Esta industria está sujeta a controles rigurosos. La persona que envía los recursos lo hace a través de un agente de una empresa remesadora (por ejemplo, Moneygram o Western Union pero hay muchas más). Obtener una licencia para establecer una empresa está sujeto a requisitos estrictos por parte del Departamento del Tesoro. Las remesas están sujetas a controles en el envío y recepción. Al momento de solicitar el envío, la persona tiene que presentar una identificación válida y queda registrado el nombre del receptor(a).
Una persona no puede enviar o recibir muchas remesas, ya que la tecnología lo impide. La empresa tiene mecanismos de control para detectar información irregular y suspender la remesa, pero no tiene la capacidad para verificar si los recursos de cada operación son de procedencia lícita como tampoco la tienen los bancos.
Con los controles y el bajo monto que representa la transacción promedio, el costo para una organización delincuencial de lavar dinero en forma “hormiga” es sumamente costoso. Requeriría de miles de personas en los dos países para hacer esta operación de lavado. Dentro del portafolio de opciones para lavado que tienen los cárteles hay alternativas de mayor escala más eficaces, pero también más riesgosas.
Por ejemplo, a través de operaciones de comercio exterior simuladas o de sobrefacturación en exportaciones, reciben dinero ya blanqueado en el sistema bancario. Entonces, aunque sí podría haber irrupción en la industria de las remesas por parte de esas organizaciones, puede suponerse que ésta sería mínima en relación con el monto total de remesas.
Se sabe que los dos estados con mayor presencia del crimen organizado (Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y remanentes de otros cárteles) son California y Texas, estados que envían casi el 50% del total de remesas a México. Esta correlación podría sugerir lavado con remesas, una suspicacia válida pero que no se ha comprobado.
Por otro lado, se argumenta que en varios de los municipios con alta recepción de remesas hay una fuerte presencia de cárteles, lo que sería evidencia de lavado. Una vez más, se dificulta identificar si el origen de los recursos es ilícito. Considerando cálculos efectuados por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), los municipios de Tijuana, Guadalajara, Morelia, Ciudad Juárez y Culiacán en su conjunto mostraron un incremento porcentual en las remesas recibidas de 2018 a 2021 de 50.2%, menos que el crecimiento en el resto del país (53.4%). Es decir, en esas localidades, éste no es un aumento extraordinario a pesar de la fuerte presencia del crimen organizado. En el caso particular de Tijuana hay un problema de medición que infla las remesas: hay remesadoras que tienen un centro de distribución en esa ciudad, desde el cual distribuyen remesas al resto del país, pero en los registros aparece que el recurso lo recibió Tijuana.
Algunos han argumentado, sin bases estadísticas sólidas, que una evidencia de lavado es que las remesas recibidas por los hogares receptores son demasiado elevadas y, por tanto, poco creíbles. No obstante, datos duros calculados por el CEMLA indican que hay 11.1 millones de adultos receptores de remesas y 4.9 millones de hogares que las reciben. Efectuando unos cálculos y usando encuestas, el CEMLA obtiene que, en promedio, la remesa mensual por adulto receptor es de 337 dólares mensuales y de 763 dólares al mes por hogar receptor.
Que un hogar reciba en promedio 763 dólares mensuales de parte de prácticamente dos adultos, luce razonable en relación con el ingreso que percibe un mexicano inmigrante en una ocupación de tiempo completo. Por ejemplo, citando otra vez al CEMLA, en 2021 un trabajador mexicano inmigrante ocupado ganó 46,335 dólares anuales, lo que corresponde a un ingreso de 3,861 dólares mensuales. Ello implica que la remesa mensual de 337 dólares es el 8.7% del ingreso mensual.
Comparado internacionalmente, es un monto inferior a la proporción del ingreso que mandan a sus países los inmigrantes de El Salvador, Filipinas, Costa Rica, Honduras y Guatemala. Por ejemplo, el porcentaje enviado por los migrantes de Honduras se ubica en cerca de 30% y entre 35 y 40% el de los guatemaltecos. En esos países la red de apoyo familiar es muy fuerte simplemente porque sus familiares requieren mayores recursos para subsistir. Así, para remitentes mexicanos, ese monto bajo no hace sospechar de operaciones de lavado.
Algunos han argumentado, sin bases estadísticas sólidas, que una evidencia de lavado es que las remesas recibidas por los hogares receptores son demasiado elevadas y, por tanto, poco creíbles.
No se puede descartar la utilización de remesas para lavar dinero, pero en todo caso, correspondería a un monto insignificante en relación con el total de remesas que este año podrían alcanzar casi 60 mil millones de dólares.
El extraordinario crecimiento de las remesas hacia México en los últimos años se explica porque ante la recesión del 2020 y la crisis, los migrantes se solidarizaron con sus parientes en México, brindándoles apoyo a muchos que perdieron su empleo o que sufrieron caídas en sus ingresos. Pero éste es un logro de la política contracíclica del gobierno de Estados Unidos que apoyó a los hogares (incluidos los migrantes) en 2021 con cheques en montos cuantiosos, y a que la economía se recuperó rápidamente con lo que muchos migrantes recuperaron sus empleos.
Así, es poco probable que a gran escala los cárteles utilicen a las remesas como un vehículo para lavar dólares. Expertos en medición de balanza de pagos calculan que las operaciones irregulares de remesas podrían corresponder a menos de 1% del total. Lo que no se puede descartar es que haya remesas de procedencia ilícita del narcomenudeo, pero es difícil de detectar, porque el ingreso de un narcomenudista es el “sueldo” que obtiene del mayorista, y parte de ese dinero fácilmente lo puede mandar sistemáticamente como remesa a México. ¿Cuánto hay de eso? Difícil saberlo. Se concluye que no se puede descartar la utilización de remesas para lavar dinero, pero en todo caso, correspondería a un monto insignificante en relación con el total de remesas que este año podrían alcanzar casi 60 mil millones de dólares.
Economista egresado del ITAM con maestría y estudios de doctorado en teoría y política monetaria, y finanzas y comercio internacionales. Actualmente es socio consultor de la firma MAAT Asesores SC en temas de análisis económico y sistemas de pensiones. Columnista semanal de El Economista. En el Banco de México fue asesor de la Junta de Gobierno del Banxico, Director de Vinculación Institucional, Director de Relaciones Externas y Coordinador de la Oficina del Gobernador, entre otros. También se desempeñó como Economista Senior en el Fondo Monetario Internacional y adjunto de investigación en el CEMLA. Fue Coordinador de Planeación Estratégica y asesor en la CONSAR. Autor de múltiples artículos y de cuatro libros sobre temas económicos. Frecuente conferencista y catedrático en el ITAM, la UP y el MIDE.
Twitter: @frubli Este artículo se publicó originalmente en dos partes en el periódico El Economista los días 23 y 30 de agosto. Este texto es una edición del autor para NEWS IMEF.
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