Como es bien sabido, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, así como los distintos conflictos humanos y armados en todo el mundo, en particular por la invasión de Rusia a Ucrania, ha puesto a pensar tanto a los gobiernos del mundo occidental como a sus empresas el tener cerca a las cadenas de suministro para impulsar la seguridad hemisférica. En este caso una empresa establece sus procesos productivos en un país o en el mismo continente donde los va a comercializar. Con ello se reduce el riesgo de disrupción en las cadenas. El término de nearshoring , significa: “la práctica de transferir una operación de negocios a un país cercano, especialmente en preferencia a uno más distante”.
Esto ha provocado que muchas empresas instaladas en países como China decidan reubicarse en lugares más cercanos a sus países de origen. Uno de estos lugares es México y su frontera norte, como puede ser, por ejemplo, Nuevo León por su colindancia con Estados Unidos, país que sigue siendo la principal economía de mundo.
Ciertamente, la relocalización de empresas internacionales en México tiene diversos desafíos como buscar un lugar con accesos a rutas logísticas eficientes y una planta laboral productiva, pero, además, existe otro reto que es la infraestructura eléctrica. En efecto, entre más pasa el tiempo, estamos escuchando más casos en donde las restricciones de infraestructura eléctrica están presentando limitaciones para el establecimiento de nuevas empresas que son, a la vez, grandes consumidores de energía, como sucede con la industria manufacturera.
DOS NECESIDADES
Como consumidores de energía, se tienen dos necesidades: el volumen y el medio, es decir, contar con suministro eléctrico y para poder consumir ese “volumen” de electricidad se requiere infraestructura eléctrica de transmisión y distribución. La energía eléctrica generada en cierta central eléctrica debe ser transformada para incrementar su voltaje, ser transportada y luego transformada nuevamente para reducir su voltaje, para finalmente ser distribuida al consumidor final.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, de 2017 a 2021 solamente ha habido un incremento en las líneas de transmisión de 3.1%, mientras que el de subestaciones eléctricas es de 5%. Esto tiene que ver en parte por la baja inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en transmisión. En este tenor, únicamente el 4.1% (18.3 mil mdp) del presupuesto de CFE se ha destinado a transmisión eléctrica. De ese porcentaje solo 1.6% se destinó a nuevos proyectos de transmisión, el resto a operación y mantenimiento. Asimismo, en 2021, la CFE solo ejerció el 31.5% de los recursos aprobados. Es decir, de 10,700 millones de pesos ejerció 3,400 millones de pesos en cifras aproximadas. Cabe precisar que la CFE es quien tiene el monopolio constitucional y legal respecto del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por lo que ellos son los responsables de expandir y mantener la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución.
Como consumidores de energía se tienen dos necesidades: el volumen y el medio, es decir, contar con suministro eléctrico y para poder consumir ese “volumen” de electricidad se requiere infraestructura eléctrica de transmisión y distribución.
Esto es insuficiente para el país porque ha traído consigo congestión de electricidad e imposibilidad para demandar más electricidad al crecer la planta productiva de la industria, no solo para las empresas que vienen del extranjero, sino para las que actualmente están establecidas y buscan crecer.
Cuando una empresa nacional o extranjera quiere, ya sea expandir su planta productiva y, por ende, solicitar un incremento de demanda eléctrica, o bien pretende instalarse en el país, requiere contratar cierta demanda y acudir al CENACE para realizar diversos estudios de conexión que arrojarán el monto que se tiene que destinar a la infraestructura eléctrica a construirse, ya que ya no hay más capacidad disponible actualmente. Asimismo, se arrojarán datos sobre las obras específicas y de refuerzo que debe realizar el solicitante directamente o a través de la CFE. Un grave problema es que el CENACE está requiriendo la realización de obras de refuerzo muy costosas debido a la congestión del sistema eléctrico.
Una diferencia importante es que antes de la reforma energética constitucional de diciembre de 2013, solo existía un tipo de usuario final: el básico. Si ese usuario deseaba conectarse a la red eléctrica acudía con la CFE y verificaban si existía suficiente infraestructura o capacidad de demanda eléctrica y, en su caso, se asignaba y se firmaba el contrato de suministro. Ahora, los usuarios de cualquier tipo tienen que acudir al CENACE quien es el operador del sistema eléctrico.
Aunque las reglas para conectarse a la red (Manual de Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga) ahora son más claras que antes, la inversión requerida por el CENACE a los particulares lo vuelve inviable en muchas ocasiones para los proyectos, lo que está provocando un cuello de botella porque entre más pasa el tiempo sin inversión adicional de los particulares, aunado a que la CFE no está realizando las inversiones necesarias, para que un particular se conecte en el futuro, le pedirán aún más inversiones, lo que nuevamente provocará que los particulares no inviertan y sigue este círculo vicioso.
Retomando el ejemplo de Nuevo León, el gobierno de esta entidad ha reconocido la problemática y, por ende, ha implementado diversas estrategias para tratar de atender el problema, entre las que destacan los acercamientos diversos y de coordinación con la oficina regional del CENACE, así como realización de un levantamiento de necesidades de infraestructura de transmisión y distribución e identificación de los polos de desarrollo industrial para posteriormente tratar de organizar a las empresas solicitantes y agruparlas. Así el CENACE será más eficiente con los requerimientos de obras de refuerzo solicitado a los grupos de empresas, lo cual implicará que individualmente las empresas tengan que invertir menos recursos.
Lo anterior es positivo, pero finalmente se requiere de parte de la CFE intervenir e invertir. Para ello debe reconocer esta empresa productiva del estado la importancia del sector privado en el desarrollo nacional y apoyarlo con inversión contundente en infraestructura eléctrica, ya que este sector, el privado, es la mayor fuente generadora de empleos y prosperidad para el país.
Es licenciado en derecho por el Tec de Monterrey; tiene dos maestrías, una en derecho corporativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y otra en derecho por New York University. Cuenta con un doctorado en derecho por la Universidad de Monterrey (UDEM). Es socio en el despacho de abogados Santos-Elizondo, S.C., profesor en la UANL y en la UDEM, así como coautor del libro “Mecanismos alternativos de solución de controversias en sectores regulados en Iberoamérica”.
Es presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en Monterrey; líder del Comité de Regulación del Clúster Energético de Nuevo León, A.C.; y presidente del Comité Técnico Nacional de Energía del IMEF. Es además miembro de la Barra Mexicana de Abogados, de Canadian Bar Association y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
Twitter: @jarrambidem
LinkedIn: Jorge A. Arrambide Montemayor
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