Una vez más, el panorama mundial se ve determinado por la guerra.
Después de varias décadas de calma relativa tras la Guerra Fría, el número de conflictos activos se ha disparado en los últimos años hasta niveles que no se veían desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas en ascenso y las crecientes preocupaciones en materia de seguridad están llevando a muchos gobiernos a replantearse sus prioridades y aumentar el gasto en defensa.
Más allá de su devastador costo humano, las guerras se cobran una alta factura económica con efectos prolongados y obligan a tomar difíciles decisiones macroeconómicas, especialmente en los países en los que se libran los combates. Aun en ausencia de conflictos activos, el incremento del gasto en defensa puede aumentar las vulnerabilidades económicas a mediano plazo. Cuando termina la guerra, los gobiernos se enfrentan a la urgente tarea de asegurar una paz duradera y una recuperación sostenida.
En estos tiempos de proliferación de conflictos, nuestro estudio, plasmado en dos capítulos analíticos de la edición más reciente de
Perspectivas de la economía mundial informe WEO, pone de relieve el
profundo y prolongado costo económico de la guerra, que ha afectado especialmente a las regiones de África subsahariana, Europa y Oriente Medio. También mostramos que el aumento del gasto en defensa, si bien puede impulsar la demanda a corto plazo, conlleva difíciles decisiones presupuestarias que hacen que diseñar bien las políticas y lograr una paz duradera sean más importantes que nunca.
PÉRDIDAS ECONÓMICAS En los países donde se libran las guerras,
la actividad económica se desploma. En promedio, la producción en los países donde se producen los combates
cae aproximadamente un 3% al inicio del conflicto y sigue contrayéndose durante años hasta acumular pérdidas en torno al 7% en un plazo de cinco años. En general, las pérdidas en la producción causadas por los conflictos superan las relacionadas con crisis financieras o desastres naturales graves. Además,
las cicatrices económicas se siguen sintiendo incluso diez años después. 
También es frecuente que las guerras tengan importantes repercusiones. Los países implicados en conflictos que se libran en suelo extranjero quizás eviten pérdidas económicas cuantiosas, en parte porque no sufren destrucción física en su propio territorio. Sin embargo,
las economías vecinas o los principales socios comerciales del país donde tiene lugar el conflicto acusarán sus efectos. En los primeros años de un conflicto, estos países suelen experimentar caídas moderadas en la producción.
Los conflictos de mayor envergadura —en los que se producen al menos 1,000 fallecimientos en combate— obligan a tomar decisiones difíciles en las economías donde tienen lugar. Los presupuestos públicos se deterioran:
el gasto se desplaza hacia la defensa y la deuda crece, al tiempo que caen la producción y la recaudación de impuestos. También puede ocurrir que estos países experimenten tensiones en su posición externa. Las importaciones se contraen con fuerza debido al descenso de la demanda, y las exportaciones se reducen incluso en mayor medida, lo que da lugar a un aumento temporal del déficit comercial.
La creciente incertidumbre desencadena
salidas de capitales, y tanto la inversión extranjera directa como los flujos de cartera se reducen. Esto obliga a los gobiernos de los países en guerra a recurrir en mayor medida a la ayuda y, en algunos casos, a las remesas de sus ciudadanos en el exterior para financiar los déficits comerciales.
A pesar de estas medidas, los conflictos contribuyen a una depreciación cambiaria sostenida, a la pérdida de reservas y al aumento de la inflación, lo que pone de manifiesto que el aumento de los desequilibrios externos acentúa las tensiones macroeconómicas en períodos bélicos.
Los precios suelen aumentar a un ritmo superior al de las metas de inflación de la mayoría de los bancos centrales, lo que lleva a las autoridades monetarias a elevar las tasas de interés.
En conjunto, nuestro análisis demuestra que los grandes conflictos se cobran un costo económico considerable y conllevan disyuntivas difíciles en las economías que sufren los conflictos dentro de sus fronteras, además de perjudicar a otros países. Estos costos van mucho más allá de los trastornos a corto plazo: tienen
consecuencias duraderas en el potencial económico y el bienestar humano. DISYUNTIVAS DE GASTO La mayor frecuencia con la que se producen conflictos y el aumento de las tensiones geopolíticas también han hecho que muchos países hayan vuelto a plantearse sus prioridades en materia de seguridad y aumenten el gasto en defensa. Otros países tienen previsto hacerlo.
Esta situación coloca a las autoridades ante ciertas disyuntivas cruciales que acompañan a semejante incremento del gasto.
Hemos analizado varios episodios de escalada del gasto en defensa en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial. Constatamos que
estas expansiones, que suelen durar casi tres años, se traducen en un aumento del gasto en defensa de 2.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. A grandes rasgos, esta cifra es similar a lo que necesitan los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para cumplir el objetivo de destinar un 5% del PIB al gasto en defensa de aquí a 2035.
El incremento del gasto en defensa actúa principalmente como un shock positivo de demanda que impulsa el consumo privado y la inversión, especialmente en los sectores relacionados con la defensa. Esto puede generar un crecimiento de la producción y de los precios a corto plazo, que exige una estrecha coordinación con la política monetaria para moderar las presiones inflacionarias.
En general, los efectos agregados del aumento del gasto en defensa para la producción tienden a ser moderados: el aumento de la producción suele ser prácticamente equivalente al incremento del gasto en defensa, que no tiene un efecto multiplicador mayor sobre la actividad económica. Dicho esto, el efecto multiplicador o dominó de este gasto varía considerablemente en función de cómo se sostenga, financie y asigne ese gasto, y de la cantidad de equipamiento que se importe.
Por ejemplo, cuando el estímulo se destina en parte a importar bienes del exterior, como ocurre especialmente en el caso de los países importadores de armas, los incrementos de la producción son menores y se produce un deterioro de la posición externa.
En cambio,
si el aumento del gasto en defensa da prioridad a la inversión pública en equipo e infraestructura, junto con una contratación pública menos fragmentada y más estándares comunes,
se ampliaría el tamaño del mercado, se favorecería las economías de escala, se reforzaría la capacidad industrial, se reducirían las fugas de gasto hacia las importaciones y se generaría crecimiento de la productividad a largo plazo. Elegir la forma de financiar el gasto en defensa supone una decisión clave. A corto plazo, las escaladas del gasto en defensa suelen financiarse mediante déficit, mientras que, en fases más avanzadas y cuando parece que ese incremento del gasto va a ser permanente, cobra más importancia el aumento de los ingresos.
La dependencia del financiamiento mediante déficit puede estimular la economía a corto plazo, pero, a mediano, puede comprometer la sostenibilidad fiscal, especialmente en los países con poco margen de maniobra presupuestario. En los tres años siguientes al inicio de una escalada del gasto en defensa, los déficits se deterioran en torno a 2.6 puntos porcentuales del PIB y la deuda pública aumenta alrededor de 7 a 14 puntos porcentuales en períodos bélicos. El consiguiente aumento de la deuda pública puede desplazar la inversión privada y contrarrestar el efecto expansivo inicial del gasto en defensa.
La acumulación de vulnerabilidades fiscales se puede mitigar mediante mecanismos de financiamiento duraderos, especialmente cuando el aumento del gasto en defensa es permanente. Sin embargo, incrementar los ingresos implica sacrificar consumo y moderar el estímulo de la demanda, mientras que el reajuste de las prioridades presupuestarias suele hacerse a costa del gasto público en protección social, salud y educación.
POLÍTICAS PARA LA RECUPERACIÓN Nuestro análisis también muestra que
la recuperación económica después de una guerra suele ser lenta y con altibajos, y depende de manera determinante de que la paz sea duradera. Cuando la paz se sostiene, la producción se recupera, si bien suele mantenerse en niveles reducidos en relación con las pérdidas sufridas durante la guerra.
En cambio,
en economías frágiles en las que el conflicto se reactiva, la recuperación suele estancarse. Estas modestas recuperaciones se deben sobre todo a la mano de obra: mientras que el acervo de capital y la productividad son todavía reducidos, los trabajadores abandonan las actividades militares por las civiles y se produce el regreso paulatino de los refugiados.
La pronta estabilización macroeconómica, una reestructuración decisiva de la deuda y el apoyo internacional —que incluye ayuda y desarrollo de la capacidad—
desempeñan un papel fundamental a la hora de restablecer la confianza y promover la recuperación. Las medidas de recuperación son más eficaces cuando se complementan con reformas internas para reconstruir las instituciones y la capacidad del Estado, promover la inclusión y la seguridad, y paliar los profundos costos humanos del conflicto, como son los atrasos educativos, el deterioro de la salud y las menores oportunidades económicas.
Cabe destacar que,
para que la recuperación después de la guerra sea efectiva, es esencial contar con paquetes de medidas integrales y bien coordinados. Este planteamiento es mucho más eficaz que la aplicación de medidas dispersas. Las políticas que reducen la incertidumbre y, simultáneamente, reconstruyen el acervo de capital, pueden reforzar las expectativas, fomentar la afluencia de capitales y facilitar el regreso de las personas desplazadas. En último término, la recuperación con éxito después de una guerra sienta las bases para la estabilidad, una esperanza renovada y mejores medios de vida para las comunidades afectadas por el conflicto.
