Los factores más complicados de la coyuntura económica se relacionan con la fuerte desaceleración esperada del PIB y con el manejo de las finanzas públicas en un
contexto de gastos que son difíciles de ajustar,como el de los programas sociales, el de las pensiones y los del servicio de la deuda pública.
La menor dinámica del PIB se asociará con un menor gasto del consumo privado y una contracción de la inversión en general. Por ahora, podemos estimar que la desaceleración resultará en un PIB que crece entre 0.8 a 1.0 por ciento.
Hay que reiterar que los supuestos optimistas que respaldan el presupuesto federal hacen difícil ajustar al déficit fiscal total para que este alcance 3.9% del PIB. De igual forma, se percibe complicado alcanzar un superávit primario (que excluye los gastos financieros) de 0.4% del PIB frente al déficit en 2024 de 1.6% del PIB.
Sin una reforma fiscal, que el gobierno se niega a plantear, se complicará aún más el manejo de las finanzas públicas, pues al rehuir ajustes al gasto y contar con menos ingresos sin cambios impositivos, la única salida que quedará es incrementar el endeudamiento, lo que rebasará el objetivo de mantener la deuda en 51.4% del PIB.
Sobre el manejo financiero y operativo de Pemex no se visualiza un cambio positivo. La empresa pública seguirá drenando cuantiosos recursos públicos sin una debida consideración de rentabilidad y sin proponer un cambio corporativo estructural que enderece a la petrolera.
Es de esperarse que la inflación muestre una tendencia descendente lenta durante el año. La mayoría de los analistas esperan una tasa anual alrededor de 3.8 por ciento. La política monetaria marcará un ciclo gradual descendente de la tasa de referencia, se podría alcanzar 8% a fin de año. El tipo de cambio podría comportarse con una moderada volatilidad y, en la ausencia de choques graves, la cotización podría cerrar el año entre 22 y 22.50 pesos por dólar.
El 2025 será determinante para prepararse para la revisión del T-MEC en 2026 y afrontar el reto de ordenar las finanzas públicas para evitar la posibilidad de que las agencias calificadoras rebajen la calidad crediticia de la deuda soberana de México y así perder el grado de inversión. Un downgrade aumentaría la prima de riesgo con lo que el costo de financiamiento para el país se incrementaría sustancialmente.
La principal consecuencia sería deprimir fuertemente la actividad económica.
En suma,
existe la posibilidad de una convulsión económica en 2025. Para disiparla, se requeriría manejar con inteligencia la relación con Trump, y un manejo prudente y coherente de la política de finanzas públicas, una operación eficiente, transparente y libre de corrupción por parte del gobierno, y permitir que el sector privado pueda tomar sus decisiones en un ambiente que respete el libre mercado y el Estado de derecho.
Ver nota original.
