El 30 de junio concluyó el periodo de transición para que las empresas que operan con criptoactivos obtuvieran autorización bajo el reglamento europeo Markets in Crypto-Assets (MiCA). Es el primer régimen integral aprobado por una gran economía para regular este mercado y permite que una empresa autorizada ofrezca servicios en los 27 países de la Unión Europea.
El nuevo régimen también reconfiguró la industria. Más de 240 empresas obtuvieron autorización
para operar bajo MiCA, mientras plataformas como Binance, Bybit y OKX restringieron algunos servicios en ciertos países durante su proceso de adaptación. Sus competidores aprovecharon ese espacio para captar clientes. La regulación protege al inversionista, pero también influye en qué empresas ganan participación de mercado.
MiCA surgió después de episodios que dañaron la confianza del público,
como la quiebra de FTX en 2022. Por ello endurece las exigencias de gobierno corporativo, transparencia y protección de los recursos de los clientes. El mercado puede volverse más seguro, pero cumplir con esas reglas también resulta más costoso y favorece a las plataformas con mayor capacidad financiera y jurídica.
El problema es que la tecnología avanza más rápido que la regulación.
Cuando comenzó a diseñarse MiCA, la atención se concentraba en Bitcoin y en plataformas de compraventa como Coinbase o Binance. Hoy el crecimiento se desplaza hacia las stablecoins, como USDT y USDC, y hacia la tokenización de activos financieros y reales, dos áreas que exigirán nuevos ajustes regulatorios.
Las stablecoins buscan mantener un valor estable respecto al dólar. En la práctica, permiten enviar una cantidad digital equivalente a cien dólares sin exponerse a las fuertes variaciones de precio de Bitcoin. Esto las vuelve útiles para pagos internacionales, ahorro y remesas.
La tokenización es menos conocida, pero puede explicarse con un ejemplo sencillo. Un edificio podría dividirse en miles de participaciones digitales para que distintos inversionistas compren una pequeña fracción en lugar de adquirir el inmueble completo. Algo parecido podría hacerse con bonos, obras de arte o proyectos de infraestructura.
La promesa es facilitar el acceso y la compraventa de activos que hoy son costosos o difíciles de negociar;
el riesgo es que esas operaciones crezcan sin reglas suficientes sobre propiedad, custodia y protección del inversionista.
Estados Unidos ha seguido un camino distinto. El CLARITY Act busca dar mayor certeza a las empresas sobre qué normas deben cumplir y qué autoridad debe supervisarlas.
En muchos casos, esa función recaería en la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), considerada por la industria más flexible que la Securities and Exchange Commission (SEC). Washington intenta evitar que la incertidumbre regulatoria empuje empresas, empleos e inversión hacia otros países.
Las diferencias entre ambos modelos responden también a una estrategia económica.
Europa apuesta por reglas más estrictas para fortalecer la confianza y reducir riesgos. Estados Unidos busca ofrecer un entorno más flexible para atraer capital, empresas y talento especializado. No se trata únicamente de ordenar el mercado: ambos quieren convertirse en el principal centro financiero de la economía digital.
México
cuenta desde 2018 con una Ley Fintech que fue pionera en América Latina. Sin embargo, el mercado ha evolucionado más rápido que la regulación.
El país todavía no tiene reglas específicas para las stablecoins y los bancos no pueden operar directamente con ellas. En 2025 México recibió alrededor de 63 mil millones de dólares en remesas, y estos instrumentos podrían reducir tiempos y costos en las transferencias internacionales.
Los activos digitales ya están transformando el sistema financiero internacional. La competencia ya no es solo por las criptomonedas, sino por las reglas que definirán dónde se desarrollarán los próximos servicios financieros. Europa y Estados Unidos ya definieron estrategias distintas. México necesita hacer lo propio si quiere atraer inversión e innovación, en lugar de ajustarse a reglas definidas en otros mercados.
Mientras la Unión Europea ha optado por una regulación amplia y detallada, Estados Unidos busca un marco más flexible para impulsar esta industria. México, en cambio, todavía no define una estrategia.
*Doctor en Economía y profesor del posgrado en Economía de la UNAM.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.
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