La universalización de la seguridad social se refiere al proceso mediante el cual se garantiza que todos los individuos de una sociedad, sin discriminación ni exclusión, tengan acceso a una protección social integral en diversas áreas como la salud, las pensiones, el desempleo, la maternidad, la invalidez y otros riesgos sociales.
En otras palabras, la universalización busca asegurar que todas las personas, independientemente de su situación laboral, económica, género, edad o cualquier otra condición, tengan acceso a los beneficios y servicios que brinda la seguridad social.
Este concepto implica no solo la ampliación de la cobertura de los programas y servicios de seguridad social, sino también la eliminación de barreras de acceso y la garantía de que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sociales de manera efectiva.
Si bien, de acuerdo con los censos de población y vivienda 2000, 2010 y 2020 elaborados por el INEGI, el porcentaje de población con afiliación a servicios de salud, públicos o privados, ha aumentado al ser del 40.8, 64.6 y 73.5% respectivamente, la afiliación no garantiza un acceso efectivo, para lograrlo se requiere una serie de condiciones que abarcan el ámbito financiero y la situación de la población, ambas bajo el paraguas de la cobertura universal.
PUNTO POR PUNTO
Lograr la cobertura universal requiere implementar políticas y programas que aborden las barreras de acceso y amplíen la cobertura a todos los grupos de la sociedad desde la perspectiva de la sostenibilidad financiera, la calidad y acceso a los servicios de salud, la formalización del empleo informal, la coordinación interinstitucional y multinivel, el envejecimiento de la población y los cambios demográficos, la educación y concienciación, así como la fragmentación de los sistemas de seguridad social.
Sostenibilidad financiera. Es un desafío importante, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población y presiones fiscales crecientes. Para garantizarla a largo plazo, es necesario buscar fuentes de financiamiento adecuadas y promover una gestión eficiente de los recursos. Esto puede implicar la revisión de los esquemas de financiamiento, la exploración de nuevas fuentes de ingresos y la implementación de reformas estructurales para mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración de los fondos de seguridad social.
Tan solo para el pago de pensiones, el presupuesto de egresos para 2024 contempla recursos de casi 2 billones de pesos, que representan el 5.8% del PIB y 22% del gasto neto total, lo que ejerce una presión importante y reduce recursos a otros gastos sociales.
Calidad y acceso a los servicios de salud. Aunque se han realizado mejoras en la infraestructura de salud y la capacitación del personal médico, aún persisten desafíos en cuanto a la disponibilidad, accesibilidad y calidad, especialmente en áreas rurales y marginadas, por lo que es necesario fortalecer la atención primaria de salud, mejorar la distribución de recursos y garantizar la disponibilidad de medicamentos y equipos médicos esenciales. El reto es importante porque ninguno de los indicadores de salud en México es favorable.
Formalización del empleo informal. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que a febrero de 2024 se perdieron 395,515 empleos formales y se sumaron a la informalidad 160,907 personas, por lo que la tasa de informalidad creció a 54.1%. La informalidad laboral sigue siendo un problema importante en México que requiere políticas que incentiven la formalización, simplifiquen los trámites administrativos y promuevan la creación de empleo decente y digno.
Coordinación interinstitucional y multinivel. Es esencial para garantizar la eficiencia y la efectividad de los programas de seguridad social; para lograrla se necesita una mayor colaboración y cooperación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, así como con el sector privado y la sociedad civil. Esto permitirá una mejor articulación de políticas y programas, así como una distribución más equitativa de los recursos y servicios.
Envejecimiento de la población y cambios demográficos. Es necesario adaptar los programas y políticas para hacer frente a los cambios demográficos, garantizando una atención adecuada a los adultos mayores y promoviendo el ahorro y la planificación para la jubilación. En el tema de las pensiones de trabajadores afiliados al IMSS se tuvo un gran avance con la reforma que inicio en 2021, ya que un mayor número de trabajadores podrán tener acceso a una pensión y lograr tasas de reemplazo cercanas a los estándares internacionales.
Educación y concienciación. Son fundamentales para promover una cultura de prevención y cuidado de la salud, así como para fomentar la importancia del ahorro y la planificación para la jubilación. Es necesario llevar a cabo campañas de sensibilización y educación pública sobre los derechos y beneficios de la seguridad social, así como sobre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables y responsables.
Fragmentación de los sistemas de seguridad social. Se refiere a la existencia de múltiples programas y esquemas de seguridad social operados por diferentes instituciones y dirigidos a diferentes grupos de la población. La fragmentación puede tener varias consecuencias negativas adicionales para lograr la universalización como la complejidad y confusión, brechas de cobertura, inequidad en la distribución de recursos, duplicación de esfuerzos y recursos, entre otros, por lo tanto, es necesario trabajar hacia una mayor integración y coordinación de los programas de seguridad social, así como una simplificación de los procesos administrativos y una mayor transparencia en la distribución de recursos. Esto permitirá garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios sociales que necesitan de manera oportuna y efectiva, promoviendo así un desarrollo más inclusivo y sostenible para el país.
Es necesario trabajar hacia una mayor integración y coordinación de los programas de seguridad social, así como una simplificación de los procesos administrativos y una mayor transparencia en la distribución de recursos.
HAY AVANCES, PERO AÚN QUEDA MUCHO POR HACER
La universalización de la seguridad social en México es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y colaborativo. El IMSS ha tenido una participación notable, ya que, con la reciente incorporación de personas trabajadoras del hogar, la reforma de inclusión e igualdad, la incorporación voluntaria de no asalariados, entre otras, en la actualidad cubre alrededor del 50% de la población del país.
A pesar de los avances realizados, aún queda mucho por hacer para garantizar un acceso equitativo y de calidad a todos los ciudadanos.
Con un compromiso político sólido, una planificación estratégica y una colaboración efectiva entre los diferentes actores es posible avanzar hacia un sistema de seguridad social más inclusivo y sostenible que promueva el bienestar y la dignidad de todos los mexicanos.
Una sociedad sin cobertura universal de seguridad social enfrenta una serie de desafíos que afectan la calidad de vida de sus ciudadanos, la equidad social y el desarrollo económico. Por lo tanto, la implementación de políticas y programas de seguridad social que garanticen un acceso equitativo y de calidad a todos los ciudadanos es fundamental para promover el bienestar y la prosperidad de la sociedad en su conjunto.
