Hay un exceso de efectivo circulando en la economía mexicana. Tanto que a cada adulto le corresponderían 35 mil pesos en efectivo en la cartera. Este dato se ha utilizado para ejemplificar el enorme tamaño del dinero ilegal que circula como consecuencia, principalmente, de lavado y corrupción. Reducir el uso de efectivo se ha convertido en una de las estrategias preferidas de muchos gobiernos y autoridades financieras para combatir actividades ilegales, pero la realidad es compleja.
Por Federico Rubli Kaiser
El saldo de los billetes y monedas prácticamente equivale a la llamada base monetaria que calcula el Banco de México y refleja la demanda de dinero de la población que es, al 14 de septiembre de 2026, de 3.5 billones de pesos. Su crecimiento anual es de 6.82% nominal, casi 3% en términos reales. Considerando que la población mayor a 15 años es de 102 millones, implica un saldo per cápita de 34,650 pesos.
¿MENOS EFECTIVO SIGNIFICA MENOS DINERO PARA EL CRIMEN?
Reducir el uso de dinero en efectivo se ha convertido en una de las estrategias preferidas de muchos gobiernos y autoridades financieras para combatir actividades ilegales. La lógica parece sencilla: si las operaciones clandestinas necesitan efectivo para evitar dejar huella, limitarlo debería dificultar el lavado de dinero, la evasión fiscal, la corrupción y otros mercados ilícitos. Pero la realidad es bastante más compleja.
El efectivo tiene una característica que resulta especialmente atractiva para las actividades ilegales: permite realizar transacciones de manera relativamente anónima. Una transferencia bancaria, un pago con tarjeta o una operación digital dejan, en principio, un registro que puede ser utilizado por las autoridades para reconstruir movimientos financieros. El efectivo, en cambio, puede pasar de manos sin generar automáticamente una huella electrónica.
De ahí que limitar los pagos en efectivo parecería ser una herramienta útil. Los topes a las operaciones en efectivo, la obligación de identificar determinadas transacciones y una mayor vigilancia del sistema financiero elevan los costos y riesgos para quienes pretenden ocultar el origen o destino de recursos. Además, una economía con mayor trazabilidad facilita la detección de operaciones inusuales.
Sin embargo, existe una diferencia importante entre dificultar una actividad ilegal y eliminarla. El problema aparece cuando se supone que reducir los billetes equivale a reducir el delito.
DISTINGUIR ENTRE VEHÍCULO DE PAGO Y DELITO
El dinero ilícito no desaparece porque disminuya el efectivo. Los grupos criminales pueden recurrir a transferencias entre cuentas, empresas fachada, intermediarios, criptomonedas, facturación falsa en actividades de comercio internacional, o mecanismos informales de compensación.
El problema, por tanto, no es solamente utilizar el efectivo, sino la capacidad de las autoridades para seguir el dinero. Si solamente se reduce el uso de billetes mientras las redes financieras clandestinas permanecen intactas, se habrá modificado el instrumento de pago, pero no necesariamente el delito.
CON MENOS EFECTIVO ¿HAY MENOR CORRUPCIÓN, LAVADO Y EVASIÓN?
Por ello, es equivocado pensar que por sí solo limitar el uso de efectivo resultaría en menor corrupción, lavado y evasión de impuestos. La corrupción no existe porque haya billetes; existe porque alguien ofrece un soborno que otra persona acepta y ambas partes se mantienen en la impunidad.
El lavado de dinero no depende exclusivamente del efectivo; depende de otros medios que posibilitan la introducción de recursos ilícitos en la economía formal. Pagos en efectivo son una forma de evadir la contribución impositiva (el clásico “si paga en efectivo es sin IVA”).
Un buen ejemplo lo ofrece el huachicol. En junio de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades estadounidenses, informó sobre una red presuntamente vinculada al robo de hidrocarburos relacionada con el CJNG.
La investigación identificó operaciones relevantes en efectivo, así como empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos, transferencias internacionales y adquisición de bienes de alto valor.
La lección es evidente: perseguir el efectivo puede ayudar, pero el negocio ilegal no depende exclusivamente de él. Puede esconderse detrás de empresas, contratos, facturas, cuentas bancarias, operaciones internacionales y activos.
LA RECIENTE INICIATIVA DE LA SHCP
La iniciativa pretende prohibir el uso de efectivo en ciertos sectores estratégicos y de alto riesgo, que aún no han sido definidos, pero que se cree involucran, entre otros, al huachicol. El texto no es claro si solo se busca limitar el uso de efectivo en unos sectores, o si sería una medida generalizada para la población; esto último conllevaría otras complicaciones.
Para una parte significativa de la población, el efectivo no es un instrumento para delinquir, sino una herramienta cotidiana. Pequeños comercios, trabajadores independientes y personas con acceso limitado a servicios financieros dependen de él.
Una política que convierta progresivamente el efectivo en un medio “sospechoso” corre el riesgo de criminalizar indirectamente conductas perfectamente legales. Además, se requeriría una extensa campaña de difusión y ampliación de acceso a medios digitales de pago (Codi, QR, transferencias digitales etc.). Por lo pronto, falta mayor información por parte de las autoridades.
OTRAS MEDIDAS
En suma, para que haya menores transacciones ilícitas, no sólo hay que prohibir el menor uso de efectivo, sino que hay que combinarlo con otras medidas. El éxito de una estrategia de reducción del uso de efectivo debería medirse, no por cuánto efectivo deja de circular en la economía, sino por cuánto dinero de origen ilegal logra ser identificado, congelado, decomisado y vinculado con sus beneficiarios finales.
La presencia de instituciones débiles es un obstáculo para la detección y acciones anteriores. Por ello, combatir la ilegalidad requiere la combinación de reducir el uso del dinero en efectivo junto con una mayor solidez de las instituciones involucradas.
*Economista egresado del ITAM. Cuenta con Maestría y estudios de doctorado en teoría y política monetaria, y finanzas y comercio internacionales. Columnista de El Economista. Ha sido asesor de la Junta de Gobierno del Banxico, Director de Vinculación Institucional, Director de Relaciones Externas y Coordinador de la Oficina del Gobernador, Gerente de Relaciones Externas, Gerente de Análisis Macrofinanciero, Subgerente de Análisis Macroeconómico, Subgerente de Economía Internacional y Analista.
Una versión más reducida fue publicada por el autor en el diario El Economista, 22 de septiembre de 2026.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.
Análisis y opinión de expertos en economía, finanzas y negocios para los tomadores de decisiones.
Federico Garza Santos, empresario y presidente de diversas compañías como Grupo Delta y Fibra Mty, además del Centro Eugenio Garza Sada conversa con News IMEF sobre el Capitalismo Social.
El Nobel en Economía 2022 fue otorgado a los profesores Douglas Diamond, Philip Dybvig y Ben Bernanke. De los dos primeros no conozco sus trabajos; sobre las investigaciones de Bernanke sí estoy familiarizado.
