TMEC más allá del 1 de julio

Faltan poco para el 1 de julio, la fecha en que México, Estados Unidos y Canadá decidirán si extienden el TMEC por 16 años más o lo empujan hacia un esquema de revisiones anuales hasta 2036. Se trata de la decisión más importante para el comercio de América del Norte en una generación. texto

Sin embargo, buena parte del debate público sigue atrapado entre dos narrativas simplistas: o el tratado es un éxito intocable que nadie se atreverá a desmantelar, o un instrumento frágil que puede romperse. La realidad es más incómoda y, al mismo tiempo, más útil .

LO QUE SE HA AVANZADO HASTA AHORA
El proceso tiene cara y calendario. El secretario de Economía Marcelo Ebrard encabeza la negociación por parte de México y Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, por Estados Unidos. Tras la visita de Greer a la Ciudad de México y su encuentro con la presidenta Sheinbaum en abril, ambos países sostuvieron su primera reunión bilateral oficial el 25 de mayo.

El sector privado, a través de organismos como Coparmex, fue incorporado a las consultas y pidió explícitamente eliminar aranceles y acelerar la integración.

Adicionalmente, las consultas públicas coordinadas por la Secretaría de Economía, cuyos resultados fueron publicados en marzo, dejaron un mensaje claro: cerca del 83% de los participantes considera que el impacto del tratado ha sido positivo y la preferencia dominante es preservar el acuerdo antes que reabrir una renegociación profunda.

México llega a la mesa con una postura defensiva pero cooperativa: preservar la arquitectura del tratado, resistir medidas unilaterales y promover cadenas de suministro más profundas, con el objetivo concreto de eliminar los aranceles al acero, aluminio, automóviles, autopartes y otros sectores relevantes para la relación bilateral.

El propio Greer marcó las expectativas desde abril al señalar que se intentaría resolver la mayor cantidad posible de temas antes del 1 de julio, aunque reconoció que el proceso de reequilibrio probablemente se extendería más allá de esa fecha. Esa declaración es, quizá, el avance más importante de todos, porque define la naturaleza de la revisión que estamos observando.

EL AVANCE QUE IMPORTA: YA ENTRAMOS A LA VÍA DE REVISIONES ANUALES
Si se leen las señales en conjunto, el escenario más probable no es ni la ruptura ni una renovación entusiasta, sino una extensión dolorosa: negociaciones prolongadas, concesiones costosas en distintos frentes y una relación que avanza más por necesidad económica mutua e inercia institucional que por convicción compartida.

Con las conversaciones extendiéndose más allá del 1 de julio y sin un acuerdo integral a la vista, el proceso ha entrado de facto en el escenario de revisiones anuales obligatorias que podrían extenderse hasta 2036. Esto no implica una ruptura del acuerdo, pero sí que el futuro del tratado comenzará a negociarse bajo un horizonte prolongado y recurrente, en lugar de resolverse de manera definitiva este verano.

El calendario político estadounidense refuerza esta interpretación. Con elecciones intermedias programadas para noviembre, mantener la presión sobre México puede generar mayores beneficios políticos que cerrar rápidamente un acuerdo y presentarlo como una victoria.

La propia agenda de trabajo apunta en esa dirección. Tras la primera ronda formal celebrada durante la semana del 25 de mayo, ya existen reuniones adicionales programadas para junio y julio, una señal de que ninguna de las partes espera concluir la negociación antes de la fecha límite. Por ello, la incertidumbre no se resuelve en julio.

POR QUÉ ESTOS AVANCES YA NO SON SOLO COMERCIALES
Aquí se encuentra el elemento que distingue esta revisión de cualquier negociación comercial previa. Uno de los ejes de la agenda bilateral la “seguridad nacional”, y esto no es un simple detalle de redacción. Durante tres décadas, primero bajo el TLCAN y posteriormente bajo el TMEC, el comercio y la seguridad se mantuvieron en compartimentos relativamente separados. Esa arquitectura se rompió.

Hoy, el acceso a los beneficios de la integración económica está cada vez más condicionado al desempeño en materia de seguridad. La evidencia refuerza esta tesis:

En abril de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos procesó a un gobernador mexicano en funciones bajo un estatuto antiterrorista por presuntos vínculos con una organización criminal designada como terrorista. Asimismo, en junio de 2025, la red FinCEN del Departamento del Tesoro identificó a tres instituciones financieras mexicanas como entidades de preocupación por riesgos de lavado de dinero.

En este contexto, la retórica y las acciones de Washington apuntan en la misma dirección: negociar un acuerdo comercial mientras activa, en paralelo, instrumentos de seguridad, sanciones financieras y mecanismos regulatorios vinculados a consideraciones de seguridad nacional.

Para inversionistas, empresas y formuladores de política pública, los avances comerciales ya no pueden analizarse sin tomar en cuenta ese telón de fondo.

LA NUEVA CAPA: LOS ARANCELES YA SON PERMANENTES
El ejemplo más reciente llegó el 2 de junio. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos finalizó una investigación bajo la Sección 301 relacionada con bienes producidos mediante trabajo forzoso. La investigación menciona explícitamente a México, la tercera ocasión en menos de tres meses en la que un instrumento históricamente asociado a China apunta directamente al país, y propone aranceles adicionales de entre 10% y 12.5%.

Para dimensionar por qué este patrón importa, conviene recordar de dónde venimos. En febrero de 2026, la Suprema Corte invalidó los aranceles que la administración había impuesto bajo la ley de emergencia económica (IEEPA): el arancel general de 25% que había sido la principal fuente de tensión bilateral durante 2025. Pero lejos de cerrar el frente arancelario, el fallo lo reconfiguró.

La administración respondió de inmediato con un arancel temporal de 10% bajo la Sección 122, ya implementado desde febrero y vigente hasta finales de julio, y trasladó el peso de la presión hacia instrumentos permanentes y específicos por sector. La investigación de trabajo forzoso es la pieza más reciente de esa sustitución: cada vez que un canal se cierra, Washington abre otro.

La buena noticia es que México quedó ubicado en la tasa más baja y que los bienes que cumplen con las reglas del TMEC permanecen exentos. Se trata de la misma exención que ya operaba bajo el IEEPA y que actualmente mantiene la Sección 122. Sin embargo, el matiz es revelador.

Los productos que quedan fuera de esa protección son precisamente aquellos que ya enfrentan aranceles más elevados bajo la Sección 232, incluyendo acero, aluminio, automóviles y vehículos pesados. No se trata de un alivio, sino de una confirmación de que la carga arancelaria existente permanece intacta.

La secuencia también es significativa. Las audiencias correspondientes a esta investigación están programadas para el 7 de julio, apenas unos días después de la fecha clave del tratado. Washington no está esperando a que concluya la revisión para activar nuevos mecanismos de presión.

La conclusión de fondo es que los aranceles hacia México han dejado de ser un episodio transitorio para convertirse en una condición estructural de la relación bilateral. Funcionan simultáneamente como herramienta de negociación política y mecanismo de presión, así como fuente potencial de ingresos fiscales. La discusión ya no gira en torno a si existirán aranceles, sino a cuáles podrán negociarse y cuáles permanecerán como parte permanente del nuevo marco de integración.

UN AVANCE QUE LLEGA EN MAL MOMENTO
Todo esto ocurre en una etapa particularmente débil del ciclo económico mexicano. La economía se contrajo 0.6% en el primer trimestre de 2026, con la desaceleración extendiéndose ya a los tres grandes sectores de actividad.

No se trata únicamente de una debilidad industrial; los servicios, que habían sostenido buena parte del crecimiento reciente, también comenzaron a perder dinamismo. El PIB per cápita cayó 1.7% anual y la inversión fija bruta acumula varios meses de contracción, precisamente cuando la incertidumbre relacionada con el tratado vuelve más difícil la toma de decisiones de largo plazo.

Al 1 de junio, la encuesta de especialistas de Banxico redujo la expectativa de crecimiento para 2026 a 1.1%, desde 1.5% apenas unos meses antes. El propio banco central realizó un ajuste similar en su más reciente Informe Trimestral. La conclusión es incómoda. Cualquier choque derivado de la negociación encontraría a la economía mexicana con una capacidad limitada para absorberlo. La política monetaria dispone de poco margen adicional y la política fiscal enfrenta restricciones aún mayores.

LA BRECHA QUE IMPORTA
Conviene ser precisos respecto al riesgo que enfrenta México. No se trata de asumir como escenario central una ruptura del tratado o una escalada irreversible en materia de seguridad. Ese desenlace sigue siendo poco probable. El riesgo relevante es más sutil. La probabilidad de un deterioro gradual en la relación bilateral ha dejado de ser despreciable, mientras que los mercados todavía no parecen incorporarla plenamente en los precios.

Esa brecha entre el riesgo real y el riesgo percibido es precisamente donde se concentra la vulnerabilidad. Existe además una asimetría importante: las señales políticas se mueven en cuestión de horas, las variables financieras reaccionan en días y la economía real lo hace en semanas o meses. Cuando las tres dimensiones convergen, gran parte del ajuste ya ocurrió.

Los avances observados durante mayo y junio confirman dos cosas simultáneamente: la negociación avanza y la incertidumbre no desaparecerá el 1 de julio. Por el contrario, se trasladará a una serie de calendarios paralelos que incluyen la expiración de medidas temporales, las audiencias de la Sección 301, las investigaciones comerciales en curso, los expedientes de seguridad abiertos y el ciclo político estadounidense rumbo a las elecciones intermedias. Ninguno de esos relojes espera a los demás.

Para los tomadores de decisiones, el 1 de julio no representa el final de la historia. Representa el inicio de una etapa en la que los riesgos serán más frecuentes, complejos y difíciles de ignorar.