genera huecos en la recaudación.

En 2025, la pérdida de 195,513 empleos formales situó a México en un escenario que solo se había visto en periodos asociados a recesión: en 2020 con una pérdida de 628,459, en 2009 con 26,046 y en 2008 con 243,103. Este panorama sugiere que el mercado laboral entró en una fase de estancamiento, ya que el hecho de que el empleo formal caiga a niveles de crisis, mientras la informalidad y la población no económicamente activa (no disponible para trabajar) absorben a la población, indica que la economía no genera suficientes puestos de calidad.

Si esta tendencia sigue, la presión sobre las finanzas públicas será cada vez mayor, pues el Estado deberá seguir financiando pensiones para una población que no encuentra cabida en el sector formal y aporta cada vez menos.

Ante este escenario surge la pregunta de cuánto se recaudaría adicional si el gobierno pudiera gravar los ingresos de los empleados en la informalidad. Para este ejercicio, se analiza primero cuál sería la recaudación si se le cobraran impuestos a las personas dentro del empleo informal que se encuentran dentro del rubro de trabajadores subordinados y remunerados.

Estos son empleados que, a pesar de tener un patrón claramente identificado, trabajar una jornada establecida y recibir un sueldo fijo, carecen de un contrato legal y de registro ante las instituciones de seguridad social. Pueden ser informales, ya que el vínculo laboral se mantiene en la opacidad probablemente para evitar el costo de las cuotas patronales y las retenciones fiscales, situación que ocurre principalmente en empresas pequeñas y medianas.

Esta población representa el 53.57% del total de todos los trabajadores dentro del empleo informal y es a los que posiblemente sería menos difícil de gravar. Sin embargo, si a esos trabajadores se les pudiera cobrar el impuesto sobre la renta, se ocasionaría una recaudación anual de 52.76 mil millones de pesos adicional, cifra que representaría apenas el 1.83% del total de la recaudación de ISR (en 2025) y el 0.64% de los ingresos presupuestarios totales.

Ahora, si se pudiera gravar a la totalidad de los empleados informales, bajo la premisa de que todos sus ingresos se asimilan al rubro de impuestos por salarios y se les aplica la misma tabla de retenciones, manteniendo todo lo demás constante, la recaudación anual pasaría a 104.29 mil millones de pesos, representando el 3.61% del total de recaudación por ISR y el 1.27% de los ingresos presupuestarios totales, todavía un valor sumamente bajo, a lo que además habría que restar los costos económicos adicionales en los que incurriría el Estado para obtener dicha recaudación.

Esto arroja varios puntos de interés:

1 Gravar los empleos informales no representa una solución para las finanzas públicas del país. Esto se debe a que la gran mayoría de los trabajadores en la informalidad se ubican en los deciles de ingresos más bajos, lo que implicaría que quedarían exentos de impuestos o serían beneficiarios del subsidio para el empleo.

2 La baja recaudación adicional confirma que el problema no es la falta de voluntad cobratoria, sino la baja base gravable que genera un sector de la economía que opera con márgenes de ganancia mínimos y salarios de subsistencia. Incluso en un escenario de fiscalización total, la estructura de ingresos de la población informal es tan baja que gran parte de la recaudación potencial se vería anulada por la aplicación del subsidio para el empleo o por ubicarse en los primeros escalones de la tarifa, donde la tasa impositiva es mínima.

3 El verdadero problema de recaudación reside en la falta de formalización y productividad de las empresas, y no meramente en el cobro individual al trabajador.

Este análisis abre la pauta para comprender que la problemática de la informalidad en México ha trascendido el ámbito recaudatorio para convertirse en un freno estructural al desarrollo. Al demostrar que el impacto de gravar individualmente a este sector es marginal, apenas 1.27% de los ingresos totales, queda claro que la verdadera pérdida para el Estado no radica en la falta de cobro, sino en la baja productividad de una fuerza laboral atrapada en actividades de subsistencia.

Por lo tanto, si no se logra revertir el desplazamiento de la población hacia la informalidad, el país seguirá dependiendo de un sector formal cada vez más reducido para sostener el PIB, comprometiendo la viabilidad del crecim
Si no se logra revertir el desplazamiento de la población hacia la informalidad, el país seguirá dependiendo de un sector formal cada vez más reducido para sostener el PIB, comprometiendo la viabilidad del crecimiento económico y de las finanzas públicas del país.
*Directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE y profesora de Economía del Tec de Monterrey. Estudió la licenciatura en economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría y doctorado en finanzas en el EGADE del Tec de Monterrey. Colabora regularmente con medios de comunicación especializados. En 2018 y 2020 fue nombrada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México.
Linkedin: Gabriela Siller Pagaza
email: gsiller@bancobase.com

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