De acuerdo con las series de la Secretaría de Hacienda (que inician en 1990), el gasto neto del sector público presupuestario (gasto total) crece en promedio 7.7% anual en años de elecciones presidenciales, incluyendo 2024 para el cual se proyecta un crecimiento real del gasto de 8.2%. Esto contrasta con un crecimiento promedio del gasto total de 2.3% en años en los que no hay elecciones presidenciales.
Además, el crecimiento del gasto tiende a concentrarse en la primera mitad del año, con el ánimo de propiciar optimismo en los votantes y favorecer en las elecciones al partido en el poder. En años que no hay elecciones, durante el primer semestre el gasto tiende a crecer en promedio 2.0% anual, mientras que en el segundo semestre el crecimiento es de 2.7% anual. En contraste, en años de elecciones presidenciales en promedio el gasto crece 9.2% anual en la primera mitad del año y 6.3% en la segunda mitad.
El gasto programable, que en 2023 explicó el 72.7% del gasto total, muestra un comportamiento similar al gasto total, pero se observa un comportamiento muy diferenciado al segmentar por tipo de gasto. El gasto corriente (que explica el 80.4% del gasto programable) en años sin elecciones muestra un crecimiento anual promedio de 3.59% en el primer semestre y de 3.61% en el segundo semestre. Estas tasas suben en años de elecciones presidenciales a 8.11% en el primer semestre y 7.99% en el segundo semestre.
Por su parte, el gasto en inversión física, que es el principal componente del gasto en capital y explica el 15.0% del gasto programable, muestra en años sin elecciones un crecimiento anual promedio de 3.3% en el primer semestre y 3.2% en el segundo semestre, mientras que en años de elecciones presidenciales muestra un crecimiento anual promedio de 19.8% en el primer semestre y solamente de 3.8% en el segundo semestre. Es decir, ambos tipos de gasto, corriente y en inversión física, se utilizan para acelerar el crecimiento económico, pero es mucho mayor el crecimiento en gasto en inversión física en años de elecciones.
Esto también determina la desaceleración del gasto total y del crecimiento económico en el primer año de la nueva administración. En promedio, en el primer semestre del primer año del sexenio, el gasto en inversión se contrae 13.1% anual y en el segundo semestre crece 4.15% anual.
Cabe destacar que el déficit también muestra un comportamiento diferenciado en años electorales. Considerando de 1990 a 2024 (presupuesto), se observa un mayor déficit presupuestario en años de elecciones presidenciales, con un déficit promedio de 1.7% del PIB, contra un déficit promedio de 1.2% en el resto de los años. Destaca los siguientes años en los que se observó un deterioro de las finanzas públicas, en comparación al año anterior: 1994, cuando el superávit pasó de 0.5% a 0.0% del PIB; 2012, cuando el déficit creció de 2.4% a 2.5% del PIB, 2018, cuando el déficit creció de 1.0% a 2.0% del PIB y 2024, pues se proyecta que el déficit suba de 3.4% a 5.0% del PIB, algo no visto desde 1988.
La Secretaría de Hacienda en sus pre criterios de política económica asume que en 2025 el déficit se reducirá a la mitad, a 2.5% del PIB, y el supuesto principal para el recorte es que ya no estará el gasto público relacionado con las grandes obras de infraestructura.
En 2023 el gasto asignado a obras insignia de la administración en turno (Corredor del Istmo, Refinería Dos Bocas, Tren Interurbano, Tren Maya, Tren suburbano del AIFA) ascendió a 215.2 mil millones de pesos, equivalente a 0.64% del PIB o 2.5% del gasto presupuestario total. Para el 2024 el gasto asignado a proyectos prioritarios asciende a 222.7 mil millones de pesos, representando 2.4% del gasto total.
Para 2024, la Secretaría de Hacienda estima un déficit presupuestario de 1,700.2 mil millones de pesos. Asumiendo constantes el PIB y los ingresos presupuestarios, la eliminación del gasto en proyectos prioritarios implicaría una reducción del déficit a 4.3% del PIB. Por lo tanto, la reducción del gasto en proyectos prioritarios en 2025 ayudaría a reducir el déficit presupuestario, pero no sería suficiente para llegar a lo planteado en los Pre Criterios 2025. Esto implica que se tendrá que recortar el gasto en otros rubros, lo que afectará el crecimiento económico, pero evitará otros problemas relacionados con un alto déficit.
Los déficits llevan a un mayor endeudamiento, que genera intereses y presión al alza sobre la tasa de interés, ante la necesidad de mayor colocación de deuda. Esto también ejerce presión sobre las finanzas públicas futuras e incrementa la probabilidad de recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana.
Así, un gobierno que incurre en un déficit, gasta hoy lo que estaría presupuestado para el futuro. Con esto, limita el espacio fiscal para las siguientes administraciones. Esto es preocupante, pues en el primer trimestre de este año la economía mexicana mostró una desaceleración a pesar del alto déficit presupuestario, con un crecimiento trimestral de 0.2% (la mitad de lo que creció Estados Unidos en el mismo periodo) y 2% anual.
Es muy inusual que el deterioro del crecimiento económico ocurra al comienzo del año, pues en los 7 años de elecciones presidenciales anteriores (desde 1982), el crecimiento se ha concentrado en los primeros seis meses del año y solo en un año (1988) se observó un crecimiento trimestral promedio superior en la segunda mitad del año. En años de elecciones, el PIB creció a una tasa trimestral promedio de 0.72% en el primer semestre, desacelerando a una tasa trimestral promedio de 0.16% en el segundo semestre.
Esto implica que para todo el año el crecimiento podría ser menor al 2% anual observado en el primer trimestre y que, en el 2025 la economía se desacelerará aún más, con un crecimiento menor al 1%. Si esto se materializa, significará que esta administración habrá iniciado con una recesión y habrá heredado otra a la siguiente administración.
