Fiscalidad digital y gobernanza tecnológica: una encrucijada para México

La disposición obliga a otorgar acceso permanente y en tiempo real a sistemas internos y establece retenciones del 2.5% de ISR y 8% de IVA sobre ingresos brutos, bajo el argumento de fortalecer la recaudación. Sin embargo, su diseño ignora la realidad operativa y financiera de las empresas digitales y de las Pymes que dependen de ellas, generando riesgos sistémicos para la competitividad, la formalización y la sostenibilidad del sector.

IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO
El comercio electrónico en México representa el 6.4% del PIB nacional, equivalente a 2.04 billones de pesos, y movilizó 789,700 millones de pesos en 2024, con un crecimiento anual del 20%. Este sector sostiene a más de un millón de Pymes que generan empleo para 450 mil familias y aportan dinamismo a la economía formal.

El 60% de las pymes mexicanas ya vende en línea, lo que evidencia que esta reforma impactará directamente a la mayoría de los actores que han impulsado la digitalización y la formalización en los últimos años.

Imponer retenciones sobre ingresos brutos, sin considerar la estructura real de costos es una medida desproporcionada que amenaza con revertir avances logrados en inclusión financiera y digitalización. Las retenciones propuestas parten de supuestos erróneos: que las ganancias netas superan el 8% y que la mayoría de los gastos no conllevan IVA. La realidad es opuesta.

En el comercio minorista, los márgenes típicos oscilan entre 2 y 5% y la mayoría de los gastos ya incluyen IVA. Retener 2.5% de ISR y 8% de IVA sobre ingresos brutos significa que cada mes las empresas acumularán saldos a favor que no podrán recuperar de manera inmediata, afectando su flujo de caja y obligándolas a financiar operaciones con capital externo.

El impacto no se limita a las Pymes. Las plataformas globales deberán asumir costos millonarios para adaptar sistemas y garantizar acceso en tiempo real, lo que podría desincentivar la inversión extranjera directa que en 2024 superó los 20 mil millones de dólares en tecnologías digitales.

RIESGOS TECNOLÓGICOS Y DE GOBERNANZA DIGITAL
La obligación de interconexión permanente entre sistemas gubernamentales y privados introduce vulnerabilidades críticas en la infraestructura digital del país. México ya ha enfrentado incidentes graves, como las filtraciones masivas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Repetir estos errores en un entorno donde se exige acceso en tiempo real amplifica el riesgo exponencialmente.

Este riesgo no se limita a la privacidad. La interconexión obligatoria puede generar fallas sistémicas: cualquier brecha en la seguridad del SAT se convierte en una puerta abierta hacia los sistemas privados conectados, comprometiendo la integridad de plataformas críticas para la economía digital.

Desde una perspectiva de gobernanza digital, la medida carece de salvaguardas judiciales y mecanismos de control que garanticen proporcionalidad y legalidad. El acceso irrestricto a sistemas privados sin orden judicial contraviene principios constitucionales, vulnera derechos fundamentales y se aparta de estándares internacionales como el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (GDPR), la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), el Convenio 108 del Consejo de Europa, el TMEC, y los marcos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

COMPARATIVA INTERNACIONAL
Las economías avanzadas han enfrentado el reto de fiscalizar la economía digital sin comprometer la innovación ni vulnerar derechos fundamentales. Ninguna jurisdicción comparable impone acceso irrestricto en tiempo real a sistemas privados ni retenciones sobre ingresos brutos sin considerar costos operativos. Por ejemplo:

• Francia aplica un Impuesto a los Servicios Digitales (DST) del 3% sobre ingresos generados en su territorio, complementado con auditorías y controles judiciales.

• Estados Unidos regula el acceso gubernamental a datos mediante leyes sectoriales y exige supervisión judicial. Normas como la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas de Estados Unidos (ECPA) y la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) requieren órdenes judiciales para intervenir comunicaciones electrónicas.

• Organismos multilaterales como la OCDE y APEC recomiendan mecanismos de fiscalización basados en interoperabilidad segura, auditorías y reportes periódicos.

La propuesta mexicana se aparta de estas mejores prácticas internacionales, vulnera derechos constitucionales y coloca al país en una posición de riesgo jurídico y reputacional.

PROYECCIONES PARA PYMES
Una empresa con ventas mensuales de 500 ml pesos y margen neto del 3% tendría una utilidad de 15 mil pesos. Bajo el nuevo esquema, pagaría 52 mil 500 pesos en retenciones, generando una brecha financiera insostenible. Si se proyecta a un trimestre, la empresa acumularía 157mil 500 pesos en retenciones, frente a 45 mil pesos de utilidad. Este desbalance elimina cualquier margen de ganancia y obliga a financiar operaciones mediante deuda.

Además, las Pymes enfrentarán una carga administrativa adicional para gestionar devoluciones, conciliaciones y trámites fiscales, lo que incrementará sus costos operativos en un contexto donde la eficiencia es vital para sobrevivir.

RECOMENDACIONES DEL IMEF
El IMEF considera que esta reforma, en su diseño actual, es técnicamente inviable y financieramente regresiva. Recomendamos:

1 Establecer una mesa técnica interinstitucional con el SAT, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), la Asociación de Internet MX (AIMX) y representantes del sector privado.

2 Incorporar una evaluación de impacto económico, protocolos de ciberseguridad y mecanismos proporcionales alineados con estándares internacionales.

3 Diseñar esquemas diferenciados por tamaño empresarial, evitando cargas desproporcionadas para startups y Pymes.

4 Convocar a un foro legislativo plural con participación de jóvenes emprendedores, especialistas fiscales y representantes del ecosistema digital.

El IMEF debe ratificar su compromiso con una transformación digital responsable, que armonice recaudación fiscal con innovación tecnológica, protegiendo la soberanía digital, la privacidad de los usuarios y la competitividad nacional.