El TMEC no se acaba, pero la certidumbre ya no se puede dar por sentada

Para una empresa que evalúa construir una planta o comprometer capital a qui15 o 20 años, la pregunta relevante ya no es si el producto entra libre de arancel, sino si esa regla seguirá siendo confiable durante la vida útil de la inversión. El debate público se está equivocando de pregunta: no es si el tratado desaparece de inmediato, porque no desaparece, es cuánto se encarece la incertidumbre para producir desde México.

Hay tres relojes corriendo al mismo tiempo:

1 Institucional. La revisión del TMEC, donde se discutirán reglas de origen, contenido regional, componente laboral y la arquitectura general del acuerdo. El sector más sensible será el automotriz, donde Washington quiere más contenido estadounidense y garantías de que Norteamérica no se convierta en puerta trasera para insumos chinos.

2 Arancelario. El 24 de julio vence el plazo estatutario de 150 días de la Sección 122, el arancel global de 10% que no aplica a los bienes que califican bajo el TMEC. Ese mismo periodo coincide con la expectativa de nuevas determinaciones bajo la Sección 301, sobre exceso de capacidad manufacturera. México aparece en el radar, pero no debe leerse igual que el resto: buena parte de su plataforma exportadora está integrada regionalmente y puede cumplir con reglas del TMEC. Esa ventaja existe. Pero ventaja no significa inmunidad.

3 Sectorial. No se resuelve con la revisión del tratado. La Sección 232, usada por razones de seguridad nacional sigue operando en acero, aluminio y otros sectores sensibles donde México no está protegido por el paraguas del TMEC. El arancel de 50% a estos productos continúa pesando sobre exportadores mexicanos, aun cuando formen parte de cadenas norteamericanas.

La paradoja es que México podría conservar una de las mejores posiciones relativas dentro de un entorno arancelario global cada vez más hostil. Pero esa ventaja solo vale si se puede usar. Cumplir reglas de origen, documentar contenido regional y reducir exposición a insumos chinos ya no son asuntos administrativos, son estrategia competitiva. La manufactura que pueda probar origen norteamericano tendrá una posición privilegiada; la que no pueda hacerlo quedará atrapada en una zona gris, demasiado integrada para relocalizarse con facilidad, pero no lo suficiente para blindarse frente a nuevos aranceles.

Hay, además, una segunda capa que opera en paralelo: la presión de seguridad. Washington ya no separa comercio, migración, narcotráfico y gobernanza institucional. El propio TMEC contiene compromisos anticorrupción —criminalización del soborno, códigos de conducta para funcionarios públicos— que no sustituyen la política comercial, pero ofrecen un lenguaje jurídico para elevar la presión sobre México. La revisión arancelaria sigue su curso técnico; la agenda de seguridad avanza por su propio carril. Pero ninguna de las dos se resuelve con un gesto simbólico de cumplimiento.

Aquí conviene ser precisos: fortalecer el estado de derecho en México no debería depender de que Estados Unidos lo exija como condición comercial. Es una tarea que el país necesita para sí mismo, con o sin TMEC. El problema es que ahora esa debilidad interna también se vuelve vulnerabilidad externa.

La inversión fija bruta acumula 19 meses consecutivos de contracciones anuales y cayó 3.1% en marzo frente al año anterior. México está en una posición geográfica y arancelaria privilegiada justo cuando las cadenas globales buscan reducir exposición a China, y aun así la inversión no responde con la fuerza que exigiría una oportunidad histórica de relocalización.

Sería ingenuo atribuir esa debilidad únicamente a la incertidumbre comercial: también pesa la infraestructura insuficiente, la inseguridad, la lentitud regulatoria y, sobre todo, la percepción de fragilidad institucional. Un tratado comercial puede abrir la puerta; no puede obligar a un inversionista a cruzarla si del otro lado no encuentra previsibilidad jurídica.

México no controla el calendario político de Washington ni el uso que haga de su política comercial. Sí controla si llega a la revisión con una estrategia técnica robusta, con sectores bien organizados y con una agenda interna que reduzca el costo de invertir.

La discusión debería separarse en sus dos componentes reales:

1 La negociación comercial —reglas de origen, contenido regional, trazabilidad— donde México necesita equipos técnicos sólidos.

2 El fortalecimiento institucional, que no debería presentarse como concesión a Washington sino como condición mínima para capturar inversión de largo plazo.

El TMEC puede sobrevivir perfectamente bajo un esquema de revisiones anuales. Lo que no sobrevive con la misma facilidad es la confianza. Cada año de revisión introduce una pregunta adicional en los comités de inversión: cuánto capital comprometer, dónde y bajo qué riesgo regulatorio. Ese costo no aparece en un arancel, pero termina reflejándose en decisiones postergadas o inversiones que se van a otra parte.

No está en juego solo si el TMEC sobrevive. Está en juego si México logra convertir su ventaja arancelaria en inversión permanente, o si la desperdicia entre revisiones anuales y una confianza institucional que no se reconstruye con comunicados.