El concepto de “shutdown” se formalizó a principios de los años ochenta, cuando el Departamento de Justicia determinó que, sin asignaciones presupuestarias aprobadas, las agencias federales debían suspender todas las actividades no esenciales.
Desde entonces, Estados Unidos ha vivido varios lapsos presupuestarios y al menos diez cierres efectivos. Algunos, como los de 1995-1996 (21 días) o 2013 (16 días), se extendieron por varias semanas. Mientras que el de 2018-2019, bajo la administración de Trump, se convirtió en el más largo de la historia con 35 días de parálisis. Cada uno de estos eventos ha tenido un denominador común: el desacuerdo político en torno al gasto público y las prioridades de financiamiento.
El cierre que inició el 1 de octubre de 2025 se originó nuevamente por un enfrentamiento entre republicanos y demócratas en el Congreso. Los primeros impulsan una extensión del gasto sin cambios adicionales, mientras los segundos buscan incluir provisiones para programas sociales y de salud. Ante la falta de consenso, miles de empleados federales fueron enviados a casa sin paga, y otros tantos continúan trabajando bajo la promesa de recibir su salario retroactivamente cuando se apruebe un nuevo presupuesto.
Las implicaciones económicas de un cierre como este no se limitan al ámbito administrativo. El episodio actual revive los temores sobre los costos económicos y la pérdida de confianza en la gestión gubernamental.
De acuerdo con estimaciones de analistas, cada semana de paralización puede restar entre 0.1 y 0.2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. A corto plazo, los trabajadores sin ingresos reducen su consumo, afectando la demanda agregada. Además, el cierre de agencias estadísticas y reguladoras genera un vacío informativo ya que se posponen reportes clave de empleo, inflación o comercio, lo que deja a los mercados sin brújula en momentos críticos. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), por ejemplo, ha suspendido parte de sus operaciones, limitando la supervisión de los mercados y el registro de nuevas emisiones.
La reacción inicial de los mercados ha sido de cautela. Aunque los inversionistas suelen anticipar que el Congreso terminará alcanzando un acuerdo, la incertidumbre política eleva la volatilidad. Muchos prefieren recalibrar sus portafolios y refugiarse en activos considerados seguros, como los Treasuries, el dólar y el oro. Este último ha repuntado a máximos históricos de 4,000 dólares por onza troy, con una ganancia en el año de poco más de 50%.
Vale la pena mencionar que en caso de que el gobierno reactive sus operaciones, la publicación de cifras clave como la nómina no agrícola (programada para el 3 de octubre) y el reporte de inflación (15 de octubre), no serán inmediatas. Los datos podrían retardarse dos semanas más, dificultando a los miembros del Fed la decisión de política monetaria del próximo 29 de octubre.
Por su parte, el mercado mantiene sus apuestas de un recorte de 25pb por parte del Fed en la siguiente reunión y asigna una elevada probabilidad a una baja de igual magnitud en diciembre, con un ajuste total de -44pb y una baja acumulada de 108pb hasta 2026.
El cierre de 2025 aún podría resolverse en cuestión de días o prolongarse varias semanas, dependiendo del margen político de negociación. Lo que sí es claro es que cada nueva parálisis refuerza la necesidad de reformar el proceso presupuestario estadounidense para evitar que la estabilidad económica quede rehén del cálculo partidista.
* Subdirectora de Renta Fija, Tipo de Cambio y Commodities de Grupo Financiero Banorte.
Twitter: @LeslieOrozcoV LinkedIn: Leslie Orozco Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.
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