De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano 2022, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de un universo de 193 naciones, los 30 países con un valor del IDH superior a 90/100 son Noruega, Islandia, Hong Kong, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Alemania, Singapur, Países Bajos, Australia, Liechtenstein, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Luxemburgo, Austria, Eslovenia, Japón, Israel, Malta, España, Francia, Chipre e Italia.
Destaca que entre los 30 países más desarrollados no se encuentra ni uno solo de Latinoamérica, reflejo, en gran medida, de tener un débil Estado de derecho en un sistema caracterizado por la búsqueda y apropiación de rentas. En el subcontinente latinoamericano, los cinco mejor posicionados son Chile (44), Argentina (48), Uruguay (52), Panamá (57) y Costa Rica (64). México, por su parte, se situó en el lugar 77, con un valor del índice de 78.1.
Sirva esta larga introducción para comentar sobre dos puntos que, a mi parecer, son centrales para explicar por qué México seguirá atrapado en relativamente bajos niveles de desarrollo. El primero es la destrucción del Poder Judicial y el segundo es la prevalencia de elevados niveles de corrupción.
Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes (1748), sentó las bases de la separación de poderes, un elemento central de un íntegro Estado de derecho. Él señaló: “… no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unida a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y los individuos sería arbitrario, debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.
La reforma del Poder Judicial, con los candidatos a ocupar un puesto (juez, magistrado o ministro), casi todos ellos afines al Poder Ejecutivo, elimina de facto la independencia judicial, la separación de poderes y los contrapesos al subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo. La expresión más clara de esta subordinación la pronunció María Estela Ríos, quien fue la consejera jurídica de la Presidencia con López y es candidata a ministra de la SCJN.
En una conferencia que dictó dentro del denominado “Círculo de estudios de la ministra del pueblo” (Batres), la ponente afirmó: “El paradigma de la división de poderes y los pesos y contrapesos surgió por ahí del siglo XVIII. Ya más de 300 años y la realidad se transformó. Estamos constreñidos a mirar al Poder Judicial desde esa mirada, pero yo creo que el Poder Judicial no debe contraponerse en primer lugar a las políticas que implementan los gobiernos democráticos”.
La subordinación del Poder Judicial implicará que los ciudadanos ya no tendremos la posibilidad de la defensa judicial ante actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo que violenten los derechos individuales, incluidos la posesión, uso y venta de bienes y recursos, así como el de apropiarse del producto derivado del uso de los recursos de nuestra propiedad; implicará que el gobierno autoritario y sin contrapesos podrá, sin defensa judicial posible, coartar o incluso cancelar la libertad económica de los mexicanos. Menor libertad, al debilitar el Estado de derecho, se traduce en menor desarrollo económico.
El segundo punto concierne al informe de Transparencia Internacional del Índice de Percepción de la Corrupción para el año 2024. En este, México salió muy mal evaluado al obtener un puntaje de 26/100, una caída de cinco puntos respecto de 2023, con lo que se situó en el lugar 140 de entre 180 países evaluados, un significativo desplome respecto del lugar 126 ocupado un año antes. México ha tenido, históricamente, un grave problema de corrupción, pero este se agravó significativamente durante el gobierno de López.
La corrupción es un cáncer que carcome al sistema político-económico y tiene un alto costo que inhibe el desarrollo económico. Al respecto, las perspectivas a futuro no son muy halagadoras, dada la decisión del gobierno de dejar inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, destacando la desaparición del INAI y el hecho de que ahora será el propio gobierno quien se vigile y decida qué información sobre el gasto público, así como de contratos para obras públicas, será dada a conocer. El incentivo, obviamente, es el de ser lo menos transparente posible y ocultar actos de corrupción, premiando la impunidad.
El gobierno, al debilitar el Estado de derecho, está entorpeciendo el desarrollo económico; ese parecería ser su objetivo.
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